Desde que abril se habla de un nuevo Estatuto del becario. Yolanda Díaz adelantó que, junto con la nueva Reforma Laboral y con el beneplácito de los agentes sociales (patronal y burocracia sindical), quería llegar a un acuerdo para regular la contratación de becarios. No son pocos los objetivos que se proponían. Esta ley pretendía limitar el número de becarios que pueden contratar las empresas (hasta ahora sólo estaba regulado según los convenios sectoriales), establecer un suelo mínimo de remuneración para gastos de los becarios, que los becarios cotizaran la Seguridad Social, que tuvieran derechos laborales mínimos (vacaciones, cobertura de riesgos laborales, etc.) y, lo más central, acabar con los «falsos becarios», aquellos estudiantes contratado por las empresas que, bajo la excusa de estar de prácticas, no son pagados a pesar de hacer el trabajo de un trabajador.
Este Estatuto es una de tantas otras promesas hechas por el Gobierno «progresista» y, como tantas otras, apuntan a que terminará suponiendo un jarro de agua fría. Que Díaz pretenda pactar con la patronal ya dice mucho del resultado posible. Literalmente, en este caso, hacer tratos con la patronal en materia laboral es tanto como pretender acabar con la esclavitud hablando con el esclavista. Y no es una exageración: las empresas se han nutrido durante años de mano de obra barata a través de contratos de becarios.
A día de hoy no se sabe cuanta gente está en régimen de «becario». Esto se debe a que el Estado sólo tiene como forma de medir la afiliación de la Seguridad Social. Sin embargo, muchos de los contratos de becarios no están dados de alta. Aunque la Administración reconoce 80.000 becarios, estos son sólo aquellos que reciben remuneración. Comisiones Obreras hace un recuento aproximado de medio millón de becarios. Es decir, sólo un 16% de los becarios perciben remuneración por su desempeño y el resto son invisibilizados en un pozo de negro de precariedad.
Por esto no es de extrañar el descontento de las empresas, sobre todo de las más pequeñas. Muchas de ellas sobreviven a base de este tipo de contratos: en lugar de tener una plantilla de trabajadores, dados de alta y amparados por el Estatuto del Trabajador, es más barato hacer tratos con la universidad y tener becarios que hacen el mismo trabajo por menos de 300 euros a jornada completa y sin derechos laborales ya que, después de todo, son estudiantes y no trabajadores. Si el Estatuto de Díaz se aplicara como ella quiere, las empresas tendrían muy limitada su capacidad de contratar y, de hacerlo, las condiciones que ofrecerían a los becarios deberían respetar unos mínimos.
Esto, aunque lo parezca, no favorece tanto al becario como a las grandes empresas. Díaz no elimina la figura del becario. De hecho, ya hizo un apaño en su Reforma Laboral estableciendo un tipo de contrato de formación para la persona becada que resulta del todo insuficiente. Da igual que lo llamen contrato becario o de formación. El hecho es que un becario realiza el mismo trabajo que un trabajador en relación con su disposición en la empresa, y este Estatuto no toca ni una coma al respecto. La excusa es la de siempre: la empresa puede pagarte menos porque, al fin y al cabo, está formándote.
Este mito de la «remuneración formativa» es la legitimación del trabajo esclavo que sufre el becario. Aprenda o no, el becario está realizando un trabajo en una empresa, el cual dará el mismo rédito que si lo hubiera hecho un trabajador cualificado. Aprender o que sea de cara a obtener un título no hace su trabajo menos valioso.
Por tanto, la negociación con las empresas no pretende, como pretende venderlo el Ministerio, forzar a la patronal a acabar con el trabajo temporal y becado. Por el contrario, sólo mejora parcialmente condiciones laborales, no para que el régimen laboral sea justo y el becario sea considerado un trabajador, sino para que sólo puedan optar a él las empresas más pudientes. Por continuar con el paralelismo: encarecer el precio del esclavo no es una medida para eliminar la esclavitud, sino para favorecer y reforzar su monopolio. Vender esto como una «mejora laboral» es una engañifa.
Este discurso tiene una última trampa que hay que descubrir. Díaz habla de mejorar las condiciones de estudiantes en prácticas, y ello es porque asume como natural que las empresas concedan prácticas y que las universidades tengan convenios extracurriculares. Hasta qué punto la universidad está vendida a las empresas lo demuestra que también han puesto el grito en el cielo contra esta regularización. Según las universidades, endurecer la contratación de becarios podrían provocar que los estudiantes se quedaran sin prácticas.
Lo cierto es que esto no es una sorpresa. Según el Observatorio del Sistema Universitario, en 2021, 71 de las 81 universidades se saltaban la legalidad a la hora de establecer contratos de prácticas extracurriculares con las empresas (una consecuencia esperable si tenemos en cuenta que las grandes empresas forman parte de los órganos de decisión de la universidad gracias a la LOU del PSOE). Por otra parte, las universidades viven de los becarios tanto como las empresas: en este mismo año, el 40% de los contratos de universidad eran temporales, llegando en la privada a la cifra del 89%.
Es de destacar que, en 2017, los becarios y temporales de la Universidad Autónoma de Madrid hicieron huelgas para protestar por esta situación después de que la universidad decidiera despedirlos antes que regularizarlos en sus puestos de trabajo. Que las universidades prefieran apostar por la precariedad y el despido antes que mantener la calidad de la enseñanza y defender unas prácticas dignas sólo puede deberse a la injerencia de las empresas en el sector público, que tanto PSOE como UP quiere normalizar, como demuestra soterradamente el Estatuto del Becario que propone Díaz.
Con este asunto no hay medias tintas. Los becarios y temporales no quieren mejores condiciones para que les exploten, sino la eliminación absoluta de esa explotación. Es una fantasía creer que los mismos que sacan beneficio de mano de obra barata van a aceptar perder beneficios en pos de los derechos laborales. Igual fantasía es confiar en el Gobierno progresista y en las burocracias sindicales, las cuales aplauden esta regulación después de haber firmado una Reforma Laboral que es un blanqueamiento de la anterior. Hay que decirlo claro: este Estatuto no es más que vender la misma precariedad con un envoltorio progresista.
Acabar con los contratos de prácticas y que se elimine la condición de becario, con toda la precariedad que ello conlleva, sólo puede salir de la organización y la lucha a pie de calle. Es un derecho que no nos van a ofrecer; es un derecho que debemos conquistar tanto en los puestos de trabajo como en las universidades. |
