Los manglares son ecosistemas con mucha importancia para el equilibrio ambiental. Las capacidades de estos espacios naturales contribuyen al buen funcionamiento de otros ecosistemas, pues los manglares se encargan de: la captura de altas cantidades de CO2; limpieza y mantenimiento de agua, ya que intervienen en las redes de agua dulce y marina, además de su importancia en la descarga y recarga de aguas subterráneas; controlan la erosión y estabilidad costera; amortiguan los contaminantes que entran en otros ecosistemas; estabilizan el clima de las costas.

Entre otras funciones como la de amortiguamiento de huracanes, o la de estabilización en el aumento del nivel del mar producto del calentamiento global, hoy más que nunca debemos proteger los manglares del capitalismo ecocida.

Si bien las zonas hoteleras e industriales del sureste mexicano son la imagen más característica del avance capitalista en el deterioro del medio ambiente, lo cierto es que todas las costas del país están en peligro desde hace varios años. Otras regiones ricas en manglares también sufrieron una profunda deforestación, como es el pacífico norte del país, cuyo principal estado en tener más hectáreas destinadas a la tala y acuicultura fue Sinaloa con alrededor de 5258 hectáreas de manglares deforestadas; Baja California sur tuvo, en el periodo 2015-2020, 1068 hectáreas deforestadas; Nayarit, aunque igualmente alarmante, presentó 247 hectáreas.

México es de los principales países en el mundo con mayor cantidad de manglares, sólo por detrás de Brasil, Indonesia y Australia. Pero también México es de los principales países en cuanto a desaparición y asesinato de defensores del medio ambiente. Una contradicción que demuestra que el gobierno, cómplice de las empresas tanto hoteleras y turísticas como extractoras de materias primas, no tiene ningún interés en frenar la destrucción ambiental.

Aunque se nos haga creer que el camino de las reformas es una vía óptima para la conservación de estos ecosistemas, como es la Ley General de Vida Silvestre, o aquellas normas que buscan declarar ciertas especies de mangle en peligro de extinción, lo cierto es que en los hechos este camino no asegura un freno al ecocidio capitalista, al contrario, muchas veces la complicidad de los gobiernos locales benefician los intereses de los empresarios por medio de las leyes de uso de suelo. La bióloga de la Universidad Autónoma del Carmen, Joanna Acosta, denuncia que aún quedan al menos 235,000 hectáreas de manglares fuera de los programas de protección y preservación. ¿Por qué no hay un interés por proteger estas hectáreas de ecosistema de manera inmediata en un marco donde el calentamiento global se vuelve una amenaza cada vez más imparable?

Distintas ONGs y secretarías de medio ambiente hacen cierta labor por caracterizar e investigar estos recintos naturales, la tarea es mínima en cuanto a la conservación y mantenimiento de los manglares. Sin embargo, por un lado, no existe una verdadera reforestación, cosa que denuncian los biólogos especialistas, ya que dicen que muchos de los programas sólo son requerimientos de compensación ambiental (un eufemismo para decir que buscan encubrir otros ecocidios), o que simplemente es una inversión, muy pequeña, que impone la unidad de Reforestación de Ecosistemas de la ONU. Estos trabajos, como comenta para el IPS NOTICIAS la bióloga Claudia Teitli, se han realizado sin la colaboración con especialistas; la reforestación y conservación no se lleva hasta el final, pues sólo es una cortina para esconder la negligencia de los gobiernos.

Es cierto que hay avances en cuanto a la protección de algunos ecosistemas, como es el caso de las mujeres chelemeras, en donde se demuestra que es posible combatir el cambio climático de la mano con expertxs y trabajadoras, pues ellas han logrado recuperar hasta 50 hectáreas de manglares.

Sin embargo, el caso de las mujeres Chelemeras es otro ejemplo de precarización laboral con el modelo del actual gobierno, pues ellas dependen del financiamiento del estado, por lo que sufren la eventualidad y la incertidumbre. Los avances en este terreno serían mayores si hubiera una verdadera disposición por parte del gobierno por garantizar derechos laborales (salarios que cubran la canasta básica, seguridad social, pensiones, etc). La eventualidad y mal financiamiento no garantiza el rescate de los recintos naturales.

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La lógica extractivista es algo que está caracterizando al gobierno de la 4T, y esto está reflejado en la construcción del tramo 5 del Tren Maya, a pesar de las advertencias de ambientalistas y científicos. Es por eso que los gobiernos actuales, cómplices de la casta empresarial, no tienen ninguna facultad para frenar el cambio climático. Al contrario, todos demuestran su engligencia cínica como fue AMLO al decir que los opositores del Tren Maya son “pseudoambientalistas”, o los gobernantes de Europa, quienes dicen que el cambio climático “no es para tanto” mientras el viejo continente llega a temperaturas que no se especulaba sino hasta el 2050.

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La recuperación de los manglares tiene que llevarse a cabo por especialistas y trabajadores que conocen la situación de estos recintos. Pero también es necesaria una pelea obrera por mejores salarios y mayor inversión para la estabilidad laboral de los trabajadores recuperadores. Por otro lado, exigimos que no se invierta ni un centavo a las fuerzas armadas como la Guardia Nacional o la Marina.

Al mismo tiempo hay que cobrar impuestos a las grandes fortunas, para que toda esa riqueza acumulada por los empresarios más poderosos del mundo esté verdaderamente al servicio de la lucha contra la catástrofe ambiental. Una alternativa es la construcción de un futuro socialista donde se planifique la economía, se produzca en armonía con el medio ambiente y se destinen todos los recursos necesarios para cuidar la naturaleza.