Es la primera vez desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, que una causa por la muerte de un usuario en una comunidad terapéutica llegará a juicio oral. Es el caso de Saulo Rojas, el joven mendocino de 23 años que en 2013 se suicidó en la Fundación San Camilo de Pilar, tras ser encerrado en una celda de aislamiento mientras atravesaba una crisis depresiva y sin su dosis de insulina.
El juicio comienza este martes y se juzgará por homicidio culposo a Ángel Súñez, el empleado de seguridad que encerró a Saulo, mientras que los dueños del lugar y el director terapéutico acordaron una probation antes de llegar a juicio.
La "comunidad terapéutica" fue clausurada en 2017 por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras constatar “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.
En el año 2012, Saulo fue internado en la "comunidad terapéutica" San Camilo en Pilar. A un año de su internación, Saulo se suicidó, luego de haber sido encerrado como forma de castigo durante una crisis depresiva y sin acceso a la insulina que necesitaba diariamente por ser diabético.
Después de años de haber tenido la causa parada, el expediente se reactivó y llegó a juicio oral gracias a la lucha incansable de Miriam Lucero, mamá de Saulo y a quienes colaboraron con ella en la búsqueda de testigos que afirman que los maltratos eran parte de lo cotidiano en San Camilo, entre ellos el periodista Pablo Galfre.
Justamente esta es la primera vez en la historia que sucede un juicio de este tipo. Pese a que la Resolución 15/14 del Órgano Nacional de Revisión de la Ley establece que toda muerte en una institución de salud mental tiene que ser investigada por la Justicia, esto no se cumple. Se podría, así, seguir enumerando un listado de incumplimientos del Estado en este campo.
No es un solo caso, es toda la institución
El caso de Saulo no es el único en el que un joven perdió la vida en una de estas "granjas de rehabilitación". En la última década, las denuncias por irregularidades, maltratos y muertes empezaron a sonar más fuerte en Argentina. Hay más de una decena de pibes y pibas que han muerto de manera dudosa en estas instituciones, bajo la mirada cómplice del Estado. Esto se debe a que la menor internación estipulada por la Ley Nacional de Salud Mental, por la que bregan muchos/as profesionales, no define claramente cuándo la salud mental es un negociado y cuando no.
Esto ha llevado a situaciones como la ocurrida en febrero de este año, cuando cuatro jóvenes murieron en medio de un incendio producido en una "comunidad terapéutica" clandestina Resiliencia San Fernando de Pilar.
Esto, hoy, se expresa en la grave situación del tema de los problemas de consumo, bajo una mirada punitivista y estigmatizante, en la que la responsabilidad de la atención se deriva como en este caso a sectores privados. Éstas pseudo comunidades terapéuticas, no curan sino todo lo contrario: son ni más ni menos que nuevos manicomios y lugares de encierro, superpoblados, que muchas veces ni siquiera cuentan con habilitación, donde los/as usuarios/as se encuentran alojados/as en condiciones de detención y violando los más elementales derechos humanos.
En este sentido, el juicio por la muerte de Saulo Rojas es un importante avance en la búsqueda de justicia. Así como también para sentar un precedente ante el silencio y la impunidad. Visibiliza, una vez más, que ante la ausencia y silencio del Estado, son los/las familiares de usuarios/as, organismos de derechos humanos, y profesionales comprometidos/as con un paradigma no objetivante de la Salud Mental y en respeto de los derechos de las personas, los/las únicos interesados/as en transformar un paradigma que considera el aislamiento, la sobremedicación y el punitivismo como estrategias con fines terapéuticos.
Sin embargo, a 12 años de la Ley, no ha habido un plan real de readecuación de las instituciones y financiamiento que haga posible su aplicación. Los cambios que se han realizado dependen de la iniciativa y voluntad individual de profesionales con condiciones laborales degradadas que son quienes cotidianamente sostienen el sistema de salud, sin que puedan plasmarse en una política del campo de la SM que beneficie a la mayoría de la población.
Es en ese sentido que el juicio por justicia para Saulo cobra especial relevancia. Para poner sobre la mesa las violaciones a los derechos humanos y los tratos degradantes que sufren los usuarios de la salud mental en todo el país. | 
