El viernes 8 de julio, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, emitió su veredicto de los 15 jóvenes detenidos el 3 de marzo de 2020, en una protesta realizada en las inmediaciones de Plaza Dignidad. Aquella manifestación fue marcada por una detención masiva de 60 manifestantes, de lo cual la policía los identificaba en la denominada "Primera Línea". De los 60, solo pasaron 40 a control de detención y luego de procesos posteriores, se redujo a 15 detenidos juzgados.

Como resultado de 28 meses de procedimiento, que contó con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior como querellantes, sólo cinco de ellos fueron encontrados culpables, pero por el delito de desórdenes públicos.

Quedo de manifiesto que el Ministerio del Interior, liderado por Izkia Siches, sigue utilizando la receta de criminalización a la protesta social, al negarse a retirar su presencia en la causa como querellante, al igual que lo hicieron los gobiernos de los 30 años.

En conversación con la redacción del medio digital Interferencia, Nicolás Pavez, abogado de uno de los acusados que resultó absuelto de ambos delitos por los que se lo perseguía, señaló que "los 15 acusados fueron absueltos del delito de interrupción del tránsito, porque fue demostrado en juicio que el tránsito lo interrumpió Carabineros", y agregó que le parece "inaudito que se haya perseguido a estas personas por este delito por tantos meses y sin tener buenas pruebas. Nos parece una demostración de que se trata de un juicio que busca criminalizar la protesta y una persecusión política".