1,5 millones de personas están desocupadas y el empleo informal aumentó un 36% en el último trimestre registrado, según datos del INDEC. A la par, también aumentó el monotributismo y otras formas de precarización laboral.
En este duro contexto social, el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta se reunió con el jefe de gabinete, Juan Manzur y al terminar, hizo declaraciones, por lo menos insensibles, con los miles de trabajadores y trabajadoras desocupados, que se ven obligados a salir a las calles en defensa de sus condiciones de vida, cada vez más pauperizadas.
"Siempre reflexiono con ellos de no jorobarle la vida a los argentinos que transitan en la calle, los que van arriba del Metrobús, van a trabajar o van a la casa también" -dijo el ministro y luego se lamentó de que estas legítimas movilizaciones son "principalmente derechos".
Zabaleta pone el problema en quienes reclaman; pero fue decisión suya y del gobierno del Frente de Todos, cerrar los cupos para acceder al Potenciar Trabajo, mientras la desocupación alcanza al 7% de la población.
Este "plan social", es una forma de contrapresetación laboral precaria, donde el Estado otorga la mitad del salario mínimo a sus beneficiarios. Son $22.000 que reciben por realizar trabajos en cooperativas autogestionadas y en comedores populares. También en municipios donde hacen tareas de mantenimiento urbano y, como denuncian muchos, sin que se le de siquiera elementos básicos de trabajo y con jornadas que por ley, correspoden, al menos, a un salario mínimo completo.
Por otro lado, luego de la propuesta de "convertir los planes sociales en trabajo genuino" que el Gobierno lanzó durante la campaña electoral del 2021, se incorporaron a empresa, menos de 20.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, cuando son casi 1.300.000 personas en total. Esta "idea" no es nueva, ya la había impulsado Mauricio Macri en su gestión bajo el nombre de Plan Empalme. Cabe aclarar que esta política beneficia a las patronales, que se ahorran de pagar una parte del salario y son exhimidas de abonar cargas sociales, mientras que las condiciones de contratación no aseguran todos los derechos de un convenio colectivo de trabajo.
Con toda esta responsabilidad política a cuestas, Juan Zabaleta y Juan Manzur, anunciaron que las Universidades públicas comenzarán a controlar y a auditar individualmente a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, en entrevistas uno a uno. Al parecer, el control que el Estado no realiza sobre las cuentas de los grandes formadores de precios, o sobre las ganancias de empresas y bancos, quiere dirigirlo a los magros bolsillos de los desocupados, con la asistencia de universidades autónomas.
"Las universidades publicas van a comenzar a certificar, evaluar, controlar y auditar el Plan Potenciar Trabajo" -comunicó el ministro- "En cada provincia de la Argentina vamos a trabajar en el control. A cada beneficiario, la universidad le va a preguntar en qué unidad de gestión trabaja, cómo trabaja, de qué forma, si se cumple con las cuatro horas, la posibilidad de que tengan terminalidad educativa, que puedan estudiar y se puedan capacitar”.
Uno podría preguntarse: ¿por qué no controlan a las mismas gobernaciones e intendencias que utilizan a los beneficiarios del Potenciar como mano de obra precarizada? O, ¿por qué no controlan a las grandes empresas que sobre-explotan trabajadores en jornadas de 12 a 15 horas diarias, mientras tantos otros se encuentran desocupados o subempleados?
Frente a esta brutal diferencia de clase que hace el Estado y el Gobierno, no es raro encontrar que los trabajadores desocupados que se organizan por trabajo genuino, prefieran ellos mismo administrar democráticamente y desde abajo, los programas sociales de los que son beneficiarios.
La disputa de fondo la abrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando llamó a que el Estado, los intendentes y gobernadores, recuperen el control de los programas sociales, hoy en manos de las organizaciones independientes o afines al Gobierno.
En este llamado hay una pelea interna que encara el kirchnerismo, por frenar el avance político del Movimiento Evita, que le disputa el electorado de la provincia de Buenos Aires, especialmente en La Matanza. Esta organización, recordemos, también integra el gobierno del Frente de Todos, con funcionarios como Emilio Périsco y Fernando "Chino" Navarro, en el mismo ministerio de Desarrollo que está impulsando un ajuste en la asistencia social y hasta en los alimentos para los comedores}.
Pero sobre todo, detrás de esto, hay una tarea política que comparten tanto el Frente de Todos, como la oposición de derecha (con sus matices político-ideológicos): recuperar el control de las calles, hoy inundadas por la protesta social, y administrar el ajuste fiscal de las metas pautadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Con este llamado que lanzó la vicepresidente, la derecha se evalentonó y avanzó en arbitrarios allanamientos a comedores populares en la provincia de Jujuy, y en abrir causas judiciales con el fiscal Marijuan en la provincia Buenos Aires.
Hoy, hierven las contradicciones que pesan sobre el Frente de Todos: que ganó las elecciones prometiendo trabajo, recomposición salarial y llenar la heladera; pero que terminó acordando un plan de ajuste y de tendencias devaluatorias con el FMI, con la colaboración de los diputados y senadores de Juntos por el Cambio, en el Congreso.
La asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía, luego de la repentina renuncia de Martín Guzmán (acediado por la crítica interna y desgastado por su antipopular gestión económica), promete una aceleración en la aplicación de los planes de ajuste y de las medidas económicas que se pautaron con el Fondo.
Es por esta tensión dentro de la coalisión de Gobierno y por la desbordante presencia callejera de las organizaciones de desocupados ligadas a la izquierda, que los movimientos sociales oficialista, nucleados en la Central de Trabajadores de la Economía Popular, anunuciaron una movilización para este miércoles. La implementación de un salario básico universal, que viene siendo su demanda sentida, fue rechazada por la ministra Batakis y también fue puesta en duda por el propio Juan Zabaleta. ¿Cómo seguir conteniendo la bronca y la miseria entre los sectores populares, si el Gobierno no quiere largar un peso?
Por abajo, avanzan también las luchas de sectores de trabajadores ocupados, como los del Neumático de la provincia de Buenos Aires, que este martes hicieron paro y movilización, desde todas las fábricas, cortando accesos y vías.
También crece la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados, que es la fuerza social que se necesita para tirar abajo el ajuste del FMI y comenzar a poner por delante las necesidades de todo el pueblo trabajador y pobre.
La propuesta de generar trabajo con derechos para todos, reduciéndo la jornada laboral a 6 horas, con un salario al menos igual al costo de la canasta básica familiar, impulsada por el Frente de Izquierda Unidad, va en este sentido. Como vienen planteando Nicolás del Caño y Myriam Bregman, de esta manera se podrían generar más de 1 millón de puestos de trabajo en lo inmediato. Depende de la organización y la lucha conquistarlo. | 
