Este martes se ha anunciado la aprobación por parte del Consejo de Estado del borrador del real decreto para la modificación de la Ley de Extranjería. El proyecto es una propuesta de José Luis Escrivá, ministro del PSOE de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno “progresista”, de sobra conocido por sus políticas de ajuste en temas como las pensiones o los interinos.
La aprobación del texto se prevé para el próximo Consejo de Ministros del 26 de julio o del 2 de agosto, tras lo cual será publicado en el BOE y entraría en vigor transcurridos 20 días, según las fuentes ministeriales a las que ha tenido acceso El País.
El objetivo esta reforma sería, según Escrivá, afrontar los “crecientes desajustes del mercado de trabajo asociados a la escasez de mano de obra”. Una “escasez” que busca ser suplida con la contratación de personas migrantes de baja, media y alta cualificación que aún están en su país, mediante la simplificación de los trámites de regulación a través de “mecanismos de contratación más ágiles”.
La reforma no contempla en ningún caso suprimir los aspectos más reaccionarios de la actual Ley de Extranjería, que es el corpus legal con el que se pisotean los derechos y se reprime a cientos de miles de personas que han llegado o intentan llegar al Estado español huyendo de la miseria y la guerra. Mucho menos contempla su derogación. Su único propósito es introducir mecanismos para regular una parte de la migración asegurando mano de obra barata y precaria para ser explotada “a la carta” por las empresas españolas.
El mecanismo que plantea Escrivá para lograr este objetivo es extender a otros sectores regímenes de trabajo como el que ya se aplica a trabajadoras y trabajadores temporeros que vienen a trabajar al campo. De este modo el ministro “progresista” busca genera una nueva “oferta” en el “mercado” de trabajo para que se ocupen puestos que, por las malas condiciones laborales impuestas por las empresas y garantizadas por el Gobierno, difícilmente son ocupadas por trabajadores nativos o migrantes ya asentados en el Estado español, como el caso de la hostelería o determinados trabajos de cuidados. Así, en lugar de mejorar esas condiciones laborales, se busca contratar mano de obra barata que, además, vuelva a sus lugares de origen una vez que la empresa considera que ya no la necesita.
Recordemos como en los últimos meses hemos visto como empresarios de todo pelaje se quejaban de la falta de camareros, porque no estaban dispuestos a trabajar con “contratos de 4 horas”, pero con una jornada real de 12 horas 6 días a la semana, por 500 euros miserables.
Según el INE, el número de puestos vacantes sin ocupar en 2021 alcanzó los 109.085, la inmensa mayoría en el sector servicios (88%). Estos datos rompieron todos los récords de años anteriores, considerando que tales registros solo existen desde el año 2013.
Si todavía las cifras de paro se sitúan en torno al 13%, y presuponiendo que estos datos no reflejan irregularidades de la economía sumergida, ¿cómo se entiende la “escasez de mano de obra”? Sencillo: porque muchas empresas quieren imponer peores condiciones laborales para aumentar beneficios en un contexto de crisis.
Es en esta situación donde aparece esta reforma que trata de obtener en el extranjero una mano de obra que acepte peores condiciones laborales y así, abaratar también los salarios de la clase trabajadora nativa. Una mano de obra migrante que, además, por los mecanismos de la propia Ley de Extranjería que se mantienen intactos, se encuentra sometida a un régimen en el cual, si no se muestra sumisa, si se rebela contra la super explotación a la que es sometida o denuncia estas situaciones, corre el riesgo de ser deportada automáticamente del país.
Al mismo tiempo que el Gobierno “progresista” despliega una política de “migración ordenada” para satisfacer las necesidades del capitalismo imperialista español, sigue militarizando las fronteras de la “Europa fortaleza” y dando rienda suelta a la represión más salvaje contra las personas migrantes, como sucedió en la última masacre de Melilla. Aún más, el Gobierno logró que la Cumbre de la OTAN incluyese, a la región del Sahel, junto con Oriente Medio y el norte de África, como regiones con potencial "desestabilizador", especialmente por los flujos migratorios, a los que se define como “amenazas hibridas” y podrá enfrentarse con la fuerza militar de la Alianza.
Es el discurso de la extrema derecha, pero aplicado por la supuesta “izquierda” en el Gobierno, al frente de la agenda imperialista y neoliberal. Palos y muerte en las fronteras, y una clase obrera migrante que venga con contrato de origen, que se esté callada y que se vuelva cuando ya no se la necesite.
Frente a esta reforma reaccionaria, de nada sirven los lamentos y declaraciones en la prensa de los ministros neorreformistas de Unidas Podemos, que lavan sus culpas en el discurso, pero siguen siendo parte y sostén de un gobierno imperialista profundamente reaccionario y anti inmigrantes.
Contra el racismo institucional, la represión, la persecución y la super explotación de la población migrante, solo es posible luchar con un programa que ataque de cuajo las políticas reaccionarias del Estado: hay que exigir la derogación inmediata de la ley de extranjería, el cierre de todos los CIEs, la regularización inmediata de todas las personas migrantes y el fin de la política de rearme imperialista que solo sirve para seguir expoliando otros pueblos del mundo, generando nuevas guerras y hambrunas que son el telón de fondo de las crisis migratorias.
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