El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita oficial a Albania, ha recalcado en rueda de prensa la posición del gobierno respecto a la cuestión kosovar. Según el mandatario socialista, “una declaración unilateral de independencia viola el derecho internacional”, en referencia a la proclamación de independencia de Kosovo de 2008. Y añade, por tanto, que desde el gobierno español “no podemos estar a favor de ese reconocimiento”. En torno al conflicto reabierto entre Serbia y Kosovo, ha remarcado el papel europeo de “diálogo entre Belgrado y Pristina”, para lograr un acuerdo fronterizo.

El primer ministro albanés Edi Rama posteriormente, ha reconocido que las diferencias diplomáticas entre España y Albania en ese tema se deben a “cuestiones internas españolas y no a una discriminación a la comunidad kosovar”. Durante la reunión, se ha ensalzado “la voluntad europeísta” de Albania, así como las reformas llevadas para acercarse a su adhesión a la UE. Sánchez finaliza de esta forma su gira balcánica, con el objetivo de abrir acuerdos económicos para las empresas españolas en dichos países y sobre todo, la mejora de relaciones en pro de integrar a los Balcanes occidentales a la UE.

La cuestión de la autodeterminación en Kosovo es problemática para el estado español. Desde la guerra de Kosovo en 1999, la OTAN ha ocupado militarmente el territorio del país de mayoría étnica albanesa y la mayor parte de sus socios incluyendo EEUU han reconocido y mantienen relaciones diplomáticas con el país balcánico desde su proclamación de independencia hace ya 14 años.

Ayer, el gobierno kosovar puso en aplicación por primera ley la ley por la cual se prohibirían los documentos y matrículas serbias en su territorio, medida que buscó aplicar el pasado año. Ante esto, en la zona norte, de mayoría étnica serbia, se hicieron barricadas y se cortaron las calles, escuchándose ráfagas de disparos desde distintos puntos. Ante estas acciones, la Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo (KFOR) de la OTAN, anunció que intervendría militarmente ante un cuestionamiento de la soberanía territorial del país, mientras que Rusia se posicionó del lado de la población serbia y de su principal aliado estratégico en la región.

Esto llevó a que la aplicación de la medida se pospusiera un mes, hasta el 1 de septiembre, pero esta medida lejos de resolver el conflicto étnico-territorial las pospone, mientras se abre un nuevo escenario de tensiones militares en otro lugar de Europa, 5 meses después del comienzo de la guerra de Ucrania.

Pese a la creciente implicación del gobierno español en reforzar su papel en la OTAN, tras celebrar su última cumbre en Madrid el pasado mes de junio, es reticente de reconocer la postura mayoritaria en la alianza atlántica y en la UE. La razón: Catalunya. Tras el 1-O, el crecimiento de las reivindicaciones de autodeterminación en el territorio catalán y en otros territorios del Estado español, el gobierno se mantiene intransigente ante el reconocimiento de la soberanía kosovar, dado que abre las puertas al reconocimiento internacional de un estado catalán en caso de que se llegara a imponer un referéndum desde Catalunya. La cuestión de la "integridad nacional" es pieza fundamental de la constitución del Régimen del 78 que, obviamente, el PSOE defiende a capa y espada, sin matices.

En su pasada visita a Serbia hace un par de días, Sánchez recalcó que “en lo que tiene que ver con Kosovo, España ha estado y va a estar del lado de Serbia”, reforzando su acercamiento al aliado ruso por la cuestión de Kosovo.

Sánchez ha comparado en la propia rueda de prensa la invasión de Putin a Ucrania con la declaración de independencia kosovar, al considerarlas “un cuestionamiento del derecho internacional” vigente. Esa misma razón justificaría para el gobierno una intervención militar, como expuso en la pasada cumbre de la OTAN o en el aniversario de España en la alianza militar imperialista.

En caso de una escalada del conflicto, esta contradicción entre la predisposición a reprimir un intento del derecho a la autodeterminación dentro del territorio estatal español y el apoyo militar a sus socios estratégicos podría poner al gobierno entre las cuerdas.

Pese a esta posición, Sánchez busca acercarse diplomáticamente a los países balcánicos, a los cuales se muestra favorable a su integración urgente a la UE y por tanto fortalecer la hegemonía de la propia UE en plena escalada de tensiones mundiales. Los intereses del gobierno también se extienden al terreno económico directamente. Por ejemplo, en el caso de Albania, las relaciones económicas entre ambos países acumulan un valor total que roza los 155 millones de euros y empresas españolas tienen una importante presencia en sectores como el turístico, el textil y la energía.

La integración de Albania en la UE favorecería una mayor presencia incluso en otros sectores industriales, en un país donde el salario mínimo se establece en 268 euros al mes, 4 veces inferior al español, abriendo la puerta a la deslocalización de empresas ibéricas a países con peores condiciones laborales y salarios más bajos.