Anna Gabriel, ex diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya y que lleva más de cuatro años al exilio, ha vuelto este martes a territorio español.

Lo ha hecho para presentarse de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo, con el fin de regularizar su situación procesal. Recordemos que Gabriel fue investigada como presunta autora de un delito de desobediencia en marzo de 2018 por su posible implicación en la declaración unilateral de la independencia de Catalunya.

Meses después, el juez instructor Pablo Llarena declaró a Anna Gabriel en rebeldía al no presentarse ante el tribunal. A la vez, se estableció una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del TS y recibir declaración. No obstante, Gabriel no es objeto de ninguna euroorden, como si lo son Carles Puigdemont y los demés ex consellers, puesto que el delito que se le atribuye a la ex diputada no comporta pena de prisión, sino una multa de hasta doce meses y una pena de inhabilitación por cargo público de hasta dos años.

Teniendo en cuenta esto, y después de que su defensa haya hecho "varias indagaciones y aclaraciones sobre su situación procesal actual", Gabriel ha procedido a personarse con su abogado, en un proceso que ya realizó Meritxell Serret, ex consellera de ERC y también procesada por desobediencia en la misma macro causa.

La ex diputada cupaire ha señalado en una nota que esta decisión se da después de una "serie de consideraciones, reflexiones y análisis que tienen que ver tanto con el contexto político y judicial general, como también con una serie de circunstancias personales", y añade que "después de cuatro años y medio de exilio, hoy se produce un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca hubiera tenido que perder, ni yo ni nadie".

Por último, Anna Gabriel, que ha quedado en libertad provisional, ha explicado que "por varias responsabilidades profesionales y personales adquiridas, de momento seguirá viviendo y trabajando en el mismo lugar donde ha vivido en los últimos años", es por eso que después de personarse en las instalaciones judiciales, Gabriel ha vuelto a Suiza.

A pesar de no pesar sobre ella euroorden alguna, la situación de Anna Gabriel los últimos casi cinco años forma parte de la ofensiva de persecución y represión contra el movimiento democrático catalán y sus dirigentes. A día de hoy, hay más de 4.000 causas judiciales abiertas desde el referéndum del uno de octubre de 2017. La judicatura lleva muchos años haciendo el trabajo sucio que necesita la Monarquía y el Régimen para liquidar definitivamente las aspiraciones democráticas del pueblo catalán.

Y en este sentido, el paso definitivo que ha dado Gabriel, llega casi una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anunciara que rehusaba la decisión belga de no extraditar el ex conseller Lluis Puig, avalando así la persecución al independentismo desde Europa.

El mantra de que la justicia europea es un organismo más democrático está hoy en su punto más bajo, todo producto del viraje a la derecha en el conjunto de la Unión Europea a raíz de la guerra en Ucrania y la política belicista del imperialismo europeo. Cuestión que hace que las tesis de Llarena cobren fuerza por parte del TJUE con el peligro de que estas puedan prosperar.