Organizaciones socioambientales se reunieron con diputados para hablar del estado de situación. Solo participaron Leonardo Grosso (FdT) que dijo que siguen las discusiones y Alejandro Vilca (FIT-U) que llamó a enfrentar los intereses del agronegocio, la megaminería y la especulación inmobiliaria.
La Ley de Humedades perdió estado parlamentario tres veces en ocho años (2013, 2016 y 2021). En marzo de este año se volvió a presentar el proyecto consensuado en 2020 entre más de una decena de propuestas.
El miércoles pasado organizaciones sociambientales invitaron a diputados de todos los bloques para charlar del estado de situación de la ley. Solo participaron Leonardo Grosso del Frente de Todos, quien presentó el proyecto, y Alejandro Vilca del Frente de Izquierda Unidad.
El dictamen favorable conseguido en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano no fue siquiera discutido en la Cámara de Diputados. Sin embargo, Grosso dijo en la reunión que dentro del Frente de Todos aún "hay discusiones". No hay acuerdo con el tema de humedales y por eso no se trata.
Recién acabamos de tener una reunión con legisladores y asesores para intercambiar opiniones sobre el estado de la (cajoneada) #LeyDeHumedalesYA y nos pintan un panorama bastante negro aún para algo tan mínimo como discutir el proyecto en las comisiones.
Alejandro Vilca fue contundente al señalar los intereses económicos y políticos que están detrás del freno a la ley: la megaminería, el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Asimismo, el diputado jujeño enfatizó el rol de los dos bloques mayoritarios en el congreso. "Tienen acuerdo en que no salga (la ley) porque defienden esos intereses, y también acuerdan en el pago de la deuda fraudulenta al FMI", al respecto continuó "en los 90 vinieron las empresas que privatizaron, hoy vienen por los recursos naturales con la excusa de conseguir dólares para la deuda".
Vilca puso a disposición las bancas conquistadas por el Frente de Izquierda "para los reclamos y las luchas en defensa de los recursos naturales del país, para que no sean manejados con un criterio de lucro, sino en base a los intereses sociales de las mayorías, de la vida y la naturaleza, y garantizando la sostenibilidad para las futuras generaciones".
Con respecto a ley, señaló que si bien desde su espacio presentaron un proyecto propio, van a acompañar la síntesis que se logró en el proyecto unificado. Pero para conseguir que se apruebe hay que multiplicar el reclamo y amplificarlo, y en ese sentido sugirió que "sería importante la exigencia a que se realice esta audiencia de forma pública en el congreso nacional".
Lo que está en juego
La ley contempla el relevamiento de todos los humedales de la Argentina y su "protección ambiental para el uso racional y sostenible". Así, se organizan las actividades que se pueden hacer en ellos y en sus cercanías, prohibiendo las que ponen en peligro su integridad.
Pero entre las actividades con mayor impacto se encuentran grandes negocios.
Este año, los incendios en Corrientes tuvieron en vilo a todo el país. Más del 12 % de la provincia fue afectado por el fuego. Mientras los bomberos, trabajadores y la población estaban en primera línea, y la solidaridad del pueblo trabajador crecía, también aumentaba la bronca hacia el gobierno provincial y nacional que no destinó recursos suficientes.
Esta es una de las postales más recientes pero no es la única. Los incendios forestales, intencionales o productos de la crisis climática se dan a lo largo de todo el país. La especulación inmobiliaria y la extensión de la frontera agrícola están entre los principales negocios privados detrás de los focos intencionales.
El agronegocio avanza, ahora también de la mano del trigo HB4 acompañado del tóxico glufosinato de amonio, incluso más contaminante y perjudicial para la salud que el glifosato. Con este nuevo trigo resistente a la sequía se pretende seguir extendiendo la frontera agrícola, con más desmonte y deforestación.
Otro gran negocio es la megaminería, que amenaza los humedales altoandinos por el avance de la extracción de litio en el noroeste. Una actividad impulsada por el gobierno nacional y los gobernadores pero fuertemente resistida por las comunidades que sufren duras represiones.
Mientras la ley sigue cajoneada, otros proyectos avanzan. El gobierno nacional difundió un "ambicioso plan" en acuerdo con los gobernadores de Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe para explotar productivamente los Bajos Submeridionales, una zona caracterizada por inundaciones y sequía. La evaluación del impacto ambiental es, por lo menos, dudosa.
¿Cuántos humedales se van a ver afectados por priorizar los intereses económicos de unos pocos? Las ganancias son ajenas, los desastres los pagamos las mayorías.
