En el conocido programa “Hambre de futuro” que lanzó el medio de comunicación La Nación + desde el año 2021 y, que cuenta con investigaciones periodísticas que dan a conocer la situación de pobreza y desigualdad de las infancias en las distintas provincias del país y desde donde también, se piden donaciones, a través de: fundación La Nación, Unicef e incluso Caritas.
En una de sus recientes publicaciones se tomó nuestra provincia, bajo los títulos:
“La provincia en la que los chicos viven aislados entre los cerros”, “La provincia soñada donde los chicos viven tan aislados que no conocen un médico” o “Viven en un lugar soñado para los turistas, pero los jóvenes se sienten atrapados”.
A lo largo del artículo se toman problemas sociales que aquejan a las poblaciones rurales de la puna y las yungas. Estas son problemáticas estructurales: acceso a la salud, pobreza, falta de trabajo, educación y los servicios esenciales como agua y luz, que no solo son propios del interior sino en toda la provincia. Incluso en los barrios populares y asentamientos cercanos de la capital jujeña, que también presentan “falta de mantenimiento de los caminos (calles), transporte urbano, sin comunicación, un acceso limitado a la salud o viviendas precarias que no cuentan con luz o agua potable, ni señal de teléfono ni Internet”.
Cuando a Jujuy se le acaba el hechizo del discurso maravilloso
En los artículos citados, las voces denuncian y dejan entrever los “parches” a los problemas estructurales, que el gobierno trasluce como grandes logros e “inversiones”.
LA SALUD
“Hoy la ambulancia tarda más en llegar. Si tenemos un problema de salud en el campo, la única opción más cercana es la atención de un agente sanitario en la sala de primeros auxilios o caminar hasta tres horas para conseguir señal y comunicarse con los hospitales más cercanos, que muchas veces no cuentan con ambulancias disponibles. En estos últimos tiempos piden las ambulancias a Abra Pampa que queda a 60 kilómetros de distancia”, denuncia Griselda del paraje rural de Piedra Grande, a dos horas de camino a pie del campamento minero El Aguilar.
A su vez, el artículo señala que desde la provincia se compraron 50 ambulancias y 150 motos para los agentes sanitarios, que antes se manejaban a pie. “Se fortaleció el sistema de atención primaria de la salud desde 2016. Y vamos a seguir invirtiendo en infraestructura” según Morales.
Sin embargo, la denuncia radica en que lejos de mejorar el sistema de atención de la salud en los parajes aislados en nuestra provincia, este empeoro y no da abasto.
Lo mismo ocurre en los barrios capitalinos, así lo expresa en conversación con LID una joven madre, vecina del barrio San Isidro, que trabaja vendiendo en la feria del “Bachi 2”.
“Para conseguir un turno en la salita tenés que ir 5:30 o 6 para recibir uno de los 4 u 8 turnos, porque todos los días cambian la cantidad de turnos que se dan para el día. Y después, es por orden de llegada, te atienden para realizar el triage, dónde te colocan un color para atenderte por consultorio de acuerdo a la emergencia que ellos creen que vos tengas”.
“Si no llegas a conseguir turno, en la salita, te dicen que vayas al hospital y ahí es más complicado llegar, no es el médico que sigue a tu bebe, es hacer todo de cero otra vez. Yo, hace dos meses que no puedo vacunar a mi bebé contra la varicela porque llego y me dicen que no hay”.
“Ahora, mi bebé está enferma desde hace más de un mes. Los médicos solo dicen que es catarro, en dos ocasiones que la lleve, solo me dan paracetamol y que solo se le va a pasar pero ella ya hizo antes un cuadro de bronquiolitis”.
“Y en el hospital (Hospital de Niños “Dr. Héctor Quintana”) me dijeron que no saben que puede ser, que la tenía que llevar a la salita de mi barrio y solo le anotaron “resfriado” por eso la llevo nuevamente a la salita para que me digan, sí es por comprar otro medicamento que no tengan, que me digan cual y voy a la farmacia pero no puede ser que tenga mocos y tos todo el tiempo. Después, el trato en urgencias es horrible, cero empatía, no te dejan terminar de contar el cuadro del niño/a, parece que los pequeños son molestias de lo tan cansados y pocos que son para atender. Yo soy mamá primeriza y eso es muy frustrante.”
Por ende, la falta de acceso a la salud se da en las zonas rurales y en la ciudad capitalina, el aislamiento no solo es cuestión de distancia sino en las políticas sociales llevadas adelante desde el gobierno nacional y provincial. Siendo evidente que sus prioridades son otras.
En el interior de nuestra provincia hay pocos o nulos hospitales que puedan cubrir la demanda social y todo recae en el hospital central de San Salvador, el Pablo Soria, con un vaciamiento y destrucción de los espacios existentes, como del hospital Wenceslao Gallardo, nosocomio cabecera del departamento de Palpalá, la ciudad siderúrgica; trasladando profesionales que no son reemplazados, además de áreas que ya no funcionan, con la alarma de población de 70.000 habitantes.
Entonces ¿en dónde están las grandes inversiones en salud? Ante una población que crece día a día, y que se ve obligada a recurrir a consultas en clínicas privadas – el que lo logre – dado los altos aranceles.
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Natalia Sarapura, Ministra de Desarrollo Humano, sostiene que la provincia ha hecho grandes esfuerzos para la seguridad alimentaria de todos los chicos de Jujuy, con 616 escuelas que cuentan con comedor escolar.
A su vez, estudiantes secundarios de la Escuela Técnica Nº1, Escuela Normal de San Pedro y el Bachillerato 10 de Santa Clara se movilizaron denunciando la falta de gas, desayunos y meriendas calientes.
Así también, merenderos y comedores vienen denunciando la falta de entrega de alimentos, sus reclamos fueron respondidos con represión y encarcelamiento, que se denunció en los medios locales, refiriéndose a la detención y allanamiento a referentes sociales por protestar contra el hambre por el mes de abril.
Los mismos, comentaron que “crece la pobreza, hay tarifazos todos los días y lo único que no aumenta es el salario”, así también, especificaron el rol de los comedores en esta situación de crisis, “la mayoría de comedores y merenderos se hacen a pulmón en casas particulares; no hay situación edilicia porque no hay construcción ni lugares, terrenos o infraestructura de ningún tipo otorgada de parte del gobierno, es todo a pulmón de las organizaciones que sostienen una situación social muy grave”.
Agregaron, también que “Tampoco se generan puestos de trabajo genuinos, por lo tanto es inevitable que el reclamo sea cada vez sea más grande. Vienen más familias a los comedores, trabajadores ocupados que no llegan a fin de mes”.
Esta es la realidad con la que trabajan día a día las organizaciones sociales, a las que el régimen policiaco de Gerardo Morales, ataca hoy con allanamientos llevados a cabo por fuerzas policiales, a los locales del FOL, del MTR 12 de abril, del FPDS, del Movimiento Evita y el MTE, entre otras organizaciones.
Las mismas, denuncian que este accionar forma parte de la persecución y criminalización por estar luchando contra las políticas de ajuste en la provincia. Con un silencio cómplice del PJ, sumado a un clima nacional desde la derecha hasta la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes han hecho declaraciones que estigmatizan a las organizaciones sociales y explica, esta avanzada criminalizadora hacia todo aquel que luche y se oponga a los planes económicos, sociales y políticos del gobierno nacional y provincial unidos, en pos de seguir los lineamientos del FMI que planea ajuste es ese sector.
LUZ Y AGUA
Sobre esta situación en la Puna, el testimonio de Beatriz Debora Sajama, creadora del grupo Mujeres Defensoras del Hábitat Natural de la Comunidad Aborigen de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo sostiene que “Hoy solamente se puede acceder a la energía eléctrica a través de paneles solares, que por estar desactualizados, tienen poca potencia y solo sirven para iluminación o para cargar el celular. Pero no se puede tener una heladera ni cargar una computadora para los chicos que van a la escuela. En las casas hay solo letrinas”.
Señala la deficiencia en el acceso a la luz, en una provincia con el mayor parque solar de América Latina, un complejo de 600 hectáreas que incluyen tres proyectos de 100 MW de potencia cada uno y tiene más de 1.180.000 paneles solares que – en voz de Gerardo Morales – Cauchari, daría energía renovable a 160.000 hogares.
“Estamos sufriendo y muchas veces tomamos agua sucia. Baja por los caños del canal o la bomba se quema. Y entonces no podemos tener agua continua para tomar y tenemos que traer agua en tachos de Cangrejilla que está a 5 kilómetros” comenta, Exaltación Aban, productora de 75 años de Abra Pampa, cerca del Río Colorado.
El agua es otro recurso escaso en las zonas rurales áridas de Jujuy, propio de la zona pero que hoy se ve amenazada y afectada por los proyectos mineros de litio, como también en los sectores urbanos, de valles, donde el agua está en manos de empresarios y con problemas de infraestructura para llegar a todos los barrios.
Hace días, se dio a conocer, por ejemplo que el barrio San José de Palpalá, desde hace cinco años no tiene luz ni agua, ni tampoco respuestas al pedido de habilitación de estos servicios. Así también, en época de lluvias los “pantanos” en los que se transforman barrios como Alto comedero, o ríos, en Campo Verde o en Libertador General San Martín, que se ha cobrado vidas, por falta de desagües pluviales y cloacas acordes a la planificación urbana.
Estos ejemplos se pueden encontrar por toda la provincia, ya sea en la puna, quebrada, valles y yungas. El agua y luz se vuelven privilegios de los grandes emporios empresariales como Ledesma o terratenientes que pueden gozar con el apoyo estatal para garantizar su acceso y ganancias. Porque al ser un bien escaso, una vez, supuestamente, cubierta su función social y ambiental, adquiere para ellos un valor en términos económicos.
De ahí, la política del agua que lanzó el gobierno provincial con la Mesa del Agua, que desde el titular de la cartera de Producción, Exequiel Lello Ivacevich expresó en los medios, que “La intención es trabajar sobre este recurso crítico para toda la matriz productiva de la provincia en un desarrollo que tiene que ver con afrontar el cambio climático que estamos viviendo y poder, a partir de esta mesa, compartir los sistemas de información que tenemos sobre este recurso y comenzar a planificar políticas”.
A su vez, el director de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir, sostenía en el programa 30 Denarios, que “en la reunión fundacional de la mesa hay distintas posiciones y, obviamente, la más urgente es la necesidad del productor” . Este es el consenso del que se parte en todos los planteamientos estructurales; buscar garantizar el acceso de energía y agua a los grandes terratenientes y empresarios, y de allí, se verá de “derramar” para las grandes mayorías.
Neoliberalismo ¿dónde?
Todo esto es producto de las políticas neoliberales, que no se detuvieron ni con Menem, ni con la caída de la Rúa sino que en los últimos veinte años, se han ido profundizando, gobierno tras gobierno nacional. En nuestra provincia, desde Carlos Ferraro y los kirchneristas Eduardo Fellner y Walter Barrionuevo hasta Gerardo Morales.
Es un estado capitalista, que gobierna para la clase burguesa, que en base a la meritocracia le vendió a las grandes mayorías la idea de que todos pueden ser exitosos y con progreso, él que no lo logra es porque no se esforzó. El ideal a alcanzar ha sido el de pertenecer a la clase empresarial y terrateniente. Sin embargo, este cuento terminó y demostró que solo quitó derechos laborales, humanos y democráticos conquistados hace decenios y agrando aún más la brecha entre unos cientos de millonarios y los millones de trabajadores ocupados y desocupados argentinos.
En las revueltas de Chile (2018) decían, “no son 30 pesos son 30 años”. Treinta años de neoliberalismo. Actualmente, en un nuevo ciclo de crisis a nivel mundial con consecuencias nefastas para los trabajadores, el medio ambiente, los pueblos originarios, la proliferación de enfermedades como el Covid-19 y la actual guerra en Ucrania.
Alrededor del mundo hay levantamientos contra la precarización laboral y la inflación en EEUU, Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia y Ecuador, que se moviliza contra el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Jujuy bulle en una nueva crisis
Nuestro país y provincia no se encuentra aislada de esta realidad. Con el actual gobierno de 7 años de Gerardo Morales y su discurso del “derrame”, en el que hay que aguantar y esperar, porque en algún momento el crecimiento les va a llegar a todos. Mientras tanto, el que pasa hambre lo hace "porque quiere” y no se esforzó demasiado, por ende, sí reclama se lo considera un delincuente por el régimen que tiene la “justicia” y la normativa a su medida.
Con el proyecto de Cauchari, Cannabis Avatara, el turismo, entre otros proyectos mineros y de explotación de recursos naturales; no es más que un neoliberalismo disfrazado de un discurso de Estado intervencionista, desarrollista, que sigue beneficiando a un puñado de empresarios y terratenientes, que se enriquecen cada vez más y dónde la gran mayoría la pasa mal.
Rosario Quispe, presidenta de la Asociación de Mujeres Warmi Sayajsunqo de Abra Pampa, relata que “Cuando arrancamos no teníamos ni para comer, Menem se había llevado hasta el último tren de la Puna, los pueblos fueron desapareciendo y hoy estamos igual. En una crisis total. La gente en la Puna sobrevive porque trabajan de sol a sol y por eso hay que apoyarlas con lo que se pueda”
En Jujuy, el 39,2 % de las personas es pobre con una inflación constante que el gobierno nacional y provincial no detienen, la Canasta Básica Familiar pasó a $94.700 en mayo según la DiPEC. Y aumentó la indigencia a un 6,3% de un 4,7% en nuestra provincia.
El economista, docente de la Facultad Cs. Económicas - UNJu y actual Concejal del PTS - FITU por San Salvador de Jujuy, Gastón Remy, especifica que en nuestra provincia “El 52% del trabajo privado está en negro, el salario privado promedio es un 20% menor al nivel nacional, es la provincia con más ocupados buscando otro empleo (28,5%), hay 120.000 trabajadores en la "economía popular". Y la pobreza creció 45% (2016/2021).”
Y como bien lo señala el artículo referido de la Nación, la situación de nuestra provincia según Unicef en base a cifras oficiales es de una pobreza infantil que alcanza al 60% de las niñas y niños y un 45% no ejerce de manera efectiva alguno los derechos a la educación, la protección social, la vivienda, el saneamiento o el acceso al agua.
Así también, marca que el 42% de las niñas y niños tiene la atención de salud cubierta por una obra social o seguro médico, un nivel muy bajo comparado al 57% de cobertura registrado para el total del país, esto se explica debido a la informalidad laboral de las familias trabajadoras, que en Jujuy se destaca por un "nuevo empleo" no registrado y/o cuentapropista, es decir, trabajo precario que se ha profundizado en los últimos años.
TRABAJO PRECARIO
Actualmente, hay cerca de 120.000 inscriptos en el ReNaTEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) es un sector que no accede al mercado laboral, sobrevive de ayuda del Estado y mediante la venta ambulante, el trabajo en cooperativas, comedores y todo tipo de changas. Sin aportes jubilatorios, ni obra social, y con horarios de trabajo sin derechos, esto no es producto de la reducción individualista de que los trabajadores no se informan o desconocen qué trámites realizar para obtener estos derechos de los trabajadores en “blanco”, tal como aducen académicos de la FHyCS en reportajes de la Radio UNJu. En realidad, es una división de la clase trabajadora que genera ventajas al empresariado, al momento de fijar condiciones laborales a la baja.
Al respecto, Gastón Remy expresa que “ Hay 77.442 adultos titulares que perciben la AUH, o sea, que viven bajo algún grado de informalidad laboral. Son parte de un universo más amplio de casi 120 mil personas registradas en la llamada “economía popular”, en su mayoría mujeres que realizan distintas actividades para sobrevivir. Representan el 40% de la población económica activa.”
Agrega que “La juventud incluso es la que más sufre estas consecuencias con el 90% trabajando en negro, igual situación reviste el personal doméstico.”
Esto se refleja, sin ningún lugar a dudas, en los datos aportados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) sobre la desigualdad de ingresos entre los trabajadores formales e informales, en los que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $ 79.880, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $ 36.631. Un ingreso de miseria para los no registrados. También el poder de compra de los trabajadores no registrados tuvo una fuerte caída en los últimos años, el desplome es del 31 % desde octubre de 2016 a marzo de este año.
Además de esto, los gremios de estatales y sindicatos dejan pasar los ataques con paritarias a la baja, con salarios que no cubren la canasta básica con un 20 % para la salud y 18% para docentes en cuotas, además de que, muchos son contratados como monotributistas, siendo el estado otro precarizador, como en el sector privado, que mantiene gran mayor de número de trabajadores precarios e informales. Los cuales son trabajadores que no existen o hacen la vista gorda en los sindicatos de empleados de comercio, de gastronomía, de la construcción, etc
Aunque en el sector estatal ha empezado a mostrar su disconformidad pero aún se realizan acciones sin unidad, lo que beneficia a la pasividad y a la división impuesta por las burocracias sindicales.
La clase trabajadora tiene que plantear su propia salida
Con la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, mientras hablaba Cristina Kirchner, se generó un gran desconcierto en la población sobre cuál va a ser el rumbo del país y con un gran temor a un mayor ajuste. La gran mayoría de los trabajadores de la provincia ya sufre el ajuste y reconoce en los medios que “la plata ya no alcanza para nada”.
Demás está decirlo pero ningún nuevo personaje , ni nuevo plan económico que siga con la firme posición de pagar al FMI podrá cumplir con los derechos básicos de los trabajadores: comer todos los días, que su salario alcance el mes, la vivienda propia, salud, educación y recreación.
Las historias aquí contadas, mayormente por mujeres, vienen de generación en generación. Los problemas estructurales de nuestra provincia son producto del sistema capitalista, su irracionalidad y voracidad, que ni siquiera un medio como La Nación+ pudo velar.
El fracaso de este sistema se puede ver a simple vista, el capitalismo no funciona en ningún país, porque parte de la desigualdad, de la usura de unos pocos a los que producen miles.
Y el pago a la deuda ilegal es algo en lo que coinciden desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio y Milei y ya ha dejado, a nivel nacional, a un 40 % de la población bajo la línea de pobreza y a los ingresos de las mayorías por bajo la inflación. El ajuste es siempre para la clase trabajadora, mientras los mismos de siempre siguen ganando: los bancos, los terratenientes y los grandes empresarios. Ese es su plan seguir, su salida.
En este escenario, para enfrentar los planes de los partidos patronales y el estado burgués, debemos unirnos a dar esa lucha trabajadores ocupados y desocupados, mujeres, pueblos originarios y juventud con una clara perspectiva de fondo, que cambie las prioridades que benefician a unos pocos por la de los que movemos el mundo. Por eso, para este 9 de Julio, desde el PTS, el Frente de Izquierda Unidad y decenas de organizaciones políticas, sociales, de trabajadores y juveniles convocamos a marchar a las 17:30 desde Plaza Belgrano y conspirar por una salida de los trabajadores.
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