El pasado junio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, consumaba su plan de ampliar el límite de renta familiar necesaria para optar a becas escolares. Antes el límite estaba puesto en 30.000€ para bachillerato y 60.000€ para FP; ahora, de forma general, es 107.739€, 143.652€ si tienes dos hijos y 179.565€ si tienes tres.

La defensa de esta política era predecible como desagradable. Ayuso apelaba a la libertad de elección en los centros, que en boca de la derecha es una forma de defender el derecho de financiar a la privada y hacer de los centros públicos hacinamientos para jóvenes de familias desfavorecida.

Pero también se atrevía a hacer declaraciones repugnantes y contradictorias: decía que veía “sorprendente que, por ejemplo, puedas cambiar de sexo o puedas abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, y, sin embargo, no puedas optar a becas en bachillerato o formación profesional si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro”.

No es humor negro y, si se toma en serio, es una declaración absurda y cruel que no tiene asidero posible.

Otra bomba estalló en los medios hace dos días cuando el Consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, en una entrevista a El Mundo, soltó una perla similar, completamente alejada de la realidad y que, en el mejor de los casos, lo que hace es mofarse de quienes no pueden consumar sus estudios por falta de recursos.

En esta entrevista preguntaban, algo obvio, si realmente una familia que tiene una renta de 144.000 euros necesita una beca. La respuesta de Ossorio es que hablamos de familias que pueden no llegar a fin de mes, y más con la crisis que hay. Son familias, añade, que pueden tener que pagar su sanidad privada y que, al ver que otros se llevan las subvenciones (los más necesitados) pueden decir “de mí no se acuerda nadie”.

El periodista (¡de El Mundo!) se sorprende de que diga que esa gente no llega a fin de mes, a lo que Ossorio remata que él tiene cuatro hijos y que le cuesta llegar a fin de mes; y que la mejor forma de ayudar a las familias necesitadas es inyectar dinero en la clase media.

El delirio es tan supino que cuesta distinguir en esta respuesta la más pura necedad del pensamiento, propio de un neoliberal sin filtro alguno (si es que ambas cosas no son equivalentes).

Una familia con 144.000 euros de ingresos (redondeando, 72.000 cada padre si son dos, 6.000 euros al mes), incluso con dos hijos, no es clase media, ni siquiera dentro de los parámetros de quienes manejan esa categoría puramente ficcional. Dudo que no puedan llegar a fin de mes, sobre todo si son capaces de pagarse una sanidad privada.

Pero la fantasía de Ossorio no es sólo absurda per se. Veamos la realidad: la media de sueldo de Madrid no llega a los 29.000 euros. Ni qué decir tiene que una familia con ese sueldo y con la media nacional de un hijo por familia no puede pagarse una sanidad privada y suerte tiene si puede pagarse siquiera el abono transportes por no vivir demasiado lejos del trabajo.

Ossorio parece haber olvidado el sentido que tiene la palabra «ayudas», que tiene que ver con apoyar económicamente a quienes, por su idiosincrasia, no llegan a los mínimos, algo que ocurre en Madrid. El riesgo de pobreza en Madrid en 2021 era de un 15.2%.

Sin embargo, esto es algo que Ossorio desconoce, pues como él mismo dijo, no sabe dónde están los pobres en Madrid porque no los ve. Es difícil cuando lo único que ve son familias pudientes, con sanidad privada y seguro que buenas vacaciones que, bajo un ignorante concepto de justicia distributiva, se dicen que a ellos no les llegan las ayudas que no necesitan.

Y esto podría quedarse en una nota para soltar bilis contra un impresentable que ningunea a las familias más necesitadas y vende como justicia y libertad seguir dando dinero a las grandes fortunas para que puedan seguir pagándose sus academias privadas. Pero, como dijimos, estas declaraciones no son sólo consecuencia de una mente torpe, sino que es consecuente con el programa de educación que tiene la derecha, en este caso, madrileña.

Este desvío de fondos públicos para la privada a través de familias ya de por sí adineradas es otra nota de una sinfonía de precariedad, abuso, recortes y sangrado de la educación pública. Hemos desarrollado cada uno de estos pasos en sendas notas en Izquierda Diario, pero podemos hacer un resumen.

En el último curso, Ayuso ha aprobado una Ley Maestra que equipara en las concesiones económicas a la pública y a la privada, además de insertar en el currículo las exigencias ideológicas de la extrema derecha (ensalzar la patria española, el legado católico en América Latina, a figuras como Pelayo o Blas de Lezo, etc.). Ha cerrado escuelas infantiles y ha desmantelado todo un ciclo de primaria bajo la excusa de ampliar plazas, hacinando a los niños en colegios que no están preparados para satisfacer sus necesidades. Ha recortado y hecho trato con empresas para seguir precarizando la FP, cerrando líneas de estudios y garantizando la mano de obra barata en forma de prácticas. Y todo ello, dicho sea de paso, con el beneplácito del PSOE y de UP, quienes con la Lomloe en la mano han fomentado esta precarización de la educación.

La educación pública siempre ha sido una trinchera en asedio constante, tanto por parte de la derecha liberal y extrema como de la izquierda leal al Régimen, tanto desde el Gobierno central como desde los autonómicos. Sin embargo, es evidente que esta nueva oleada de ataques son los primeros pasos, en absoluto una consumación, de un plan para proteger las ganancias capitalistas a costa del sector público.

Una precarización en dos niveles: el laboral y el educativo y formativo del alumnado; profesionales y trabajadores peor pagados y con peores condiciones para una educación cada vez más clasista, más alejada de las clases humildes, las cuales terminarán mandando a sus hijos a colegios de barrio sin recursos para luego dar el salto a las fauces de las empresas.

¿Cuál es la respuesta? Las declaraciones de Ossorio han sentado a cuerno quemado a muchos que han denunciado por Twitter el clasismo del consejero. Entre ellos, Pilar Alegría, la misma que defiende una ley que sólo es un calco de la que ya aprobara el PSOE de González y que permitía los conciertos con la Iglesia y las empresas. La contradicción es tan evidente que casi no puede llamarse ni hipocresía.

Por su parte, los sindicatos lanzan alguna que otra queja. Comisiones Obreras ha denunciado que esta política de becas sólo financia las empresas. Por su parte, UGT ha denunciado algunos otros aspectos, como que no contraten suficientes profesionales para bajar las ratios. Sin embargo, todo queda en eso, mucho ruido y pocas nueces. La pregunta que se hacen muchos trabajadores, entre los que están las bases de los sindicatos mayoritarios y de la izquierda sindical es qué hace falta que ocurra para que se levante ya un plan de lucha para defender la educación pública, tanto en Madrid como en todo el Estado.

Por parte de CCOO y UGT, sus burocracias son las que hacen seguidismo del Gobierno y, por ende, de la derecha, que no hace más que rematar el programa de desmantelamiento de la pública del Gobierno progresista. Han firmado cada reforma laboral y son los primeros agentes en pactar para mantener el status quo, como es el caso de la política de becarios y de la Lomloe, que ambos sindicatos no dejan de reivindicar contra Ley Maestra (sin decir que esta última sólo es una profundización de la primera).

Sin embargo, esta burocracia contradice la sensibilidad de los trabajadores, los cuales sí están receptivos, si no están exigiendo activamente un plan de lucha para vencer las políticas neoliberales contra la educación. Lo hemos visto en Catalunya, donde ha habido en los últimos días la mayor movilización de docentes desde la Marea Verde.

Movilización a la que, hay que añadir, se sumó la plantilla del Lleure, los trabajadores más precarizados del sector educativo catalán. Ejemplo que han seguido los trabajadores del Grupo 5 del Ayuntamiento de Madrid, encargados de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y del Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar (Paief), que han convocado una huelga indefinida hasta que les den unas condiciones dignas. A esto hay que sumar la multitud de huelgas y luchas intermitentes que recorren el Estado: las concentraciones de las escuelas infantiles cerradas en Madrid, las movilizaciones de precarios contra la temporalidad en la educación pública, las movilizaciones contra los recortes y la Ley Maestra, la huelga en Euskadi que sólo no se llevó a cabo por la claudicación de las direcciones sindicales, etc.

¿Aún hay alguien que esté dispuesto a decir que una huelga general, al menos en el ámbito educativo, no tendría seguimiento? ¿No resulta reaccionario seguir teniendo por excusa la pasividad de los trabajadores o de seguir defendiendo luchas parciales al tiempo que se niega la posibilidad de unificar todas en una lucha por la dignidad de todo el sector?

Si hay un momento para que los trabajadores discutan en los centros de trabajo un programa obrero para la educación, si hay un momento en que los sindicatos de izquierda deben dar un paso adelante y estar a la altura de sus bases, es este. Hay que decirlo claro: no levantar ahora un plan de lucha, retrasar la organización o aniquilar antes de que se inicie, sólo puede conducir a una mayor atomización de los trabajadores, a su derrota, a las garras de la extrema derecha y la consecuente pérdida de derechos laborales, sociales y políticas, como la educación pública, gratuita y de calidad.