Tras seis años de cajoneo en el Congreso, el proyecto de respuesta integral al VIH, las hepatitis, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual es ley. Decenas de organizaciones nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH fueron parte de impulsarlo con campañas y actividades en la calle como hoy frente al Congreso.
El resultado de la votación en el Senado fue de 60 a favor y 1 voto en contra del senador del PRO Humberto Schiavoni. Durante el debate las organizaciones argumentaron de manera contundente la necesidad de revertir la situación concreta que atraviesan muchas personas, cada día mueren en el país 13 personas por causas relacionadas al VIH y/o a las Hepatitis Virales.
“Ha sido una conquista histórica de las personas que vivimos con VIH y hepatitis en los distintos puntos del país, de las redes, de las organizaciones, de quienes activamos desde el principio y fuimos construyendo este proyecto desde las bases” destacó Gonzalo Valverde, activista. A lo que agregó “pese a las nulas políticas públicas sobre el estigma y la discriminación que aún existen, construimos, militamos y conquistamos la sanción definitiva”.
La diputada del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman planteó que "la lucha de pacientes, familiares y de diversas organizaciones que pusieron el cuerpo, literalmente, a todas estas y otras tantas peleas, muestran el camino".
Se trata de una sector de la sociedad que sufre constantemente discriminación y estigmatización. Entre los derechos que busca garantizar, la ley plantea el acceso al trabajo y la permanencia, la no discriminación, despidos, suspensiones o reducciones salariales. Incorporando la realidad que atraviesan en un país con 17 millones de personas bajo la línea de pobreza, planteó superar el enfoque biomédico de la legislación de 1990 que ya garantizaba la gratuidad de tratamientos.
Por otro lado, la ley extiende el período de garantía de leche de fórmula para mujeres y personas con capacidad de gestar, y establece establece las condiciones de para la realización de testeos: la confidencialidad, la voluntariedad, la gratuidad y el asesoramiento.
Ante el envejecimiento prematuro que atraviesan quienes viven mucho tiempo con VIH y para personas en situaciones de vulnerabilidad económica, se establece un régimen especial de jubilaciones y de pensiones no contributivas para personas con VIH y/o hepatitis virales. En el caso de las jubilaciones, se establecen como requisito haber cumplido 50 años, acreditar 20 de servicios computables y 10 años transcurridos desde el diagnóstico. Según propias declaraciones durante el debate en Diputados, Daniel Gollán (Frente de Todos): “serían 500 jubilaciones para el primer año y después 50 por año. Y para el primer año 8 mil pensiones y luego mil pensiones anuales”.
El camino de la ley fue largo, se presentó en 2016, aún con una pandemia y una crisis sanitaria en el medio las fuerzas mayoritarias del Frente de Todos y Juntos por el Cambio optaron por no darle prioridad, cayendo su tratamiento en tres ocasiones consecutivas.
A lo largo de la discusión parlamentaria no faltaron sectores reaccionarios que cuestionaron la creación de un régimen especial de jubilaciones y pensiones, con una postura a la medida de las exigencias del Fondo Monetario Internacional que se opone a estos regímenes, como expresaron desde José Luis Espert de Avanza Libertad, hasta el radical Alejandro Cacace del bloque de Lousteau.
Respecto a las perspectivas a partir de ahora Valverde planteó "nos queda un gran desafío por delante que es su correcta implementación en todo el territorio nacional, con presupuesto acorde, para que existan política públicas que aborden el tema del estigma y la discriminación, para que dejen de haber test de VIH en los preocupacionales directamente". A su vez, aseguró "seguiremos luchando hasta la cura" y sumó: "sabemos que muchas veces pasa que la ley termina siendo un papel mojado y que la igualdad ante la ley no significa la igualdad ante la vida, entonces queda todavía mucho camino".
Tras la sanción espera la promulgación del ejecutivo y seguirá la pelea por su efectiva aplicación, uno de los aspectos más cuestionados hacia los distintos gobiernos, como se evidencia con leyes como el cupo laboral trans.
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