El atentado que acabó con la vida del periodista Antonio de la Cruz el pasado 29 de junio en el estado fronterizo de Tamaulipas fue el número 12 en lo que va del año, según el registro de organizaciones de defensa de periodistas como Artículo 19. Esta cifra es superior a la registrada en el mismo periodo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, estadística que muestra la impotencia de las medidas con las que distintos Gobiernos han respondido a los reclamos del gremio, así como la persistencia de la impunidad y profundización de las causas de la violencia.
Leyes y Protocolos como la de Víctimas o la de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según han denunciado familiares y distintas organizaciones, han resultado inoperantes cuando no han sido abiertamente un obstáculo en el curso de las investigaciones. Según registros de 2022 de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de los crímenes registrados, apenas un caso contempla la vinculación entre las agresiones y la labor periodística de las víctimas.
Tan sólo el primer trimestre del año, México encabezó junto con Ucrania, la lista de países con más asesinatos de periodistas, los cuales en México están en la mira junto a ambientalistas y defensores de DDHH.
La violencia atraviesa distintos sectores y así, organizaciones como Reporteras en Guardia consideran que se tendría que reconocer entre los comunicadores asesinados en el gobierno de AMLO a los también activistas ambientalistas Samir Flores Soberanes, fundador y locutor de la radio Amiltzinko en Morelos; José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, colaboradores de Radio Zapata en Chilapa, Guerrero; y Gustavo Cruz Mendoza, integrante de la comisión de comunicación del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón y colaborador de la radio móvil Radio Guetza.
A la impunidad se suma el papel que juegan las autoridades en la violencia contra periodistas, tanto como perpetradores como los principales obstaculizadores de justicia para las víctimas. Asimismo la criminalización por parte de altos mandos del gobierno —como los señalamientos de AMLO contra periodistas críticos y ambientalistas— forman parte del entramado de violencia.
De nada sirven los pronunciamientos estridentes en defensa de la "libertad de prensa" —como los emitidos por AMLO en torno a la extradición de Julian Assange— cuando en México existe el caso del SUTNOTIMEX, en donde trabajadores de la comunicación denuncian la indolencia de la 4T a dos años de una huelga que muestra los ataques a los derechos laborales y la precarización del gremio como uno de los factores que, junto a la continuidad de una estrategia de seguridad que ha militarizado el país, expone la vida de miles de trabajadores de la comunicación en México.
Esta situación ha sido instrumentalizada de manera oportunista tanto por la oposición de derecha del gobierno de AMLO, como por parte de otras naciones como Estados Unidos o la Unión Europea, quien recientemente se pronunció con motivo del crimen de Antonio de la Cruz. | 
