El reglamento de la taxonomía verde tiene el objetivo de orientar las inversiones privadas hacia prácticas económicas que sean más respetuosas con el medio ambiente y que ayuden a impulsar la transición ecológica y energética de Europa. Con esta votación, se modifica la norma y se permite que el gas y las nucleares entren dentro del etiquetado verde que les permite competir con la solar o la eólica, entre otras renovables, para recibir ayudas propias de tecnologías no emisoras de CO2.
A pesar de la oposición de expertos y grupos ecologistas, que consideran que la medida retrasará la transición energética europea, propuesta ha quedado ratificada por una mayoría de europarlamentarios. Los opositores en el Parlamento condenan tanto los matices que hay que hacer para considerar limpias ambas fuentes como el freno que puede suponer para otras totalmente renovables, que optarán a menos ayudas e inversiones por competir con estas. Esta media además, no hace sino seguir beneficiando a los oligopolios energéticos y sobreponiendo los intereses privados.
La aprobación de esta taxonomía hay que entenderla dentro del contexto de la crisis energética por la que está pasando la Unión Europea a causa de la guerra en Ucrania. Europa busca sortear el obstáculo de la dependencia energética de Rusia, argumentando que en este momento se necesitan utilizar “todas las alternativas que existan”, ya sean medidas como esta, ejemplo de la irracionalidad capitalista, o buscando y haciendo acuerdos con otros países exportadores de gas como el Estado genocida de Israel, mientras van con un falso discurso de “defensa de la democracia y la libertad”.
La consecuencia de estas medidas al final las acaban pagando los de siempre: los sectores populares en los países europeos, con una inflación desatada y el precio de los combustibles por el cielo. Necesitamos una verdadera transición energética basada en la reorganización racional y ecológica, que incluiría, entre otras medidas, la expropiación y nacionalización del conjunto de la industria energética, bajo la gestión democrática de las y los trabajadores y supervisión de comités de consumidores. |
