La dimensión comunitaria en la política cultural de Estado ha ido ganando espacio en América Latina de la mano de los gobiernos progresistas. Su incorporación en México, y en particular como programa estrella de la política cultural de la Ciudad de México, se asume heredera de la experiencia brasileña “Cultura Viva,” y se implementa en los Centros culturales y principalmente dentro del proyecto PILARES.
La cultura comunitaria como proceso vivo del quehacer simbólico y artístico de las comunidades, así como el trabajo de quienes asumen la tarea de cultivar la riqueza cultural del pueblo, siempre han existido en la Ciudad. Siempre se han desarrollado en condiciones adversas, compensando la falta de espacios y apoyos con entusiasmo, inventiva y un arduo trabajo para mantener una producción y reproducción cultural que responda a las necesidades de las comunidades.
La creación de un programa que desde el gobierno brinde espacios y recursos para que el trabajo de cultura comunitaria se realice en mejores condiciones, es una buena noticia. En el planteamiento original, los programas que buscan potenciar la cultura comunitaria desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, despertaron mucho entusiasmo.
Impulsar un proyecto de cultura comunitaria desde instancias institucionales implica asumir una tensión permanente, porque los intereses del desarrollo cultural de una comunidad, no siempre coinciden con las necesidades del gobierno, a veces incluso son intereses contrapuestos.
Esta contradicción es inherente: los programas requieren recursos del Estado, el Estado tiene reglas para asignar y justificar recursos que hacen realidad el apoyo a la cultura comunitaria, la cultura comunitaria tiene procesos que no obedecen a los tiempos del Estado y sus resultados no siempre son cuantificables en términos que permitan evaluar su pertinencia por parte de la burocracia. Ante estas disparidades, sería mejor asumir la existencia de la contradicción entre lo comunitario y lo institucional, y establecer mecanismos de control para que ambas se realicen y no se sobrepongan. Sin embargo, en su ejecución, el manejo del programa no se deshace de la visión del Estado como “hacedor de cultura”, y utiliza mecanismos de control que, lejos de complementar ambas dimensiones, termina impidiendo el desarrollo de la cultura comunitaria.
Benjamín González (ex director general de Vinculación Cultural Comunitaria en CDMX), explicó en una plática que el principal aporte de la política estatal respecto a la cultura comunitaria estaba en la construcción de una base material sólida para su desarrollo, en referencia a la construcción de PILARES que se ha dado este sexenio, y agregaba que ese aporte se iba a quedar de forma permanente al servicio de la cultura comunitaria.
Se puede denotar ahí una visión burocrática de la cultura, porque la base material es insuficiente, se olvida la necesidad de construir la fuerza humana capital humano? que le puede dar certeza y continuidad al proyecto comunitario, más allá de los límites del gobierno de turno. No basta con construir la infraestructura, para un proyecto de cultura comunitaria, además, se requiere formar y organizar a los agentes culturales que harán realidad el proyecto y lo van a defender, poniendo los intereses de la comunidad por encima de los intereses políticos de quien ocupe el poder en la Ciudad. Es necesario formar también a las comunidades que hagan suyo el proyecto y no permitan que se desvíe.
En otra plática introductoria, Raquel Dávila (ex directora de Vinculación Cultural) enunció como definición y objetivo, que la cultura comunitaria en los PILARES no debe ser un proyecto para la gente, sino de la gente. Lo cual llevado a la realidad significaría que, en la permanente tensión que el programa vive entre lo institucional y lo comunitario, se priorizaría lo comunitario. Sin embargo, rápidamente se hace evidente la inconsecuencia entre objetivos y métodos enunciados, y la forma en que se manejan los programas. Porque en los hechos, lo institucional siempre es considerado por encima de lo comunitario.
Esta inconsecuencia se hace evidente cuando se pone como prioridad en los objetivos no confesos del programa presentar números que puedan utilizarse para prestigiar al gobierno de CDMX. De modo que el desarrollo de lo comunitario queda relegado y muchas veces se cae en la simulación, con tal de sumar nombres que puedan contabilizarse como usuarios de los programas.
Otro elemento es la fobia de quienes dirigen el programa respecto a la organización de quienes lo hacen realidad. A los trabajadores de la cultura que sostienen los programas frente a la gente, lejos de los reflectores y los presupuestos, no les proporcionan espacios para tomar decisiones (única forma real de apropiarse del proyecto), no se les ayuda a organizarse para intercambiar experiencias, saberes y tejer lazos de solidaridad y redes en defensa de las comunidades. Antes bien, hay una insistencia en que los problemas se deben arreglar individualmente y persiste un constante desgaste y desprestigio a los intentos de organización entre los trabajadores de la cultura.
Resulta que a las autoridades de los programas de cultura comunitaria (anteirores y actuales), no les gusta que entre los trabajadores de la cultura se forme comunidad. No la promueven porque es contraproducente para los intereses de la institución, y prefieren no formar comunidad, antes que arriegarse a tener que responder ante esa comunidad.
El trabajo cultural siempre ha sido menospreciado, y el trabajo cultural comunitario es prácticamente invisible. Existe una gran deuda con las personas que hacen trabajo cultural. Hay quien tiene 30 años trabajando con las comunidades y nunca ha tenido un empleo formal. Los programas de este sexenio no reparan esa deuda, sino que mantienen un esquema en que los trabajadores de la cultura son considerados trabajadores de segunda y por tanto se mantienen en situación de precariedad.
Es absurdo que, siendo los PILARES y centros culturales proyectos permanentes que no van a desaparecer en poco tiempo, todos los programas que albergan se organizan de modo temporal, de manera que cada inicio de año las y los trabajadores no saben si tendrán o no continuidad en su trabajo.
Esto no beneficia al trabajo cultural pero le permite a las autoridades ignorar los derechos que cualquier relación laboral implica según la ley. Por eso insisten desde todos niveles en repetir que “no es un trabajo,” y obligan a que los trabajadores de la cultura asuman el papel de “beneficiarios de un programa social” como coartada para mantener la precarización, que se controla a través de reglas de operación redactadas unilaterlamente por las autoridades, que además tienen la potestad de cambiarlas arbitrariamente. Y aún así, son las autoridades las primeras en violar esas reglas. Por ejemplo, los actuales encargados de los programas impusieron la decisión de realizar 22 horas semanales de talleres, cuando las reglas de operación claramente dicen que deben ser 18 horas.
Se utiliza además la oscura figura de las “incidencias”, que no existe en las reglas de operación y no hay ningún lugar donde se especifique cómo funcionan, al no estar reglamentadas, la incidencias sirven como mecanismo de amenaza y represión permanente.
Al no tener contrato, cualquier iniciativa de las autoridades para cambiar la forma, horarios o espacios de trabajo, debe ser acatada por los trabajadores. El régimen de “beneficiarios” (que esconde una relación de outsourcing), ocasiona que las condiciones laborales sean vulnerables en las grillas internas de la Secretaría de Cultura. Cualquiera puede llegar y arbitrariamente afectar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura, como de hecho sucedió: A inicios de este 2022, el proyecto pasó un par de meses a manos de Xavier Aguirre, quien implementó un modelo inconcluso, y cuya más importante contrbución a los programas de cultura comunitaria fue recortar los salarios de quienes los hacen realidad.
- Como ya dijo “la jefa”, esto no es un trabajo. Los agentes culturales deben saber que el presupuesto para los programas debe ser en base a la realidad. Y la realidad es que en esta ciudad el salario promedio es de 6 mil pesos, y la mayoría no tiene seguro ni nada de eso, no pueden esperar que les demos el doble de la media.
-Es cierto, además este trabajo… digo, este apoyo no está pensado para profesionistas ni expertos, va dirigido a la gente pobre de los barrios, eso es lo que queremos. En otros programas les dan 8 mil pesos y ya se sienten bien rayados, y trabajan hasta sacar la chamba, sin importar los horarios, en cosas que no tienen que ver con su área… pero los de cultura como que se sienten más.
-Dices bien, los programas deben ser para los pobres, recibir un salario… digo, un apoyo a cambio del trabajo que realizan, de más de 11 mil pesos, ya los colocaría en la clase media, y eso no puede ser.
-Y a veces hasta les pagamos por no hacer nada, nos deberían de dar las gracias de que no tenemos suficientes actividades para mantenrlos aquí 40 horas a la semana. Talleristas y promotores tienen que cobrar conciencia…
Diálogo ficticio pero muy real, entre funcionarios de los programas de cultura comunitaria, y que ganan más de 80 mil pesos mensuales, “lo cual me coloca dentro del estrato de la clase alta”, como cínicamente reconoció el fugaz funcionario. [1]
En el discurso de cualquier proyecto comuntario, la noción de horizonalidad y democracia es básico. Los proyectos de cultura comunitaria mantienen ese discurso en alto, pero no lo practican ni por error. El actuar del funcionariado que tiene a su cargo los programas se realiza sin ningún tipo de control democrático, a ninguna instancia comunitaria rinden cuentas sobre las decisiones que toman. Pueden decir que no están obligadas a hacerlo, es cierto, pero si enarbolan las banderas de la comunidad y la democratización de la cultura, lo menos que se podría esperar es un intento, aunque fuera mínimo, de crear comunidad, de fortalecer los lazos entre la gente que con su trabajo hace realidad los programas, y que podría defenderlos en un futuro.
No sólo resulta incongruente, además es ineficiente. Cuando las decisiones se toman desde una oficina, sin conocimiento de cómo se desarrolla el trabajo de campo, ni los mecanismos adecuados para su correcta evaluación, el burocratismo se impone en detrimento de lo comunitario.
A la larga el proyecto es ineficiente porque todos los procesos comunitarios se rompen a causa de decisiones burocráticas. Por ejemplo cuando cambian la actividad, modifican los horarios, cambian el perfil de los PILARES (“ahora vamos a hacer una escuela de cultura, ahora vamos a hacer un curso de verano”) o incluso intentan desaparecerlos (como en el caso de Alameda Oriente). No hay una intención de parte de la institución de mantener una continuidad en el trabajo de talleristas y promotores y eso hace que los procesos comunitarios no se realicen correctamente.
Con esa falta de control, la actual directora general de Vinculación Cultural Comunitaria, Magaly Cadena, tomó la decisión de recortar 100 lugares de trabjadores de la cultura, para destinar 9 millones de pesos a la “compra de material” que a más de la mitad del año, no ha sido entregado, por lo que los talleristas siguen poniendo el material que utilizan en sus recursos.
La gestión cultural es una profesión específica, que requiere una preparación o una capacidad específica. Sin embargo, en el proceso de selección, los programas no tienen las herramientas necesarias para reconocer esas habilidades, por lo que es una simulación. De modo que ocupan espacios de gestión cultural, personas que vienen de coordinar equipos en INEGI, en el INE, o en otra institución de gobierno, pero que no tienen formación cultural, ni mucho menos de trabajo comunitario, por lo que con actitudes autoritarias e injustas socaban el objetivo central del proyecto.
En contraste, personas con estudios específicos en el tema, experiencia y probada capacidad de gestión cultural, incluso dentro de los programas de SECULT, quedan fuera en razón de manifestar sus inquietudes respecto a la gestión de los funcionarios. También hay casos de amiguismo y compadrazgo en la oscura selección de personas que ingresan ya iniciado el programa, y sin haber aparecido nunca en ninguna de las listas públicas de aceptados. La represión política termina actuando también en contra de los objetivos esenciales de los programas comunitarios.
Esto se agrava porque, a pesar de ser una de sus obligaciones como programas sociales, no existe un verdadero proyecto de formación en cultura comunitaria para quienes participan en ellos. En años anteriores hubo un proyecto llamado CUENCA, donde se hacía un esfuerzo de formación. No atacaba el problema del burocratismo, ni procuraba la organización de talleristas y promotores para defender al proyecto, pero era un intento de otorgar herramientas básicas para el trabajo comunitario.
A partir de la llegada de MagalI Cadena, no existe ningún proyecto de formación ni capacitación en cultura comunitaria, algunos parches para disfrazar la falta de cumplimiento con sus obligaciones como programa social, pero ningún esfuerzo serio. Esa carencia es reflejo una vez más de la visión verticalista que no permite el desarrollo de la cultura comunitaria. La falta de formación se nota, por ejemplo, con la grave desfiguración que dentro de los programas se hizo del concepto “tequio”, que en la práctica se ha traducido en “actividdes de limpieza.” Otro ejemplo donde se expresa la falta de formación es que en muchos casos no se desarrollan estrategias efectivas de difusión, y las posiblidades de los programas quedan subutilizadas.
Es muy evidente que hay actividades que no responden a los intereses del programa sino a las necesidades políticas del gobierno de la CDMX. Actividades en las que se utiliza la fuerza de trabajo que debería estar vinculada a la cultura comunitaria para tareas como apoyar la logística en el cierre de la línea 1 del metro. Incluso actividades con un claro uso electorero, como la llamada “estrategia territorial,” que consistía en promover los programas “de la Dra. Claudia Sheimbaum” casa por casa.
La precariedad y la desmotivación también se reflejan en la apatía de los propios agentes culturales para organizarse para dignificar el trabajo cultural y hacer realidad la visión comunitaria de los programas.
Quien realiza cultura comunitaria siempre lo ha hecho en condiciones desventajosas. Gracias a la noción ideológica del programa, pero a pesar de su gestión burocrática concreta, la cultura comunitaria tiene momentos de florecimiento. El trabajo sobre todo de talleristas hace realidad el acercamiento a herramientas culturales a poblaciones históricamente marginadas de la educación cultural. Los programas se potenciarían mucho más si las decisiones se democratizaran en atención de poner lo comunitario por encima de lo institucional y desterrar las prácticas del burocratismo. Pero esos cambios no van a llegar por el sólo actuar de la institución, comunidades y agentes culturales deben hacer suyos los proyectos.
Este testimonio se publica como parte de nuestra campaña de denuncias. No permitamos el cierre de ningún PILARES, ni reubicaciones. ¡Organicémonos, ya!
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