El sistema de pensiones es uno de los sectores que, durante el Gobierno de Evo Morales, fue parte del proceso de “nacionalizaciones inteligentes”, como las habría definido el ex vicepresidente, Álvaro García Linera.
Recordemos que el BBVA se hizo cargo de los recursos para la jubilación consolidándose como accionista mayoritario de la AFP Previsión, en junio de 1997, con la promulgación de la Ley de Pensiones del 29 de noviembre de 1996 que establecía la administración privada de los descuentos laborales por concepto de pensiones de las y los trabajadores. Se inauguraba así el sistema de capitalización individual.
Ahora bien, la nacionalización “inteligente” del sistema de pensiones fue realizada el 2010 con la Ley 065 que establecía la administración estatal del “Sistema Integral de Pensiones” así como “de las prestaciones y beneficios que otorga", pero manteniendo el sistema de capitalización individual. Es decir, que la llamada “nacionalización”, mantuvo el sistema establecido por Gonzalo Sánchez de Lozada que eliminó el sistema solidario de jubilación, y solo modificó que la administración de estos fondos individuales debía ser realizada a través de una gestora estatal.
¿Cómo surge la demanda contra el Estado boliviano?
La demanda de arbitraje fue interpuesta por el BBVA contra Bolivia el 31 de julio de 2018 y el 20 de agosto del mismo año, la solicitud del laudo arbitral se registró en el Ciadi.
Esta demanda surge porque el Estado boliviano es responsable de no haber garantizado, luego de más de una década, que la gestora estatal se haga cargo -controle y administre- toda la información y los recursos en manos de la AFP Previsión cuya accionista mayoritaria es el BBVA. Es decir, se produjo una demora en el traspaso de las operaciones de la AFP a la Gestora Pública.
En este sentido, como afirma una nota de prensa de La Razón, según fuente del portal Crónica Vasca, el documento del laudo arbitral no cuestiona la nacionalización de la administración de los aportes de jubilación, sino que el fallo es por “el aplazamiento de forma continua e injustificada” que «ha perjudicado las operaciones de BBVA Previsión y consumido sus recursos».
Esta situación está provocando que algunos economistas y representantes de la oposición como el ex presidente, Carlos Mesa, hablen de que el MAS, y en este caso, Evo Morales, hizo una “falsa nacionalización” y señaló que por “sus engaños, ineptitud y corrupción Bolivia debe pagar millonarias multas que aumenten la pobreza”. Claramente la crítica aprovecha las jugosas indemnizaciones que el Estado ha cancelado y todavía debe cancelar para cuestionar el conjunto de las “nacionalizaciones” que, desde el 2006, has costado más de 714 millones de dólares (EFE).
Por otra parte, el abogado constitucionalista, Isrrael Quino, que fue entrevistado frente a este caso por medios de prensa y televisión oficialistas, señaló que no es de extrañar que el CIADI, por su naturaleza, tienda a fallar en favor de los intereses y capitales privados y recordó que ése fue el motivo por el que, durante los años de gobierno de Evo Morales, éste haya procurado retirarse de dicha instancia. En la misma línea, el propio Morales declaró que cuando inició los procesos de nacionalización había sido advertido por miembros de su gabinete de que las trasnacionales podían demandar al Estado y en ese sentido “sutilmente” responsabilizó a Luis Arce Catacora ya que en ese momento era su ministro de economía.
Este domingo, en la radio Kawsachun Coca donde Evo Morales tiene un programa dominical señaló: “No se puede entender que la derecha agarre ese tema para cuestionar la nacionalización usando el CIADI porque nos ha ganado esta demanda. Ahora de las AFPs estaba a cargo del hermano Lucho Arce, él conoce muy bien, es un área económica, estos días seguramente va explicar ese tema perfectamente”.
Por un sistema de pensiones basado 100% en el aporte patronal
Como se hace evidente, las nacionalizaciones inteligentes del MAS fueron en realidad estatizaciones que respetaron y se llevaron adelante en los marcos de toda la legalidad y la normativa neoliberal establecida años atrás. Lejos de expresar una afirmación soberana del Estado frente al capital trasnacional, en los hechos, solo significó, en el mejor de los casos, una participación más equilibrada entre capitales nacionales y extranjeros.
Rechazamos el fallo de la CIADI, abiertamente neoliberal y al servicio de las trasnacionales que lucran con los fondos de pensión de miles de trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que denunciamos la política contemporizadora del MAS con estos capitales y que hoy se traducen en millonarias indemnizaciones a quienes se enriquecieron con los recursos del país durante años.
Nuestra crítica a las nacionalizaciones que hizo el MAS está en las antípodas de los argumentos de la derecha que en última instancia añoran las recetas neoliberales. Nuestra crítica a las nacionalizaciones que hizo el MAS es que una verdadera nacionalización debe ser impulsada, desde abajo, con la movilización independiente del pueblo trabajador para en primer lugar rechazar cualquier pago de indemnizaciones a los empresarios que lucran de la administración y control de servicios básicos y de nuestros recursos. Pero además, tenemos que luchar por un sistema de reparto que esté basado fundamentalmente en los aportes patronales y empresariales a la seguridad social, ya que la misma no es otra cosa que un Salario Social Diferido en el tiempo. Este sistema debería ser administrado por las y los trabajadores, jubilados y profesionales, para que podamos tener jubilaciones que cubran nuestras necesidades y que permitan una vejez digna. | 
