Fotografía: Joaquín Ramirez
En agosto pasado salió a la luz el informe sobre Violencia en el Noviazgo Adolescente realizado por el Programa Construyendo Igualdad de Género de la Defensoría del Pueblo provincial. Allí, entre otros escalofriantes datos se lee que el 95,25% de los jóvenes encuestados reconoció haber vivido al menos uno de los indicadores de violencia (física, psicológica, sexual) en sus relaciones de pareja; el 72,67% encuentran en los celos la principal causa de la violencia en las relaciones; el 53,3% de las jóvenes reconoció que la violencia en las parejas es muy frecuente y el 72,8% de las mismas afirmó que es muy frecuente que la violencia en el noviazgo continúe en el matrimonio.
La brutalidad de los números golpea. Constituyen parte del marco social en el que se construye cotidianamente la vida de cientos de miles de cordobeses y cordobesas. En esas percepciones profundas de cientos de jóvenes, de entre 15 y 19 años, es posible leer las marcas de una violencia social, cultural y políticamente construida. Violencia hacia las mujeres que, llevada al extremo, implica el femicidio. Violencia y brutalidad contra la juventud pobre de los barrios que, en su límite más oscuro, desemboca en el gatillo fácil.
Centro y periferia (o como ocultar a la juventud pobre)
La Córdoba delasotista se ha construido al calor de la elitización y la discriminación socio-cultural. La polarización social resultante se pudo apreciar, iluminada por el fuego, en diciembre de 2013. En esas jornadas aciagas los pobres y marginados se apropiaron de las calles y los saqueos mostraron una enorme diferenciación social, esa diferenciación a la que Pablo Seman denominó “abismos de la desigualdad”.
El delasotismo aportó a la construcción de una ciudad que recrea y amplia un esquema que podríamos denominar de “centro-periferia”: un centro “embellecido”, donde los pobres que habitaban las villas miseria se esfumaron y, en su lugar, emergen enormes edificios de departamentos pagados por las gigantescas ganancias de la soja. Allí, a su lado, se construyen hermosos paseos donde ayer eran albergadas las mujeres presas en la dictadura.
Un centro “limpio” de jóvenes pobres que difícilmente superan los retenes policiales en puentes o calles céntricas, donde se hallan los policías encargados de vigilar la “pureza” de la ciudad.
Ciudad apta para turistas extranjeros pero no para jóvenes cordobeses pobres.
Esa dualización social se construyó -en la última década y media- a partir de una política estatal destinada a hacer una ciudad donde lo “feo y sucio” -léase lo pobre- fuera a parar a la periferia. Allí surgieron los barrios-ciudades, verdaderos guetos de exclusión social y urbana, donde ni siquiera llega con certeza el transporte público.
Como separar la violencia de la narco-policía hacia los jóvenes de las barriadas pobres de la condición de “paria social” a la que son condenados por el gobierno provincial y su política de “reordenamiento urbano”. El gatillo fácil aparece casi como el complemento necesario de impedir que los jóvenes pobres circulen y tomen como propia la ciudad. La impunidad policial se refuerza a partir de la constante reivindicación de su accionar “contra la delincuencia”, por parte de las autoridades provinciales y de la protección que les dispensa la justicia.
Justicia femicida
La brutalidad de los femicidios no deja de horrorizar. El asesinato de Paola Acosta golpea. La recuperación de su hija Martina es una luz entre tanta violencia de género. Muchos periodistas y comentaristas repiten y analizan “lo inentendible” del hecho. Pero lo aberrante no es, en sí mismo, inentendible. Hay un marco social para este crimen y los otros doce femicidios que ocurrieron en la provincia en 2014. Allí, donde hay que situarlos, la justicia y las instituciones estatales no cumplen un rol inocuo.
Quien no recordó, al conocer el brutal asesinato de Paola, a Silvana Córdoba, muerta por su pareja Carlos Molina quién -a pesar de haber asesinado a Elsa Cano, su anterior pareja, en el año 2007- estaba libre. Quien no pensó en los miles de casos de violencia familiar y de golpizas hacia mujeres, niñas y niños que quedan impunes o mueren en cada mesa de entrada de una comisaría o en los tribunales.
No está de más recordar el carácter patriarcal de una justicia que, como denunciaba hace pocas semanas Leticia Celli http://www.lavoz.com.ar/opinion/lo-..., llega incluso a impedir la aplicación del protocolo de abortos en casos derivados de una violación, vigente en el Código Penal desde hace décadas.
Una impunidad que puede y debe terminar
Hablando del asesinato de Paola, el gobernador De la Sota declaró que “la educación va a hacer que esas cosas no ocurran más”. Una de sus habituales muestras de cinismo a las que estamos acostumbrados. Su preocupación por la educación “olvida” a las decenas de miles de docentes que hace meses (o años) no cobran sus salarios o las escuelas que se caen a pedazos. La respuesta de De la Sota evidencia su desinterés por los femicidios.
Pero la impunidad de las palabras de De la Sota es la que consagra la justicia de Córdoba. Una impunidad para los que, de manera eufemística, suelen ser llamados “poderosos”. Pero que no son otros que los empresarios, los políticos que garantizan sus negocios o figuras ligadas de alguna u otra forma a esos sectores de la sociedad. Como denunció el padre de Paola, acerca del asesino de su hija, “aunque le den 100 años, va a estar tres meses preso porque es de una familia con dinero".
En Córdoba parece no haber justicia para los pobres, para las mujeres, para los jóvenes de los barrios populares. La justicia tiene su exclusividad. Lo denunciaron los familiares del Elsa Cano días después del asesinato de Silvana Córdoba. Lo denuncian los Familiares de las Víctimas del Gatillo Fácil que este jueves se movilizaran para exigir celeridad en las causas contra los policías responsables.
Tanto los pasos que vienen dando estos familiares en la coordinación y el llamado a movilizarse, así como la importante marcha de repudio al asesinato de Paola, que reunió a miles de personas el lunes pasado, muestran que frente de semejantes flagelos y a tanta impunidad consagrada por la justicia, otra Córdoba puede empezar a ponerse en pie. | 
