En las últimas semanas venimos viendo varias movilizaciones de los “movimientos sociales” (trabajadores desocupados, precarizados, changarines y cuentapropistas) que toman las calles en una lucha por trabajo genuino y aumento de los planes sociales ante la escalada inflacionaria. La novedad de los últimos días, es que a estas movilizaciones que venían siendo de sectores independientes al gobierno nacional, ahora se sumaron algunas agrupaciones afines o parte del gobierno, como la CTEP-UTEP de Grabois, que en las universidades forman parte del bloque Patria Grande/La Mella.
Estas organizaciones salieron a las calles en respuesta a las persecuciones judiciales y allanamientos (destacándose en la provincia de Jujuy, donde se realizaron más de una docena y la provincia de Buenos Aires donde hubo veintitrés) que recibieron días después de que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner haya arremetido contra los movimientos sociales públicamente en un acto en Avellaneda. También contra el ajuste del gobierno con el cierre de cupos para anotarse al plan “potenciar trabajo”, y el ajuste fiscal que profundizó la ex ministra de economía Silvina Batakis. Este giro a derecha luego se profundizó con las concesiones al agro y los empresarios que se terminarían coronándose con el nombramiento de Sergio Massa como superministro para consolidar el ajuste.
Es así que estas organizaciones salieron a la calle en los últimos días, con el planteamiento de un Salario Básico Universal (SBU).
Las palabras de Cristina Kirchner y la realidad de la clase trabajadora
En el acto con la CTA, la vicepresidenta se quejó, diciendo que "hay demasiados planes sociales", comparando que en 2015 (al final de su gobierno) el desempleo era “bajo”, similar al actual de un 7%, y no había la cantidad de planes de hoy.
Sobre el índice de desempleo el INDEC lo mide en base a la encuesta permanente de hogares (EPH), donde la pregunta es “Si la persona trabajó, al menos una hora en la última semana”, sin tomar en cuenta la calidad del trabajo, si es con derechos o no, el nivel de salarios, etc. En este sentido en la comparación de 2015, lo que olvida decir la vicepresidenta es que la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora con el macrismo y el Frente de Todos es notable. Según el INDECpara abril de este año el poder de compra de los trabajadores registrados privados está un 21,7 % por debajo de 2015, en el sector público registrado la pérdida es del 28,2 % y en los no registrados llega al 32%.
Pero la situación es incluso peor si tomamos los datos de empleo del primer trimestre de 2022, los cuales se conocieron unos días después del acto en Avellaneda.
En dicho informe destaca el crecimiento del trabajo no registrado: 200 mil personas pasaron (o ingresaron) a trabajar sin ningún tipo de derechos. Un incremento que pasó del 33,3 % a 35,9 % la precarización laboral.
También según el INDEC el 60% de la población asalariada percibe un ingreso menor a $60.000. Teniendo en cuenta estos datos se puede deducir que la mayoría de las personas que hoy cobren o quieran cobrar un plan social ya esté trabajando y perciba un salario, pero solo con este no le alcance para vivir.
En ese sentido y a pesar de plantear esta polémica en relación al SBU queremos pararnos de la vereda de enfrente a los grandes medios burgueses y partidos patronales de derecha, como Espert o Vidal, que aprovecharon el envión de los dichos antipopulares de la vicepresidenta para construir un enemigo público común, difundiendo un recorte malicioso y mentiroso de una entrevista que realizó TN a Soledad, una trabajadora y madre desocupada que se había movilizado junto a sus hijos para exigir trabajo genuino y ayuda social que alcance para comer.
Si bien estamos a favor de conquistar todo lo que implique demandas elementales para las mayorías, como poder comer, asegurar un “salario de subsistencia”, no puede ser nuestro horizonte estratégico. En los siguientes apartados queremos discutir los límites económicos y políticos de la SBU.
El proyecto de Patria Grande
Hace unos días se conoció un proyecto presentado por Itai Hagman y el bloque de Patria Grande en la Cámara de Diputados sobre el SBU.
Económicamente el planteo tiene algunos límites. Por ejemplo, el artículo 5 del proyecto, nos dice que la prestación del SBU tendría un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria, a día de hoy unos $15.057. Este monto es más bajó que lo que hoy otorgan distintos planes sociales, y representa menos de la mitad de un salario mínimo vital y móvil, que son $42.240 desde el primero de junio de este año, que queda aún por debajo de la línea de indigencia para una familia.
Además este mismo artículo aclara que el 100% del monto del Salario Básico Universal sólo lo cobrarán trabajadores desocupados, de la economía informal, trabajadoras de casas particulares y trabajadores rurales.
Mientras que si los anotados para el mismo son monotributistas “A” y trabajadores en relación de dependencia que no ganen más que un salario mínimo, solo pueden recibir el 50% de un SBU, lo que es a día de hoy unos $7.528.
Es decir, en concreto el monto que puede recibir un trabajador por el SBU es poco, y con los requisitos puede ser incluso menos, pero hay detalles aún más restrictivos en el proyecto.
El artículo 4, que menciona los requisitos, nos dice en el punto C, que no podrán anotarse para recibir un SBU las personas que hoy perciban ingresos por muchos de los planes existentes, como las becas Progresar, el Potencial Trabajo e incluso la tarjeta alimentar. Tampoco las y los jubilados ni pensionados podrán anotarse para percibir SBU ni las personas menores de 18 años.
En este sentido la “universalidad” del proyecto es bastante limitada, claramente no será para todos. Por debajo de los 11 millones de inscriptos al IFE, el proyecto alcanzaría a 7,5 millones de personas según declaraciones de Hagman.
Tampoco es un ingreso básico, se propone vivir con salarios de indigencia mientras se mantiene el reparto desigual del ingreso entre capitalistas y trabajadores. El proyecto del oficialista Patria Grande apunta a cubrir sólo los costos alimentarios (CBA) pero sin atacar a los monopolios alimenticios que remarcan los precios a su gusto. Según el INDEC la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 41,1% en lo que va del año y acumula un 63,7% interanual. En este tiempo los monopolios alimenticios no pararon de remarcar los precios, así por ejemplo Arcordel magnate Pagani, amigo del gobierno, tuvo ganancias por 54,5 millones de pesos por día; también Molinos, de Pérez Companc, unos 7,5 millones de pesos diarios.
A esto también hay que sumarle la especulación de las exportadoras cerealeras que almacenan toneladas de granos, especulando con alimentos y presionando para la devaluación para pulverizar aún más nuestros ingresos.
El SBU tiene “patas cortas” si el manejo de la producción de alimentos sigue quedando en manos de un puñado de capitalistas y multinacionales que manejan los precios y oferta a su gusto.
El problema de los que nos niegan el pan
Según declaraciones de Hagman “El costo fiscal es grande, pero no es delirante” para financiar el SBU, dialogando con los pedidos de austeridad fiscal del FMI y el “no vamos a gastar más de lo que tenemos” de la ex ministra de economía. Un discurso a tono de su complicidad en que salga el acuerdo con el FMI en el congreso, que luego terminaría absteniéndose en la votación.
Reconocer la estafa de la deuda implica aceptar una soga al cuello permanente, con los planes impuestos por el FMI y sus revisiones que ponen al borde del default trimestralmente a la economía argentina. El peronismo y sus aliados teniendo a su favor a las direcciones sindicales, tanto la CGT como la CTA, (como también la UTEP de Grabois) podría llamar a enfrentar la estafa macrista con un rechazo soberano, para que todos esos millonarios recursos sean puestos en función de las verdaderas necesidades sociales, como vivienda, educación, salud y no a los bolsillos de los especuladores. En ese sentido, lo gastado en pago de intereses de deuda triplicó lo destinado a la Asignación Universal por Hijo.
Fueron las políticas del FMI y los empresarios la que nos llevaron a la actual debacle, con corridas financieras y un espiral inflacionario que pulverizan nuestros salarios. Viejas recetas ya conocidas en el país y el mundo. Es un tanto utópico pensar que se puede lograr algo realmente progresivo para las grandes mayorías manteniendo el régimen del FMI.
Trabajo genuino y con derechos para todos
En 1930 Keynes planteaba en “Posibilidades económicas para nuestros nietos” la perspectiva a 100 años de construir una "edad del ocio y la abundancia" a través del desarrollo tecnológico en el capitalismo que posibilitaría asegurar las necesidades básicas para todo el mundo con sólo 3 horas de trabajo o 15 semanales. Hoy lejos de esto, ni siquiera las alas “progresistas” de los que mantienen el capitalismo plantean algo similar, sino trabajar 8,10 u 12 horas, pero “subsidiar” ese trabajo precario con 15 mil pesos para no caer en la indigencia, un monto que no llega ni al 10% del salario necesario que estipulan los trabajadores del INDEC en $169.802 para una familia de 4 personas.
En una entrevista con Rebord, Juan Grabois afirma que en la “Argentina y en todo el mundo estamos viendo la desaparición del paradigma del trabajo asalariado” a causa de la robotización y la automatización. Por ende descarta que los aumentos de salarios y el reparto de las horas de trabajo tenga “sentido redistributivo” para las mayorías.
Esta afirmación de “fin del trabajo” se choca con la necesidad de explotar, siempre de forma creciente, la única fuente que sostiene las ganancias del capital, que es la fuerza de trabajo. En Argentina según el INDEC hay más de 5 millones de personas sobreocupadas, es decir, que trabajan más de 9, 10 o 12 horas diarias mientras millones no tienen trabajo . No son sólo números, los obreros del neumático en huelga hacen jornadas semanales de 56 horas. Los de Arcor-Bagley Córdoba fueron al paro contra un nuevo turno de 12 horas sin pago de las extras. Los rurales de Ledesma marcharon contra los despidos y las jornadas desde el alba al anochecer. Cabría preguntarle a los compañeros trabajadores de la UTEP que cartonean si se autoperciben como robots o más bien como trabajadores precarizados. El neoliberalismo empuja a la sobreexplotación de la mano de obra, manteniendo un desempleo lo suficientemente alto (ejército de reserva en Marx) para garantizar el trabajo precarizado.
El proyecto de Grabois y Patria Grande no se propone romper ni con la condiciones de explotación neoliberales ni con la dependencia argentina. Sino más bien aceptar una dualización de la clase trabajadora: un sector que trabaje bajo convenio y otro sector que esté condenado de por vida a la asistencia social. Lo que retrocedió no es el trabajo, sino el trabajo con derechos y Grabois se adapta a eso, lejos de combatirlo.
El punto de partida del programa de Grabois es la aceptación de la irreversibilidad del carácter de excluidos de las trabajadoras y trabajadores que conforman la base del movimiento. Como indica Paula Varela, en la crítica a su libro La clase peligrosa: “Esta consideración hecha en nombre del “realismo político”, lejos de abrir la chance de poner freno al neoliberalismo, ha sido una de las condiciones de su profundización en los últimos años. Dicotomizar la “fábrica” y “el barrio” como territorios de lucha de sujetos también dicotomizados, los trabajadores y los excluidos, ha llevado a profundizar una de las principales políticas del neoliberalismo: la fragmentación de los trabajadores. ¿Por qué no discutir los programas de su unificación en lugar de naturalizar una división que es funcional a los capitalistas? ¿Por qué no luchar juntos, asalariados y “excluidos”, por el reparto de las horas de trabajo, si unos sufren en su cuerpo las jornadas de 12 horas y los otros la desocupación? Este debate, que va al corazón de potenciar la peligrosidad de la clase peligrosa, no está siquiera anunciado. En su lugar, la división estructural se refuerza con una división de tareas que beneficia a las burocracias sindicales de la CGT (que sistemáticamente le dan a la espalda a desocupados y precarizados en nombre de preservar los “recursos propios”) y transforma a los dirigentes sociales territoriales en profesionales de la negociación con el Estado.”
Perpetuar la idea de la “economía popular” es una manera de contener la situación actual del capitalismo. Subsidiar la precarización del trabajo y la desocupación para evitar que los hambrientos se revelen y tomen el destino en sus manos. Como diría el Perón de la Bolsa de Comercio: “Cedan algo para no perderlo todo”.
Una salida propia de la clase trabajadora
Desde el PTS en el Frente de Izquierda planteamos Seis medidas urgentes. Un combo de medidas para que los trabajadores en unidad de ocupados y desocupados respondamos con un programa propio ante la crisis.
Con el reparto de las horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana sin afectar el salario, se podrían generar 1 millón de puestos genuinos afectando sólo a las 12 mil grandes empresas como indica el economista Pablo Anino.
El conjunto de medidas va de la mano de asegurar los recursos para las necesidades de las mayorías. El comercio exterior, exportaciones e importaciones, son controlados por un puñado de multinacionales que evaden y fugan, mientras especulan, como las cerealeras que almacenan miles de toneladas de granos sin liquidar, presionando a una mayor devaluación de la moneda. Esta privatizaciones del comercio exterior tuvieron su avance con el menemismo, a mayor control de los puertos por parte de las multinacionales, y nunca fueron revertidas. Es necesario nacionalizar el comercio exterior, estatizando los puertos y las grandes empresas del agronegocio bajo administración de los trabajadores para evitar la corrupción. Planificando así el intercambio comercial y las divisas en función de una producción al servicio de las necesidades reales de las mayorías.
Los bancos son uno de los grandes ganadores, según el Banco Central (BCRA) el año pasado acumularon ganancias netas por más de $133.000 millones, lo que equivale a más de $365 millones de ganancia diaria. Es este sector el que se favorece de la especulación con altas tasas y los que facilitan la fuga de capitales. En las crisis también vemos su rol confiscando el dinero de los pequeños ahorristas como en el “corralito” de 2001. Es necesario nacionalizar el sistema bancario y financiero, con un banco estatal único controlado por sus trabajadores para evitar la fuga y canalizar el crédito para viviendas a tasa cero, para créditos baratos para pequeños comerciantes y microemprendimientos hoy golpeados por la crisis.
Estas medidas hay que imponerlas desplegando una gran fuerza en la lucha contra el FMI y los empresarios que quieren ganar cada vez más. Son ellos o nosotros. Con este programa, las grandes mayorías decidimos democráticamente sobre el destino de los recursos del país que producimos. Se podría desarrollar la obra pública con más viviendas, mejorar los servicios públicos, generar infraestructura de transporte, salud, etc. Pero también en lo inmediato generar un aumento de emergencia para jubilados y programas sociales que no paran de perder poder adquisitivo. No hay tiempo que perder. | 
