Mientras la crisis que atraviesa el país se aceleró en los últimos días con una corrida cambiaria, récord inflacionario y presión devaluatoria, Alberto Fernández volvió a empuñar la lapicera (sin objeciones por parte de la vicepresidenta) para rubricar una medida de ajuste. Mediante el Decreto 426/2022 publicado en el Boletín Oficial de este viernes, el Gobierno oficializó la prohibición de las contrataciones de personal en el Estado hasta diciembre de 2023.
La decisión había sido anunciada por la ministra Silvina Batakis durante su primera conferencia de prensa tras ser nombrada como reemplazante de Martín Guzmán para encabezar el gabinete económico, profundizado así la ruta ortodoxa del exfuncionario y sepultando cualquier tímida y fugaz expectativa de un cambio de rumbo. La nueva medida aplica tanto a la administración pública central como a los entes descentralizados, e instruye a las empresas de mayoría estatal y fondos fiduciarios a seguir el mismo camino.
Con el considerando de que “resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal”, el decreto congela cualquier designación a planta transitoria, contrataciones por tiempo determinado, indeterminado, a tiempo parcial y de trabajo eventual, así como también las que se realizan “por prestación de servicios” (la lamentablemente extendida modalidad de “monotributistas”), aunque excluye designaciones de nuevos funcionarios. Imposible de distinguir de las resoluciones tomadas hace no tanto tiempo por la gestión de Mauricio Macri.
A la par de cristalizar la herencia menemista de la precarización laboral en el Estado (junto con el fiasco del “Plan de Regularización del Empleo Público, que concursó para planta permanente a 4.500 personas de las 29.000 prometidas), la medida afectará en el mediano plazo a los ritmos y volúmenes de trabajo, ya que establece que cuando se abran vacantes por renuncias, jubilaciones, retiros voluntarios o bajas de contratos, no podrían suplirse sino hasta que las áreas puedan “validar la criticidad o necesidad estratégica para el funcionamiento” y pedir una autorización.
La resolución oficializada hoy acompaña al paquete ortodoxo anunciado por Batakis, que intenta sostener el acuerdo pactado por Guzmán con el FMI e incluyó, a su vez, la creación de un Comité Asesor de Deuda para atender las necesidades de los especuladores y tasas de interés positivas respecto de la inflación. Pocos días después, el Banco Central ofreció a los bancos la posibilidad de vender los bonos con vencimiento a fin de mes a la propia autoridad monetaria.
Esta batería de señales hacia “los mercados” y los banqueros (y mientras se analizan posibles beneficios cambiarios para que el agro liquide granos) contrasta con las políticas del Gobierno hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado y, como correlato, para los sectores más vulnerables que son quienes más dependen, en la mayoría de los casos, de la gestión de distintos organismos públicos (hospitales, ANSES, PAMI, por sólo mencionar algunos).
El mensaje de confianza hacia los mercados de la ministra ubica al empleo público y a los recursos de la Administración Pública, nuevamente como el lugar elegido para achicar el “gasto”. Lejos de las promesas de campaña de recuperar lo perdido durante el macrismo (que en el caso de los estatales se trató de una caída fenomenal del salario de más del 40 %), las políticas del Frente de Todos no sólo sostienen el empeoramiento de las condiciones de vida, sino que las profundizan a demanda del Fondo Monetario Internacional, imponiendo mayor precariedad en medio de una escalada inflacionaria que pulveriza a diario los bolsillos populares.
Mientras los sectores de poder presionan por más aumentos y devaluación (y reciben cada vez más concesiones), las puertas están cerradas para las demandas de los sectores más golpeados por la crisis, que siguen saliendo a la calle en medio de una enorme campaña de estigmatización y criminalización. En el caso de las trabajadoras y trabajadores ocupados, la situación es todavía más irrisoria: la CGT confirmó que realizará una movilización sin paro, recién dentro de un mes y que no será “a favor ni en contra del Gobierno”.
En sintonía con el inmovilismo de la Central, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, hizo gala de la complicidad permanente a la que ya tiene acostumbrados a los estatales y salió a respaldar a la ministra Batakis tras los anuncios, manifestando que “son lógicos y con sentido común para el momento que vivimos”.
Por su parte, la conducción nacional de ATE encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy difundió hoy un llamativo mensaje donde festeja haber anticipado que el decreto no afectaría, a priori, el ya trunco plan de regularización y afirma que “Seguimos avanzando”. Algo que parece una jugada para una competencia de tibieza contra la dirección kirchnerista de ATE Capital, que mediante comunicados y declaraciones mediáticas de Daniel Catalano, expresan disgusto y preocupación a Batakis pero sin un atisbo de impulsar alguna medida de lucha.
Frente a la parálisis cómplice y declaraciones vacías de las conducciones, desde la Agrupación Marrón Clasista de ATE planteamos la necesidad urgente de redoblar la organización y exigir a los sindicatos plenarios y asambleas, sin divisiones por tipos de contratos o afiliación, para impulsar un paro en todo el país y un verdadero plan de lucha contra el ajuste, por el pase a planta, por salarios que alcancen a la canasta familiar y se actualicen por inflación. Demandas básicas y urgentes que pueden pelearse si se pone en juego la propia fuerza, en unidad con todas y todos los que salen a luchar y por las que el próximo miércoles 27 salimos nuevamente a las calles.
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