La última carta de Cristina, publicada el lunes por la tarde en sus redes sociales, puso en la agenda política cómo está actuando el Poder Judicial especialmente en la situación de las últimas semanas donde aumentaron los fallos beneficiando al macrismo al calor de la creciente debilidad del Gobierno y las internas del Frente de Todos. El martes por la tarde, la vicepresidenta sumó un nuevo tuit para continuar la polémica, recordando que Mauricio Macri había reconocido que la mitad de la “Corte de los cuatro” fue a propuesta de Pepín Rodríguez Simón, actualmente prófugo en Uruguay.
Previamente, las repercusiones cruzando la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema “de los cuatro” -y al Poder Judicial- no tardaron en llegar luego de publicar su carta, por parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mario Negri -presidente del bloque radical de diputados- y Cristian Ritondo -su par en el bloque del PRO. El viejo y conocido discurso del “ataque a la justicia por parte del Gobierno” unificó a radicales y macristas, y a “halcones y palomas’’, que vienen divididos por las internas de cara a la carrera presidencial del 2023.
Horacio Rodríguez Larreta dio la nota al decir que cree en una “justicia independiente” y que “los valores republicanos, las instituciones y la división de poderes son centrales para asegurar los derechos y garantías que todos tenemos”. Una afirmación conveniente, considerando que todo su accionar dice lo contrario: el jefe de Gobierno porteño logró apartar al juez de la causa donde se investiga su responsabilidad en el espionaje ilegal a 7 millones de personas mediante el sistema de vigilancia con reconocimiento facial. Otra pieza en el avance de la impunidad que está logrando el macrismo, como denunciaba Alejandrina Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda, en las últimas semanas.
El Frente de Todos respaldó la carta de Cristina, y dejó abiertas nuevas incógnitas de cómo piensan trasladar la lectura de la vicepresidenta sobre el Poder Judicial en políticas concretas. Vanesa Siley, diputada integrante del Consejo de la Magistratura, respondió a la oposición calificando sus críticas de “trilladas”. Por su parte, reflejando al sector kirchnerista más “duro”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria y el juez Juan Ramos Padilla comenzaron a instalar públicamente que un posible objetivo buscado por la actuación judicial que apunta contra Cristina -mientras da impunidad al macrismo-, es la proscripción política mediante un fallo que la condene e inhabilite como candidata en el 2023.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández tuiteó el martes por la tarde que “nuestra justicia está deslegitimada y necesita una reforma profunda y democrática” en un tibio respaldo a la vicepresidenta, sin hacerse eco de las denuncias por la relación entre servicios de inteligencia, gobierno macrista e intereses políticos detrás de la actuación de la Corte. Sin embargo este mensaje, leído junto a la carta de Cristina donde propone “construir una Corte de la que todos y todas podamos sentirnos orgullosas” hacen referencia a la propuesta de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema presentada por el Frente de Todos en el Senado.
Si cuando el proyecto de ley fue presentado con el respaldo del presidente y 16 gobernadores peronistas ya se conocía la debilidad del Frente de Todos para darle aprobación en el Congreso, especialmente en Diputados, luego de la crisis tras la renuncia de Guzmán esa debilidad solo fue aumentando. Expresión de esto fue el fracaso de la sesión del Senado la primera semana de julio, donde se proponían avanzar con el debate y darle media sanción al proyecto.
Las divisiones internas del Frente de Todos intensificaron la debilidad política del Gobierno dentro del Congreso, y ese también fue el caso del Senado, donde la disidencia de algunas fuerzas provinciales y gobernadores para lograr quórum y mayoría, frustró las intenciones de al menos aprobar el proyecto en el Senado, por el momento. Aunque no se puede descartar que se retomen negociaciones para volver a impulsar el debate en agosto, la debilidad política del Gobierno, sumado a su necesidad de negociar con Juntos por el Cambio la agenda legislativa para lo que queda del año, muestra un éxito por demás poco probable de esta iniciativa, así como de otras propuestas del kirchnerismo.
Como decíamos desde estas páginas ayer, la avanzada del Poder Judicial en la impunidad al espionaje ilegal en causas a funcionarios del macrismo sobre organizaciones, está habilitando nuevas persecuciones sobre organizaciones sociales, como denunció una gran movilización contra Gerardo Morales y su Poder Judicial en Jujuy. La carta de Cristina el lunes, y las nuevas declaraciones del kirchnerismo durante el martes, pueden entenderse como confirmaciones de que la Corte, y detrás de ella los jueces de Comodoro Py, huelen la debilidad del Gobierno y se preparan para un posible recambio de poder político.
Sin embargo este modus operandi del Poder Judicial interviniendo en el terreno político no es nuevo, sino que se viene configurando hace algunos años mediante un salto en la subordinación a la política de Estados Unidos. Por eso la discusión de una Corte más “federal” por poner en manos de las provincias sus miembros, como propone el Frente de Todos ahora para diluir el poder actual de los cortesanos, no modifica la estructura y rol de esta institución, que se vuelve a alinear de acuerdo a los tiempos políticos y siempre en beneficio de un sector o de otro de las clases dominantes. Incluso los gobiernos kirchneristas mantuvieron una relación de convivencia con grandes sectores de esa casta judicial y el entramado de espionaje que está indisolublemente ligado a ella.
El debate de reforma de la Corte para modificar su cantidad de miembros es un cambio cosmético, mientras se mantiene su rol "contramayoritario" y contrario a los intereses populares. Un cambio profundo del sistema judicial necesariamente comienza por establecer que los jueces sean elegidos por el voto popular, así como su posibilidad de remoción, de forma directa, terminando con todos sus privilegios de casta política y el, que cobren lo mismos que un trabajador o trabajadora, implementando los juicios por jurados. La fuerza para frenar los avances en la persecución a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos mediante el espionaje ilegal y causas armadas, está en las calles, con la movilización de trabajadores ocupados y desocupados en unidad, como afirmó hoydesde Jujuy el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca. |
