Esta semana en Colombia se realiza el el primer Congreso de Salud para Personas Trans: transitando a un sistema de salud moderno y sensible para las personas trans. Más de cientos activistas y profesionales de la salud estuvieron presentes. La jornada terminará en las calles el 15 de julio en la #YoMarchoTrans, una contramarcha que denuncia que las prioridades siguen siendo: salud, vivienda y educación.
A continuación comparto la ponencia que diserté en el marco del Congreso.
Antes de hablar de la experiencia en la construcción de la Ley de Identidad Nacional de Género, sus alcances y sus límites, daré un marco global de la situación. De acuerdo con el documento publicado por Oxfam, 198 millones de personas estarán en la pobreza extrema debido a las consecuencias de la pandemia y al "empeoramiento de la situación de desigualdad", mientras que el aumento de los precios mundiales sumará otras 65 millones de personas a esa situación. El total de 263 millones de personas en la pobreza extrema para finales de este año equivaldría a la población conjunta del Reino Unido, Francia, Alemania y España.
El aumento de precios de los alimentos y de los medicamentos relacionados con la guerra en Ucrania, las consecuencias de la pandemia, y la creciente desigualdad hacen que la salud, vivienda y educación sigan siendo nuestra prioridad, y la crisis impacta de manera más profunda en las personas LGTBI y particularmente en las personas trans. Mientras las potencias capitalistas se están armando, los multimillonarios aumentan sus fortunas y cientos de millones se enfrentan a la catástrofe alimentaria y la creciente precarización de la vida.
En ese marco desarrollamos nuestras vidas. Por eso creo que para pensar el acceso a la salud, hay que problematizar tanto demandas urgentes como derechos que nos son negados, como también, a mi modo de ver, hay que pensar las perspectivas de fondo para una verdadera emancipación de todes les oprimides y explotades.
Lo urgente y las leyes
Fui convocado al Congreso de Salud Integral trans para relatar el proceso de elaboración y conquista de la Ley Nacional de Identidad de Género, que fue sancionada el 9 de mayo de 2012 pero fue pensada y articulada durante varios años de debate. Fue impulsada por el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, compuesto por organizaciones de la diversidad sexual, sociales y políticas. Además de establecer el derecho a la autopercepción del género, la posibilidad de cambio registral en el documento, también establece en su articulado sanitario que las hormonas y cirugías sean contempladas en al Plan Médico Obligatorio, es decir, que sean gratuitas.
Durante el año 2011 y 2012 era uno de los tantos jóvenes que se las ingeniaba para llegar a fin de mes, de trabajo en trabajo, y el escondimiento de mi identidad y sorteando la transfobia de este sistema capitalista y patriarcal.
A través de mensajes de textos, seguí el debate que contó con 25 oradores, la Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que ya contaba con la aprobación de Diputados. Durante la madrugada del 10 de mayo llegó un mail que me decía "estamos a punto de lograr el artículo 11", era fundamental, era el artículo sanitario. La importancia radica en que los centros públicos de salud, sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que la ley reconoce y exige que “todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio”. Antes de la medianoche, se había sancionado.
El concepto de identidad expresado en la legislación en su artículo 2º plantea exediendo las categorías de femenino y masculino: “por identidad de género se entiende la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.
A su vez la Ley N° 26743, prevé un régimen legal para el reconocimiento del derecho a la identidad:
1.- despsicopatologización (ninguna identidad o expresión de género constituye un trastorno o enfermedad en el campo de la salud mental).
2.- desjudicialización (el acceso a los derechos es prioritariamente de carácter administrativo y la judicialización opera solo como estrategia defensiva para el acceso efectivo al reconocimiento del género afirmado);
3.- desestigmatización (el acceso a los derechos se garantiza sin discriminación y siempre a favor de la persona peticionante).
4.- descriminalización (ninguna identidad o expresión de género y ninguna demanda por su reconocimiento es merecedora de reproche o sanción social, legal o institucional).
Este conjunto de aspectos la distinguen de otras legislaciones a nivel internacional que o sostienen la patologización para realizar acceder a tratamientos e intervenciones, o directamente no las admiten y se limitan a un reconocimiento de derechos en los papeles y cambios registrales.
Como bien resume Blas Radi “de la Ley no se dice que hay “personas cuyo género no coincide con el sexo”. La Ley tampoco dice que hay personas que “nacieron de un sexo pero se creen del otro”. Este tipo de formulaciones supone una correspondencia entre sexo y género. Estos son supuestos tradicionales para pensar en las personas trans, pero son inadmisibles en los términos de la Ley. Entonces, la Ley de Identidad lo que define es “identidad de género”, y lo hace en los términos de los Principios de Yogyakarta, que es un documento redactado del año 2006 y difundido en el 2007 que vincula el marco legislativo internacional de DD.HH. con cuestiones de orientación sexual e identidad de género”.
Algo a destacar es que La Ley de Identidad ya está sancionada a nivel nacional desde hace más de una década, pero desde su sanción se tardó tres años en implementarse el presupuesto que necesitaba. En este lapso de tiempo gobernaron el país tanto la derecha clásica de Macri y Cambiemos, como el peronismo que se suele definir como progresismo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. SIn embargo, hasta el día de hoy siguen habiendo faltante de hormonas y cirugías, desde el 2017 que en Argentina se puso en pie una Asamblea de Travestis y Trans que denuncias los faltantes.
Los aspectos más progresivos de la ley, se anticiparon a la modificación del DSM. Fue en junio del año 2018 que la Organización Mundial de la Salud finalizó la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Cuando todas las categorías relacionadas con las personas trans se eliminaron del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento. El considerar a las personas trans, travestis, transgéneros y transexuales como personas enfermas implicó que, por largo tiempo, la psicología y la psiquiatría considerasen a las personas como perversas. Aquellos cuyos deseos se desviase de lo supuestamente «normal» eran objeto de la psicopatología, rama encargada de corregir estas formas «perversas».
El DSM5 fue un avance para lograr la despatologizacion a pesar de que muchas instituciones que forman a los futures profesionales de la salud aún se los sigue formando con el DSM4.
Hoy en día son conocidas las consecuencias de los tratamientos que proclamaban curar la identidad u orientación sexual, los cuales muchas veces implican torturas, adoctrinamiento y la muerte. Que la transexualidad sea desterrado de la parte que atañe a los trastornos mentales y puesto en los trastornos del comportamiento sexual, como un trastorno físico, deja en claro que hay mucho por lo que seguir batallando hacia dentro de la institución médica y sobre todo contra los Gobiernos de turno para que quede claro que toda persona tiene derecho al acceso a la salud integral.
Límites
Ahora bien, pasados 10 años desde su sanción es fundamental hacer un balance claro. La ley fue una conquista que nos permitió que aparezca en agenda nuestras problemáticas, así como avanzar en materializar algunos derechos democráticos, lo urgente y elemental. Sin embargo, la discriminación persiste y su implementación plena tiene distintos obstáculos como por ejemplo que para realizarse las operaciones en el sector de salud pública la lista de espera es larga de hasta 3 años.
Y eso por referirnos al aspecto que atañe directamente a la ley, en el resto de los ámbito.
Estatales: La persecución por parte de las fuerzas represivas se mantiene en las estipulaciones en contra del travestismo, contravenciones, persecución y detención arbitrarias.
Educación, empleo y vivienda: abandono de la escuela y expulsión, estigmatización y discriminación, pérdida de empleo cuando se da a conocer la identidad de género, negación de uso de los sanitarios separados por género.
Institución familiar: violencia doméstica, amenazas, acoso, exclusión.
En Argentina según el informe semestral del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Federación Argentina LGBTI, desde el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2021 se registraron 53 crímenes de odio, en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. Las víctimas, en su mayoría, son mujeres trans.
El espíritu igualitario que impulsó el debate, la convicción de haber conquistado un derecho, se volvió a chocar con la desigualdad cotidiana que vive la mayoría de las personas LGBTI. Esa realidad solo se agudizó con las crisis económicas, y quedó al desnudo con la pandemia, como muchas otras.
Una salida emancipatoria
Acá es donde me parece importante señalar esa contradicción latente que se vive en Argentina. Mientras se producen conquistas de derechos democráticos, la vida de las mayoría trabajadora y pobre en el país empeora a gran escala debido a los ajustes que se vienen aplicando en el país desde hace años bajo distintos gobiernos que van desde la derecha de Macri hasta el peronismo hoy, que bajo la crisis que atravesamos apunta a profundizar aún más la crisis económica de la mano del FMI. Para dar un ejemplo, que grafique ese balance: entre 2012 y 2022 la pobreza subió aproximadamente un 10%, llegando al 37,3 % del total de la población. Esto golpea mucho más fuerte a personas trans.
Entonces cabe pensar ¿bajo qué condiciones materiales se puede acceder a dichos derechos? Eso aplica a múltiples terrenos, en la salud por ejemplo, ¿cuán de calidad será si año a año le recortan el presupuesto? Lo mismo sucede con la educación o las partidas para la seguridad social.
Nos encontramos en una situación donde hay realidades dísimiles en los sectores LGBTIQ+. Si salimos de Argentina podemos tomar ejemplos como Caytlin Jenner, una mujer trans millonaria que se postuló a gobernadora por California con ideas conservadoras en lo económico, o Jennifer Pritzker, la única multimillonaria trans en Forbes, que fue parte del ejército y financia instituciones como un museo del ejército (y en el 2016 apoyó a Trump). Que la gran mayoría que sufre las adversidades de la crisis, sin acceso a un trabajo o la vivienda directamente.
No solo las empresas se pintan de arcoiris para lavarse la cara y hacer sus propios negocios en lo que conocemos como pinkwashing. Los Gobiernos y distintos partidos políticos que responden a los capitalistas también hacen lo suyo. Y eso se expresa también en el proceso de integración en el Estado de sectores del activismo LGBTIQ+.
Esta realidad es la que retrata Nancy Fraser cuando habla del “neoliberalismo progresista”, para referirse a la alianza de sectores de la clase capitalista y sus partidos, con corrientes corporativizadas de los movimientos como el LGBTIQ+ y de las mujeres, para darse una cobertura progresista mientras implementan políticas que van contra la mayoría trabajadora y pobre.
La experiencia de las últimas décadas indica que en América Latina a nivel internacional muchos derechos se conquistan con la lucha y movilización callejera. En Argentina tenemos el ejemplo reciente del aborto que no hubiera sido posible sin el proceso de movilización previa. Al mismo tiempo, mientras más se resignó la calle como lugar para las peleas, más el Estado hizo retroceder muchas cosas. Ese es el ejemplo de lo que vemos hoy en Chile, donde la llegada de Boric está mostrando una fuerte continuidad con muchas medidas previas.
La flecha del continente no es solo un avance o surgimiento de sectores de derecha como por ejemplo Bolsonaro en Brasil, sino que del otro lado desde 2019 vemos revueltas que expresan críticas a pilares del modelo del capitalismo en esos países. En las marchas también participaron sectores LGBTIQ+ llevando sus propias demandas.
Las movilizaciones manifestaron el hartazgo tras décadas de neoliberalismo, mostraron la realidad donde a la mayoría de jóvenes el sistema solo tiene para ofrecerles más precarización y que si hay un lugar donde se escucha nuestra voz es en la calle. En Chile por ejemplo uno de las grandes demandas fue alrededor del sistema de salud ordenado en función del lucro.
También contra el avance de la derecha, distintas variantes ubicadas dentro del llamado progresismo buscan aparecer como la alternativa posible. Vivimos un pacto de coloniaje con el FMI. Donde el antiguo presidente Mauricio Macri contrajo una deuda ilegítima y odiosa, y el Frente de Todos legitimó ese fraude que pesa sobre las espaldas del pueblo trabajador.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras la gran mayoría trabajadora sufre un ajuste feroz, llama a la "paz social" contra los posibles aumentos de la conflictividad social bajo los golpes de la crisis. No hay medidas de fondo pero si hay una preocupación de impedir la protesta popular, lo cual está a tono con su ataque a los movimientos sociales de Argentina ¿En qué otros países de América latina sucedió lo mismo cuándo hubo revueltas?
La defensa de los derechos tiene que ser en las calles
Los pueblos de nuestra américa han perdido hace tiempo la independencia, los mandatos del imperialismo yanki y el FMI trata de ver cómo escriturar la movilización de la lucha dentro de un proyecto mayot que engloba un cambio civilizatorio. Lo que podemos decir es que las clases dominantes nos quieren divididos, y también tienen sed de ganancia a nuestra costa.
Veamos el ejemplo del aborto en Estados Unidos, el mundo se encuentra en un periodo convulso, en el que las olas reaccionarias se intensifican más cada día. Estados Unidos sienta un precedente que debe servir al resto de países de advertencia: los derechos no están garantizados para siempre, y pueden ser arrebatados a golpe de reacción. Cuando el Estado se siente amenazado, afirma su fuerza con la represión de su pueblo, y con él sus derechos básicos. También muestra que el camino es lejos de confiar en el Estado y sus instituciones, sino más bien la necesidad de la movilización independiente
Voy a repetir porque me parece central, que nuestras prioridades siguen siendo salud, vivienda y educación. Por eso decimos que la lucha por la conquista de las demandas populares que dieron origen a la rebelión social en el 2019 que se dieron en Chile, Ecuador o Colombia, continúa planteada y es en las calles. La clase trabajadora y las grandes mayorías populares, de la juventud, campesinas, indígenas solo puede confiar en sus propias fuerzas.
Para pensar la cuestión de la tierra, a las grandes demandas de las personas LGTBI, de los pueblos originarios, de las comunidades afrodescendientes, al problema estructural de la vivienda, de la salud, educación, de las demandas históricas de la clase trabajadora, del problema que azota a la juventud con la desocupación crónica, del hambre de millones, de las masacres llevadas a cabo por unas Fuerzas Armadas asesinas y sus bandas paramilitares, de los pagos oprobiosos de la deuda externa que ahorca de la mano del FMI y del sometimiento del imperialismo, sino no es con el pueblo trabajador organizado y movilizado.
Las tecnologías actuales y planificando democrática y racionalmente los recursos se podría salir de la amenaza de catástrofe ecológica y ambiental, terminando con el hambre y la pobreza. Como dijo Myriam Bregman, diputada nacional del Partido de los Trabajadores por el Socialismo en la revista Jacobin “ hay que volver a discutir el anticapitalismo y el socialismo”. | 
