Treinta años después de las privatizaciones que ningún gobierno puso en cuestión, más de 14 millones de personas viven sin tener la posibilidad de acceder a alguno de los servicios públicos. Una familia sin tendido eléctrico y gas de red puede gastar alrededor de $16 mil por mes. Mientras sigue en marcha el plan de aumentos segmentados del Gobierno a pedido del FMI, los problemas estructurales de las grandes mayorías siguen sin resolverse.
La historia de Ramona no es la de miles, sino la de millones. Vive en un barrio precario del Gran Buenos Aires, sin acceso al tendido eléctrico ni a red de gas. “Tenemos que dejar de comprar otras cosas para poder comprar la luz”. Aunque suene rara esa expresión, es sumamente exacta y precisa. “Tengo luz prepaga. Cargamos todos los días $ 500”. De manera cotidiana, en algún momento del día, los integrantes de su hogar se turnan y a alguno de ellos le toca ir al kiosco a recargar el medidor prepago para que nos los agarre la noche o las bajas temperaturas sin poder prender la lamparita o la estufa eléctrica. Compran la luz, como compran cigarrillos, golosinas o bebidas. Y si un día no hay plata, no hay luz.
En ese barrio, el que quiere gas tiene que tener el dinero para comprar una garrafa. “Gastamos casi $ 1.000 por garrafa y no llegamos a que nos dure el mes”.
Ese hogar del conurbano bonaerense, donde por supuesto no abundan los altos salarios, tiene que gastar unos $ 16.000, calculando una sola garrafa al mes, si quiere tener luz y gas durante todo el mes. Una cifra que equivale a más de un 70 % del Potenciar Trabajo y a un 35 % de un salario mínimo vital y móvil.
Casi la mitad de los hogares no tienen acceso a un servicio público
Un informe elaborado por el Indec sobre Indicadores de Condiciones de Vida en el segundo semestre de 2021, indica que más del 43 % de los hogares de nuestro país vive sin acceso a alguno de los siguientes servicios públicos: agua corriente, gas y cloacas. En cantidad de hogares estamos hablando de 4.109.000 y 14.090.000 de personas.
Según este relevamiento, el 29,7 % de los hogares argentinos no tiene gas de red, el 25,8 % no tiene cloacas y al 11 % le falta agua corriente. Si hablamos de personas, los números aumentan y son los siguientes: 33,9 % no tiene gas de red, el 29 % no tiene cloacas y el 12,4 % no tiene agua corriente.
Vivir con medidor pre-pago tiene múltiples desventajas. No puede terminar el día sin que alguien se fije cuánto crédito queda para usar y si por alguna circunstancia eso no se puede hacer, o lo que es peor no hay dinero para cargar saldo, “la luz se corta y tenemos que volver a las velas” como le cuenta David Maidana, docente y concejal por el PTS en el Frente de Izquierda, también a este medio. "Energía para pobres" llama a esta modalidad.
David vive en un barrio donde la única forma de tener luz es así. No hay otra. La luz pre-pepaga es el método que encontró Edenor para aumentar sus ganancias. ¿Cómo? En zonas donde se registraba un alto porcentaje de usuarios con atrasos en sus facturas, o directamente con falta de pago, resolvió implementar esta modalidad y de manera compulsiva le impuso a sus usuarios que de ahora en más la luz iba a ser así.
Además, vivir en estas condiciones termina siendo mucho más caro. El kilowatt del medidor pre-pago se encuentra tarifado un 25 % más caro que en el caso de la luz convencional. A esto hay que agregarle que , si por casualidad, el hogar al que pertenece el medidor que se va a recargar registra una deuda, esta se descuenta en cuotas en cada una de las cargas virtuales que se hace.
En nuestro país, 10 millones de personas sufren lo que se llama “Pobreza Energética” porque no pueden acceder a los servicios de energía o deben destinar más del 10 % de sus ingresos al pago de las facturas de esos servicios, como los casos que acabamos de ver.
Una mirada integral de todo el sistema energético
Abrir la canilla y que salga agua potable, llegar de la calle un día en pleno invierno y poder calefaccionarse, prender la luz a mitad de la madrugada para ir al baño o socorrer a un hijo, suenan acciones simples, pero para millones no lo son. Aunque cueste creerlo, en muchos hogares se abre la canilla y no sale nada o sale barro; en plena madrugada no queda otra que prender una vela para ver algo; y la calefacción es a la vieja usanza: braseros, ladrillos calientes que se envuelven en diarios para calentar camas y cosas por estilo.
Treinta años después de las privatizaciones, queda claro que las consecuencias de semejante política solo sirvieron para generar un fabuloso negocio del cual se beneficiaron unos pocos y se perjudicaron las grandes mayorías, sobre todo las familias trabajadoras, los hogares con bajos recursos y quienes viven en zonas donde esos servicios no llegan.
¿Y de quién es la responsabilidad de que eso sea así? Acá hay una responsabilidad compartida. Por un lado, los empresarios que ganan por dos vías, ya que aumentan tarifas y a la vez reciben subsidios millonarios por parte del Estado (sólo el año pasado recibieron casi 11.000 millones de dólares y para el año que viene se proyectan unos 15.000 millones). Y por el otro, del propio Estado que permite que esto pase con los servicios públicos que deberían ser un derecho esencial y no un negocio capitalista.
Es necesario, como se viene reclamando desde la izquierda, tener una mirada integral de todo el sistema energético. Hay que terminar con las privatizaciones, nacionalizando los servicios públicos y la producción de hidrocarburos. Un sistema energético nacional integrado, bajo administración de sus trabajadores y control de usuarios de sectores populares y movimientos ambientalistas, permitiría garantizar tarifas accesibles para el pueblo trabajador, al mismo tiempo que extender y mejorar la calidad de los servicios cuidando nuestros recursos naturales y el ambiente.
