Inicialmente, la Coordinadora Feminista de Valencia tomó la iniciativa desde el 28 de febrero, de convocar a las asociaciones de mujeres para organizar una marcha hacia la capital del Estado el 7 de noviembre terminando en una manifestación, para exigir a los partidos políticos un "Pacto de Estado" para terminar con la violencia de género. Las convocantes tienen la convicción de que “el terrorismo machista es una cuestión de estado, y para combatirlo hay que realizar un pacto de estado.”
Además de visibilizar la indignación por la creciente violencia de género, la convocatoria “Contra las violencias machistas” busca un compromiso serio y definitivo de todas las fuerzas políticas y los gobiernos, que recoja y asegure las políticas y partidas presupuestarias necesarias para la atención a las víctimas y la erradicación de la violencia machista.
Son muchas las organizaciones, colectivos y un gran movimiento social que se han sumado a la iniciativa y que están organizando los desplazamientos y la difusión en las redes utilizando los hashtag: #TerrorismoMachista #CuestiónEstado #PactoEstado #NosFaltanTodas #NiUnaMenos #7Noviembre #Madrid #MarchaContraViolenciasMachistas y en un grupo de facebook
Ahora, en pleno “verano negro”, con 63 las mujeres víctimas de la violencia machista en lo que va de año, y a poco más de un mes para las elecciones autonómicas de Cataluña y algo más de 90 días para las generales, gobierno y oposición emplean la defensa de los presupuestos en sanidad, servicios sociales e igualdad como arma arrojadiza. La semana pasada, PSOE y Podemos reclamaron al gobierno de Mariano Rajoy que lidere un pacto de Estado para acabar con la violencia machista.
“Pactos de Estado” contra el feminicidio que, como ya denunciamos, supone una maniobra de los partidos reformistas -continuistas del régimen del 78’-, para mantener estable el régimen económico en el que se reproduce la opresión de género.
El patriarcado está estructuralmente vinculado al sistema de producción capitalista, por eso, un pacto con los partidos y los gobiernos cómplices de la situación de opresión de género, sólo perennizará la liberación de la mujer y los colectivos lgtbi de las cadenas de opresión.
La violencia de género se construye desde los poderes económicos, mediáticos, eclesiásticos y estatales que reproducen el sexismo, la misoginia y el machismo, y es un problema de Estado porque está sostenido por todas las instituciones.
Pero ¿qué medidas favorables a las mujeres pueden salir de un pacto con partidos que, como Podemos, saludan al Papa y mantienen la financiación a la educación religiosa? O el PSOE que gobernando implantó la Reforma Laboral, el "pensionazo" o los recortes en educación y sanidad, entre otras medidas. Ni que decir de los partidos de derecha, homófobos y racistas, que, como el PP, acaba de prohibir el aborto a las mujeres menores de edad.
Antes que pactos con los partidos cómplices de la violencia de género necesitamos un movimiento de mujeres y colectivos LGTBI independiente de las instituciones del Estado, que denuncie la hipocresía de los partidos y las organizaciones patronales, y que exija el control por parte de las organizaciones de mujeres y las víctimas de los presupuestos y los recursos destinados a las políticas de igualdad de género.
Desde Pan y Rosas Estado español apoyamos todas las movilizaciones de las organizaciones de mujeres y feministas por sus derechos. Consideramos de vital importancia un amplio movimiento de mujeres independiente de los intereses del Estado, que más allá de expresar su confianza en las reformas que puedan llevar a cabo los partidos que están -o se preparan para estar- en el gobierno capitalista, se prepare para una amplia movilización que luche contra los feminicidios y contra todo tipo de violencia de género, así como por los derechos de las mujeres.
El aumento de los centros de acogida para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia; garantizados por el Estado y bajo el control de las propias mujeres, las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial y judicial.
Comisiones de mujeres en los centros de trabajo y en los sindicatos, independientes de las patronales, que tomen los casos de acoso sexual y laboral, y con licencias pagadas para las trabajadoras que atraviesan situaciones de violencia.
La separación efectiva de la Iglesia y el Estado, el fin del Concordato y la subvención a la educación religiosa. Educación laica en los valores de la igualdad de género y la libertad sexo-afectiva.
El fin de la discriminación, el acoso y la precariedad laboral, los contratos de obra y servicio, contratas y subcontratas, esto es: el pase a plantilla fija de todas las trabajadoras. La prohibición de los contratos temporales y las ETTs, y el pago de todos los derechos por maternidad.
Derogación de la ley de extranjería. El cierre de todos los CIEs. Derechos y prestaciones para todos y todas independientemente de su lugar de origen. Acceso universal e igualitario a la Sanidad Pública y a todos los servicios sociales con independencia de la situación legal de cada persona, con atención especial de las mujeres inmigrantes victimas de violencia de género. | 
