Natalia Hernández, del PTS-FITU insistió en la urgencia del pase a planta de los municipales de salud y acompañó el reclamo de vecinos de Virrey del Pino por obras de infraestructura. Las demandas de los trabajadores en el recinto y en las calles. Pasos necesarios para organizar la fuerza de la clase trabajadora para enfrentar el ajuste.
En la sexta sesión legislativa en el Concejo Deliberante de La Matanza las demandas urgentes de millones en el distrito siguieron postergadas. Para oficialistas y opositores de derecha los problemas de vivienda, salud, educación, alimentación o el reclamo contra la precarización laboral siguen ausentes.
Durante el debate chocaron dos perspectivas. Por un lado, la idea del PTS-FITU en los debates propuestos por Natalia Hernández para poner las bancas al servicio de que los trabajadores se organicen por abajo, forma independiente de los gobiernos para enfrentar el ajuste y conquistar con lucha cada una de las exigencias. En frente, la posición del Frente de Todos que denosta la organización democrática por abajo, desarmando a los trabajadores para enfrentar el ajuste y una confianza en “la gestión” por arriba de los reclamos de los de abajo qué, una vez más parece un espejismo ante los planes del FMI.
¿Pase a planta o continuar el modelo precarizador?
Este proyecto, “surgió de un debate colectivo con los mismos trabajadores - planteó Natalia Hernández interpelando a los concejales-. Estuvimos en asambleas y recorridas de los hospitales. Son quienes en La Matanza protagonizaron enormes movilizaciones en pandemia, peleando por aumento salarial y denunciando la precarización laboral que no solo afecta a ellos mismos sino también a miles que se atienden en los hospitales. Para quienes el Germani, el niños, el Policlínico y el Equiza son los únicos lugares adonde pueden acudir ante una emergencia o tratamiento de su salud”
Desde las bancas del FITU se exigió la urgente aprobación del pase a planta permanente de los municipales de la salud y desde el oficialismo apoyaron un circuito interminable entre comisiones y comunicaciones que sigue dilatando el tratamiento del proyecto. La precarización viene de años, hasta décadas, donde son contratados a término, monotributistas y hasta “empleados” a través de cooperativas municipales y hasta del Potenciar Trabajo, a pesar de cumplir tareas iguales a los municipales.
En este último caso, un ejemplo concreto sobre lo que implica “dejar de tercerizar” los programas sociales en organizaciones sociales para pasarlas a la órbita municipal. Fernando Espinoza desde hace años lleva adelante el proyecto propuesto por Cristina Kirchner: que los planes sociales sean monopolizados por los intendentes. Para los trabajadores implica un retroceso total en materia de derechos laborales: salarios de $ 19.500 cuando la canasta familiar medida por ATE Indec supera los $ 160.000 para no ser pobre, además de no tener derechos a la sindicalización, a tener una obra social, jubilación ni vacaciones.
Los concejales del Frente de Todos que “representan” los sectores sindicales tampoco dijeron una palabra para poner en la agenda los derechos de miles de trabajadores precarizados
Es muy difícil que planteen que "no hay plata", remató Natalia recordando que votaron un presupuesto superavitario que destinan apenas el 0,57% del presupuesto para políticas de género en el segundo distrito con mayor cantidad de víctimas en proporción a la población, pero sí deciden incrementar un 158% lo destinado a publicidad.
De internas y roscas, mientras los trabajadores siguen perdiendo
“Acá en La Matanza, la CTA y la CGT, ¿por qué no empiezan a convocar asambleas en los lugares de trabajo para qué decidan las y los trabajadores? Estoy segura qué estarían por plantear un plan de lucha efectivo para ir por todo”, interpeló Natalia Hernández a los dirigentes sindicales que, desde hace más de seis años, realizan todo tipo de maniobras para que la bronca que se gesta por abajo no se exprese en las calles.
La respuesta del concejal Luis Velázquez, dirigente de Camioneros y referente de una de las CGT matanceras (funcionan dos CGT regionales enfrentadas), señaló qué su representatividad para tomar decisiones es porque los votan cada cuatro años. Además, continuó sin ruborizarse que “sus 20.000 afiliados están bien" pagos y por esto no necesitan aumento salarial y tampoco salud pública porque tienen una obra social "que funciona muy bien".
Como los afiliados a Camioneros “están bien” ¿es qué uno de los dirigentes de la CGT plantea que no hay motivos para hacer asambleas y enfrentar el ajuste? Una vez más se chocan dos perspectivas. La del peronismo expresado por Velázquez, que apuesta a la fragmentación de los trabajadores con una lógica corporativa para que peleen divididos, atomizando y disminuyendo la fuerza de los trabajadores para enfrentar el ajuste en curso que su gobierno del Frente de Todos aplica sobre ocupados, desocupados, afiliados y no afiliados.
En la vereda de enfrente, el proyecto que impulsa el PTS y la izquierda clasista, para unir a los trabajadores sin importar su forma de contratación o afiliación sindical. Una apuesta para desarrollar la organización consciente para enfrentar el ajuste del FMI, que va más allá de tal o cual gremio.
Un debate ajeno a los derechistas de Juntos por el Cambio, que si hacen alguna mención al movimiento obrero, es de forma chicanera o directamente para atacar a cualquier tipo de organización sindical y de los trabajadores. En la sesión “saludaron” Daniel Troncoso, quien es señalado por los trabajadores por no pelear por salarios y condiciones laborales y seguirá un nuevo mandato como secretario general del Sindicato de Municipales de La Matanza.
Virrey del Pino, la lucha de los vecinos ante los problemas estructurales
El núcleo de estos debates también se expresó en los proyectos de ordenanza municipal presentados desde el PTS-FITU para crear un puente que unifique los cinco barrios de Virrey del Pino que quedan aislados por la construcción de la autopista Juan D. Perón, que beneficia a las multinacionales para que su transporte de carga llegue rápidamente al puerto. Y el pedido de evaluación ambiental por las inundaciones qué se generan en los barrios a partir de las obras.
El proyecto fue parte de una elaboración común entre vecinos autoconvocados organizados en asambleas, propusieron la realización de las obras y las evaluaciones ambientales se realice conformando comisiones de seguimiento de la obra junto a profesionales y vecinos que son los más preocupados por su correcta ejecución. A su vez, tener acceso a la información a los proyectos y puedan debatir sobre el rumbo de la obra.
Lo contrario a los manejos del Estado, donde con suerte informan las decisiones tomadas lejos del barrio y con intereses ajenos a los vecinos. También, una propuesta de poner las bancas al servicio de la organización de los vecinos que, además de presentar su reclamo y sus conocimientos, pensaron cómo aportar a un proyecto en el Concejo Deliberante.
Además decidieron en base a debates, consciente y voluntaria que su participación en la movilización del pasado 9 de julio era importante para unir su reclamo a cientos de sectores que se expresaron en las calles contra el FMI. Porque en sus barrios, donde la obra pública para vivienda, cloacas y asfaltos está postergada año tras año, saben que no será distinto si seguimos atados al Fondo Monetario.
“Justo en esos días”, cuando estaban definiendo movilizarse al municipio los vecinos informaron que las autoridades municipales habían comunicado que se realizarían las obras. Los vecinos se mantienen en alerta hasta qué se cumpla. En otro ejemplo que muestra la reticencia desde el oficialismo a la organización desde abajo, el concejal Sergio Landín, ex subsecretario de Fernando Espinoza y actual vicepresidente del Concejo Deliberante de La Matanza buscó disminuir lo más posible la organización vecinal al plantear que la obra aprobada es por “gestiones de funcionarios”, ninguneando toda la actividad desarrollada en los barrios por cientos de vecinos.
La necesidad de una respuesta organizada desde abajo
Cada una de las actividades desarrolladas desde las bancas parlamentarias del PTS-FITU como en el Concejo deliberante de La Matanza, son una parte de una tarea para que los diferentes sectores de la clase trabajadora sean sujetos activos y conscientes a partir de sus reclamos específicos. Al mismo tiempo es una tribuna desde donde denunciar la miseria y el entramado al que nos llevan los capitalistas y sus gobiernos.
El derecho a un ambiente sano y contra la contaminación, contra el gatillo fácil y la violencia policial. Los docentes que defienden la escuela pública y exigen presupuesto para infraestructura y alimentación de la niñez. Por los derechos laborales, como lo hicieron los trabajadores de salud y el estructural reclamo de tierra y vivienda, que este 25 de julio encontrará movilizando a las y los vecinos de 1 de Noviembre de Ciudad Evita, con más de 400 familias qué no tienen donde vivir.
Lograr la unidad entre las luchas en curso es una tarea elemental para fortalecer cada pelea y enfrentar el régimen del FMI. Porque, como expresó Natalia Hernández, “se fue Guzmán, pero vino Batakis que es más Guzmán que el mismo Guzmán”. El régimen del FMI que quieren aplicar los mismos partidos que nos gobernaron todas estas décadas y nos trajeron a esta situación implica un mayor ajuste para el pueblo. Por eso, la apuesta del PTS es a construir una gran fuerza social y política de la clase trabajadora y las mayorías populares que plantee una salida socialista a la crisis nacional.