Organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharon este martes en Moreno al cumplirse 4 años de la explosión en la Escuela Nº 49 Nicolás Avellaneda que provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. El reclamo de justicia comenzó esta mañana con una concentración frente al establecimiento y una entrega floral para recordar a los dos trabajadores que perdieron su vida por una fuga de gas mientras preparaban el desayuno para sus estudiantes. Posteriormente, se movilizó hasta la Fiscalía de Moreno para terminar con un acto frente al Consejo Escolar local.
Actualmente, hay una causa judicial que reside en los Tribunales de Mercedes, pero aún no tiene fecha de juicio oral. Diego Rodríguez, hermano de Rubén, declaró para el sitio Semanario Actualidad que no tienen ninguna novedad. “Sabemos hasta el momento que hay tres imputados, pero tenemos que decir quiénes son los verdaderos culpables políticos del crimen: la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex ministro de Educación Gabriel Sánchez Zinny y el ex interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Matías Nasif”, remarcó el familiar de la víctima.
La explosión podría haber sido evitada si las autoridades provinciales y el municipio de Moreno –dirigido en ese entonces por el kirchnerista Walter Festa- hubiera priorizado la educación pública con presupuesto e inversión en infraestructura. La denuncia por la existencia de una fuga de gas en la institución había sido realizada por lo menos en 8 ocasiones. La muerte de Sandra y Rubén fue un crimen social que destapó la aguda crisis que atraviesa la educación pública desde hace décadas. No fue un accidente, sino un asesinato laboral del cual el Estado es responsable y que continúa sosteniendo la impunidad de los responsables.
Yesica y Gisela, madres de alumnos de la escuela de Sandra y Rubén, denunciaron al gobierno por no intervenir en el reclamo de justicia: “Los responsables siguen libres, sin que nadie haga nada. Ni los que estaban ni los que están actualmente”.
Un gobierno con 0 en inversión
El pedido de justicia estuvo acompañado por la exigencia de mejoras edilicias y que se garanticen las condiciones para que la comunidad pueda acceder dignamente al derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Martín Koczwara, profesor del Instituto Superior de Formación Docente Nº 21 Ricardo Rojas, estuvo en la movilización y relataba que “Moreno es un lugar muy sensible en términos de infraestructura educativa”. En su lugar de trabajo, producto de que se organizaron y lucharon, pudieron conseguir algunas refacciones como la reparación del edificio y del sistema de calefacción. “Sin embargo, son contados los arreglos en las escuelas de la zona. Se necesita una inversión radical en infraestructura para que cambie. Hoy no se cumple la ley que establece que el 6% del PBI sea destinado a educación”, enfatizó el educador.
Tanto el anterior gobierno como el actual no han resuelto los problemas de fondo de la educación. La falta de inversión se expresó durante la pandemia, donde miles de estudiantes no obtuvieron becas, conectividad y alimentos suficientes y nutritivos para continuar sus trayectos pedagógicos. Encima, los 22 mil docentes del programa ATR+, encargados de revincular a estos alumnos con las escuelas, fueron cesados el mes pasado y no se les ha garantizado su continuidad laboral con plenos derechos.
Según detalla el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este año arrancó con ajustes en el gasto público que ascienden a casi $225.000 millones, en salud, educación y partidas sociales. Los sindicatos docentes bajo la conducción Celeste de Alesso y Baradel, integrados al gobierno de Alberto Fernández y Kicillof vienen dejando pasar esta situación, sin convocar a ninguna medida ni ámbitos de discusión y resolución democrática.
La agrupación docente Marrón, cual es parte del PTS en el Frente de Izquierda-Unidad, remarcó que el deterioro de las escuelas se profundizará debido a que el gobierno actual sigue destinando millones para pagar una deuda ilegal e ilegítima y favorece a los agronegocios. En este contexto de crisis social y económica, reclaman un aumento de presupuesto educativo y la reapertura de paritarias en base al no pago al FMI. Exigieron a la conducción del SUTEBA y de la CTERA un plan de lucha que contemple la unidad con otros sectores en luchas para frenar la desinversión educativa.
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