Desde el 2019 son varias las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado contra el dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, quien en ese entonces Sebastián Piñera, no solo arremetía contra el pueblo mapuche, sino también en ese entonces se anunciaban querellas contra estudiantes secundarios, quienes llamaban a movilizarse, donde la derecha en ese entonces generaba todo un clima a la persecución política.

En ese año del 2019 el dirigente de la CAM afirmaba que que la situación se trata de una persecución directa y focalizada contra las comunidades mapuche, afirmando que la sentencia misma habría sido producto de la presión de las forestales y latifundistas, haciendo un llamado además a las comunidades mapuche que se mantienen activas contra la usurpación y saqueo de sus tierras ancestrales a seguir en pie y movilizadas.

Esta vez la ministra del interior Izkia Sichez bajo el Gobierno de Boric, arremete con nuevamente una línea política focalizada contra la Coordinador Arauco Malleco, quien planteo que quieren resolver los “conflictos de la zona”. “a pesar de ello, hemos querido evaluar el ampliar las querellas en torno a estos hechos que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que nuestro gobierno está comprometido a resolver los conflictos en la zona, como también no va a limitarse a usar ningún instrumento del ordenamiento jurídico”.

Esta política mantiene y perpetua la misma que han tenido los gobiernos de los 30 años frente a la situación del pueblo mapuche, quienes solo buscan salidas “políticas” a punta de militarización y querellas como la Ley de Seguridad del Estado. Hoy esto solo ha mantenido el resguardo a las grandes forestales y sus industrias, de las cuales se ha intensificado con el Estado de Excepción, del cual la medida vence este 30 de julio, donde el actual gobierno pretende extenderla por cuarta vez.

El montaje de la operación Huracán

No podemos dejar de mencionar lo que implico en el Gobierno de Bachelet y la entrada de Sebastián Piñera un montaje donde el gobierno decidió querellarse en el proceso en que se indago la presunta manipulación de pruebas contenidas en informes de Carabineros. Estos antecedentes, entre los que habían supuestos mensajes entre los comuneros en ese entonces imputados, del cual derivo en la detención de ocho comuneros que, posteriormente, fueron sobreseídos. En ese entonces En palabras del fiscal de la Araucanía, Felipe González, los fundamentos del Ministerio del Interior “en ningún caso daban cuenta de la inocencia de los imputados. Es más, dichas anomalías en la actualidad son objeto de una investigación penal distinta, en pleno desarrollo”, aseguró.
Alex Smith el civil que trabajaba para Carabineros dentro de la Operación Huracán, el cual habría creado un supuesto software llamado “Antorcha”, el cual interceptaba mensajes que intercambiaban los supuestos terroristas mapuche, esto pese a que la Policía de Investigaciones haya declarado que el programa nunca funcionó y que las pruebas no existían al momento de la detención, donde la misma institución de Carabineros, el 2018 le hace entrega de un bono de navidad y más de 10 millones.

Acá pudimos ver como las instituciones de brazo armado del Estado han logrado realizar miles de montajes, de los cuales uno de ellos llego al asesinato de Camilo Catrillanca. Como en reiterados casos que terminan siendo más bien montajes o situaciones sumamente confusas, en los constantes intentos de aplicar la Ley Antiterrorista, en la brutal represión y militarización en comunidades mapuche, entre otros aspectos.

El pueblo Mapuche sigue siendo víctima constante de la represión, militarización de sus territorios y los montajes del Estado de Chile. Es necesaria la desmilitarización inmediata del Walmapu, junto con la devolución de las tierras ancestrales y la expulsión de los latifundistas y empresas transnacionales que buscan saquear los recursos naturales y destruir el medio ambiente.