Según estudios realizados por organizaciones y organismos propios de la Región del Bío-Bío, tales como “Catalán y Valenzuela”, quienes durante el año 2021, detectaron que en la provincia de Itata, las actividades económicas locales habían sido arrancadas, a medida que fueron avanzando las hectáreas de monocultivo de la industria forestal, fue teniendo como resultado el aumento de la pobreza en aquella zona, la cual solo alcanzaba el 60% del ingreso promedio del país, además de cambios en los espacios geográficos y estilos de vida, donde- principalmente varones- emigraron hacia pueblos o localidades en busca de trabajo en la industria forestal, y las mujeres debieron quedarse en las zonas rurales de origen enfrentando los cuidados de sus hijos y los pormenores de una crisis hídrica en la zona, a la par de producirse esta migración y desruralización, aumenta la desigualdad y acceso a las oportunidades, marginando a las mujeres de la zona del campo laboral.
El modelo de producción forestal se encuentra justificado por el modelo extractivista y neoliberal Chileno, el cual es una de las principales herencias de la Dictadura Militar, la lógica capitalista de extracción de los bienes naturales como los metales en la zona norte y el deterioro de los suelos y los bienes hídricos en la zona sur, han profundizado la crisis ambiental en el país, por medio del saqueo capitalista. Esto ha sido amparado por el Estado Chileno, y por el principio fundamental de defensa de la propiedad privada, que ha justificado asesinatos a weichafes Mapuche, montajes, violaciones a los DD.HH y ocupación de tierras ancestrales han sido justificados en función del “progreso”. Tal progreso, ha sido en beneficio de quienes han explotado estos territorios, como es el caso de dos de las diez familias multimillonarias del país: Los Matte y Angelini, mientras el conjunto de la población trabaja por poco dinero y no se ve beneficiada de la abundancia del extractivismo, sino que todo lo contrario, su situación se empobrece monetariamente, al igual que los territorios que son víctimas de la destrucción.
Dentro de todo este marco, es que las diferentes organizaciones ambientales y territoriales que conforman esta Red, se han coordinado para buscar emplazar al modelo forestal y a las instituciones del Estado, denunciando que es un atentado a la vida, a la naturaleza y a los territorios. Además de exigir diversos puntos al Estado, para acabar con el modelo forestal en la zona, donde destacan los siguientes puntos:
Realizar estudios públicos que evalúen el impacto de las plantaciones sobre los caudales y cuencas hídricas, como también sobre los ecosistemas aledaños, para que el diseño de las zonas forestales no dañe la calidad y cantidad de dichos caudales, ni la biodiversidad.
Prohibir la Tala Rasa puesto que afecta la posibilidad de absorción de agua de las cuencas y la calidad del suelo, provocando erosión, y posibles aluviones.
Priorizar la satisfacción de la necesidad de vivienda en comunas en las que la propiedad forestal ocupa la mayor parte del espacio disponible (p.e. en Curanilahue, las plantaciones ocupan el 85% del área geográfica comunal).
Admitir públicamente que la industria forestal produce pobreza y desruralización, para avanzar en el diseño de políticas públicas acordes a esta realidad.
Reparar jurídica y financieramente los crímenes contra la humanidad y contra la naturaleza cometidos a partir de la dictadura, al amparo del actual modelo forestal. Realizar restauración ecosistémica y sociocultural, con pertinencia histórica, de los territorios y comunidades afectadas. |
