Orquestó cientos de crímenes, participando personalmente en muchos de ellos. El radicalismo y el peronismo le dieron impunidad por dos décadas. Fue la lucha de sobrevivientes, organismos de derechos humanos y la izquierda la que logró anular las leyes del perdón y llevarlo a juicio. Desde entonces cosechó varias prisiones perpetuas. Pero él, hasta su muerte, no dejó de reivindicar lo que hizo. En esta serie de artículos podés conocer la historia de uno de los símbolos del horror de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. |
En la mañana de este sábado 2 de julio murió en una clínica de Merlo el genocida Miguel Osvaldo Echecolatz. Fue un símbolo de la maquinaria de exterminio que hizo desaparecer a 30.000 luchadoras y luchadores obreros y populares además de instaurar un régimen de terror para aplicar políticas económico-sociales en favor de las corporaciones, tanto nacionales como internacionales, con el aval de la Embajada de Estados Unidos y el establishment político.
El PTS (partido miembro del Frente de Izquierda) lleva décadas siendo parte de la lucha incansable por memoria, verdad y justicia protagonizada por sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos. Durante los 90 y la primera parte de la década siguiente, fue una bandera inclaudicable el combate por anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos promovidos por los gobiernos radicales y peronistas.
Finalmente el Congreso (que había votado esas leyes) y la Corte Suprema de Justicia (que las había avalado) se vieron obligados a anular esas normas que garantizaron la impunidad de Etchecolatz y sus secuaces por años.
Bastaron esas anulaciones para que el exjefe de Investigaciones la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzara un derrotero que lo sentó reiteradas veces en el banquillo de los acusados y lo convirtió en uno de los primeros represores en obtener condenas por haber cometido sus crímenes en el marco del genocidio perpetrado en Argentina durante los 70 y principios de los 80. En muchos de esos juicios fue protagónico el rol jugado como parte de las querellas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), organismo impulsado por el PTS y fundado, entre otres, por la actual diputada nacional Myriam Bregman.
Sin embargo, el mismo sistema político-judicial que lo había dejado libre hasta la anulación de las leyes de impunidad le permitió que se lleve a la tumba toda la información que tenía sobre el destino de Jorge Julio López, el albañil de 77 años de Los Hornos, víctima de su accionar en dictadura, testigo clave en el juicio de 2006 y nuevamente desaparecido (el 18 de septiembre de ese año) a horas de conocerse aquella histórica sentencia. “Hay que preservar la gobernabilidad de la fuerza”, fue parte de la explicación del gobierno peronista de entonces para justificar su nulo avance en la investigación sobre la Policía Bonaerense, educada en la “escuela” de Ramón Camps y Etchecolatz y principal sospechosa de la segunda desaparición de López.
La Izquierda Diario te invita a ver y leer una serie de artículos publicados en los últimos años donde se pinta de cuerpo entero quién fue y qué hizo Etchecolatz.
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