Este miércoles se llevaron a cabo allanamientos contra locales de diversas organizaciones de desocupados en la provincia de Jujuy. El ataque, ejecutado por el El Poder Judicial adicto del radical Gerardo Morales, se está realizando acudiendo a la figura legal de la “asociación ilícita”.
En una de las órdenes judiciales, entre los fundamentos, se lee que “bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro de la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva, amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica".
Esta figura es verdaderamente arbitraria. Es utilizada por jueces y fiscales para perseguir y atacar a las organizaciones sociales, a sectores de trabajadores y, en general, a luchadores obreros y populares. En su uso implica una clara criminalización de las organizaciones, dado que las termina igualando a "bandas", con la connotación que tiene ese concepto.
Nacida a inicios del siglo XX con la finalidad de perseguir a las organizaciones sindicales tuvo, desde siempre, un contenido netamente persecutorio. Por eso sigue usando hasta la actualidad con la misma finalidad. Entre sus muchas aplicaciones, la norma sirve a la persecución de los opositores políticos. Además, en los últimos años, empezó a ser usada además para promover la llamada legislación antiterrorista, que es impulsada desde los principales centros de poder capitalista a nivel internacional.
A los fines prácticos, la norma termina actuando en la instrucción para mantener presas a las personas a las que no se les puede probar otro hecho, Lógicamente, luego se cae en el debate oral a lo largo del proceso.
La figura está completamente cuestionada dentro del mismo ámbito del Derecho, ya que en la mayoría de los casos se utiliza cuando no hay acciones concretas de las cuales acusar a quienes se persigue. En este caso, asimilar a una organización social o de trabajadores con una "banda", es una muestra grosera del carácter de clase de los Gobierno y del Poder Judicial que impulsan la persecución. Sin ir más lejos, hace poco tiempo, en la Ciudad de Buenos Aires y por medio de una fiscal afín, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intentó utilizar esta figura contra el sindicato de los trabajadores del Subte. Sin embargo, este intento cayó rápidamente, dado el carácter burdo e insostenible de la acusación.
La figura se encuentra en los artículos 210 y 210 Bis. del Código Penal. El primero establece que “será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco (5) años de prisión o reclusión”.
El segundo afirma que “se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna dos de las siguientes características; a) Estar integrada por diez o más individuos; b) Poseer una organización militar o de tipo militar, c) Tener estructura celular; d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país; f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad; g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior; h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.
¿Puede existir una arbitrariedad mayor? La figura es completamente irregular. Los “requisitos” que se consideran la base de la “asociación” son absurdamente amplios. Si se aplican a organizaciones que luchan es evidente que todas incluyen a más de “dos o tres personas” en el caso del art. 210. Lo mismo cabe si se leen los contemplados en el 210 Bis. Un juez puede definir, arbitrariamente, que una organización “pone en peligro” la Constitución Nacional por cumplir solo dos de esos “requisitos”. Por ejemplo, tener más de 10 integrantes y operar en más de una jurisdicción nacional. En los hechos, esa tipificación podría incluir a cualquier organización política y social.
No es casual que, en los nuevos intentos de actualizar el Código Penal, se intente reforzar esta figura. Es una forma de avanzar aún más en la criminalización de la protesta social.
La acusación del Poder Judicial de Jujuy contra las organizaciones sociales es una completa difamación. El mismo Poder Judicial que persigue y hostiga a luchadores y luchadoras populares ahora quiere aparecer defendiendo a quienes integran las organizaciones. Se trata del mismo Poder Judicial que mantiene presa a Milagro Sala desde hace más de 6 años, de manera completamente arbitraria.
Como lo hemos hecho siempre, exigimos que se derogue la figura de Asociación ilícita. Reclamamos terminar con la criminalización de la pobreza y de la protesta social. Repudiamos todo ataque a las organizaciones sociales y de desocupados. Tanto las que lleva adelante Gerardo Morales como las que puedan venir de otros sectores políticos tradicionales, que también estigmatizan a las organizaciones en lucha.
Hacemos un llamado abierto a una gran campaña unitaria en Jujuy en todo el país para enfrentar estos ataques y derrotar el intento de criminalizar la protesta social y a las organizaciones que pelean en defensa de las demandas más urgentes de los millones de pobres que tiene la Argentina. | 
