El 10 de julio se celebraron elecciones parlamentarias en Japón, apenas dos días después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, que estaba haciendo campaña para un candidato del Partido Liberal Democrático (PLD) cuando fue atacado. Aunque quedaron un poco eclipsados por la noticia del asesinato de Abe, los resultados de las elecciones son significativos porque acercan al partido gobernante al objetivo de Abe de restablecer a Japón como potencia militar.
La consecución de ese objetivo también favorece los intereses del imperialismo estadounidense. El apoyo del Estado japonés a las bases estadounidenses es el resultado de la derrota y posterior ocupación del Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial. Pero la alianza militar se basa en fuertes intereses de clase compartidos: Tanto los capitalistas japoneses como los estadounidenses consideran que la contención militar de China es una prioridad para mantener el poder en el Pacífico.
A medida que China aumenta su propio poder militar y diplomático en la región y Estados Unidos impulsa una "OTAN asiática" para contrarrestar la influencia del país, aumenta el riesgo de conflicto armado. El conflicto también es más probable porque el sistema capitalista en su conjunto atraviesa una crisis económica causada por la pandemia, las interrupciones de la cadena de suministro y la guerra en Ucrania. Este es el telón de fondo de los esfuerzos japoneses por rearmarse.
Revisión de la Constitución de Japón
El principal partido de Japón, el PLD, mantuvo su control sobre la política del país en las recientes elecciones, ganando la mayoría de los escaños en la Cámara Alta. El PLD pretende revisar el artículo 9 de la Constitución, que actualmente prohíbe al país declarar la guerra y limita severamente su capacidad para mantener las fuerzas armadas. Aunque no cuenta con una supermayoría en el Parlamento, otros partidos de su coalición también apoyan la revisión de la Constitución pacifista del país. La mayoría de dos tercios de la coalición le permitiría avanzar en la modificación de la constitución, y el nuevo primer ministro Fumio Kishida ya ha anunciado su apoyo.
Con Abe a la cabeza, el PLD defendió el nacionalismo japonés e hizo importantes avances para aumentar el poder militar de Japón. Abe aprobó en 2015 una reforma militar que ampliaba la capacidad del país para utilizar su ejército en el extranjero para "defender a sus aliados", una legislación que fue recibida con enormes protestas.
El militarismo japonés, respaldado por el capital nacional y el imperialismo estadounidense, sigue siendo impopular entre amplios sectores de la población del país. Por ejemplo, la resistencia a la ocupación militar estadounidense de Okinawa, liderada por pueblos originarios, es uno de los movimientos de protesta más antiguos de Japón. Esta ocupación, propiciada por el gobierno japonés, somete a los okinawenses (ryukyanos) -una minoría nacional dentro de Japón- a la devastación medioambiental y a la violencia, especialmente hacia las mujeres.
El gobierno japonés, especialmente bajo el mandato de Abe, también ha dado rienda suelta a Estados Unidos para operar bases militares con un gran coste para las comunidades de las islas. Una base de la Fuerza Aérea de EE.UU. en la prefectura de Yamaguchi, por ejemplo, se enfrenta a un desafío legal por los efectos de la contaminación acústica sobre la salud de los residentes locales.
La crisis económica de Japón
Japón también se enfrenta a su propia crisis económica, que Abe no pudo resolver completamente durante su mandato, a pesar de su éxito en muchos objetivos más directamente imperialistas.
Se suponía que las Olimpiadas de Tokio abrirían el país a más capital extranjero y romperían los sentimientos aislacionistas que siguen siendo fuertes en Japón, obstaculizando los esfuerzos por traer más trabajadores inmigrantes para hacer frente a la escasez de mano de obra causada por el envejecimiento de la población. Sin embargo, la pandemia transformó los Juegos Olímpicos en una demostración de la voluntad del capital japonés de anteponer sus prioridades económicas a una respuesta seria en materia de salud pública. Esto y el aumento de la vigilancia policial que precedió a las Olimpiadas dieron lugar a una oposición masiva y a un movimiento de protesta que planteó una perspectiva internacionalista.
La política conservadora del gobierno japonés no refleja las opiniones más progresistas de la población. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo es apoyado por la mayoría de los japoneses, pero el gobierno mantuvo recientemente su prohibición.
La lucha de clases no es tan dinámica en Japón como en otras partes del Pacífico en la actualidad, pero la incapacidad del PLD para abordar los retos económicos del país, su rechazo a los sentimientos más progresistas de la población japonesa y, quizás sobre todo, su impopular impulso al rearme y a la confrontación militar con China -en asociación con el imperialismo estadounidense-, crean oportunidades para una oposición de izquierda más dinámica a los retos a los que se enfrenta la clase trabajadora de Japón. Esta oposición debe ser liderada por la clase trabajadora de Japón y los sectores oprimidos, como los grupos indígenas, las personas LGBTQ+, las mujeres y las comunidades de inmigrantes. | 
