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Cuando se trata de descaro y oportunismo, la derecha no tiene parangón. Y es que tal parece que las fakenews y la desinformación, no les ha bastado como método para buscar fortalecer la opción del rechazo a la nueva constitución, llevándoles incluso, a camuflarse como “movimientos sociales”.
Así queda de manifiesto en el último artículo realizado por el medio Interferencia, donde si bien resulta evidente el burdo accionar de los partidos de la derecha, se presenta en profundidad la ligazón de estos “movimientos sociales”, con figuras y referentes todo tipo, desde Evópoli hasta el Partido Republicano, quienes se jugarán todo en la próxima campaña.
Pueden reconocerse entre estas organizaciones a: La Coordinadora de Movimientos Sociales, Con mi plata no, Cabilderos, Educación Libre y Diversa, Mi derecho a Educar, No Más Víctimas, Salud libre y Mentoras, todas ellas ligadas directamente a los partidos de la derecha.
Tal como señala Interferencia, para cada bloque los distintos partidos nombraron un coordinador. En el caso de Evópoli nombró al ex director de la Secretaría de Comunicaciones del segundo periodo de Piñera, Jorge Selume, RN al ex convencional Bernardo Fontaine, la UDI al licenciado en Derecho Gonzalo Müller, y el Partido Republicano al abogado Marco Antonio González, quien participó de la campaña presidencial de José Antonio Kast.
En el caso de La Coordinadora, que se presenta como la organización más grande, esta se encuentra dirigida por el Concejal UDI, Claudio Salinas, y también forma parte el abogado Juan Francisco Mackenna, vinculado a la CPC, y al Instituto Libertad, ligado a RN.
También entre los nombres presentes en La Coordinadora, tal como señala Interferencia, podemos encontrar a Luis Baeza Valenzuela, quien trabajó como asesor del ministro de bienes nacionales, Julio Isamit, y vinculado al ex alcalde de Santiago y RN, Felipe Alessandri, por medio de la Unidad de Vinculación.
Este levantamiento de La Coordinadora, nace a propósito de la campaña por un “plan C”, que busca asegurar la discusión de una serie de reformas, que a primera vista denota el ADN de derecha en cada una de ellas, como es en materia de “seguridad y justicia”, y “libertad de expresión, religiosa y de conciencia”, que no es otra cosa que mayor facultadas a las instituciones represivas, y el sostenimiento de la iglesia y su moral conservadora.
En cuanto a la transparencia respecto al Comando por el Rechazo, el Servel ha fijado su límite en $2.664.677.825, donde la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales, ya ha invertido $14.7 millones en propaganda, teniendo un límite de $150.976.021.
Esta ofensiva por el rechazo, muestra el nivel de financiamiento que tienen los distintos partidos de la derecha, que buscarán con uñas y dientes mantener lo más intacta posible la constitución elaborada en la dictadura de Pinochet, donde por más que señalen reformas en distintas materias, todas ellas están totalmente ligadas a iniciativas que van en contra de los intereses que ha instalado el pueblo trabajador históricamente, y en particular desde la rebelión del 2019.
En ningún caso, la campaña del rechazo a la nueva constitución, puede considerarse como un elemento progresivo en este aspecto, sino todo lo contrario, el desfile de los clásicos partidos de la derecha, e incluso de referentes de la centro izquierda proempresarial y ex concertacionista, que se oponen a aquellas medidas que toquen los intereses de los grandes empresarios, y el sostenimiento de sus grandes fortunas, por medio de un régimen de más de 30 años de saqueo de nuestros derechos a destajo.
Sólo la movilización de la clase trabajadora, junta a amplios sectores de la población quienes luchan y se enfrentan a la crisis que se descarga sobre sus hombros, pueden dar una salida de fondo a la desidia de los capitalistas, que se siente concretamente frente al costo de la vida. Es claro que este gobierno le ha dado una gran margen de acción a la derecha para imponer su agenda, y es por eso que la clase trabajadora debe contraponer la suya, peleando por un sueldo mínimo de $650.000 de acuerdo a la promedio de la canasta familiar básica, la reducción de la jornada laboral a 6 horas durante 5 días a la semana sin afectar el salario, para que podamos trabajar menos y trabajar todos, y la nacionalización del cobre y de los recurso naturales para derechos como educación, salud y vivienda, entre otras tantas necesidades. |
