Con el anuncio presidencial de las investigaciones de la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y ilícitos electorales por parte de Peña Nieto, se rompe el pacto -no público- establecido en el 2018 entre el presidente electo (por una gran mayoría) y el desgastado y desprestigiado presidente saliente Enrique Peña Nieto.

El pacto, que le garantizó impunidad al mexiquense ‒y la garantía de disfrutar en el Estado español su ilícita fortuna acumulada durante su gobierno‒, le garantizaban al mismo tiempo, la no intromisión del expresidente jefe de poderoso grupo político del PRI, (Atlacomulco) en el proyecto político de la 4T.

Esto, justamente cuando millones de los agraviados política, social, y judicialmente por la élite política que encabezó este representante del neoliberalismo, esperaban que el “gobierno del cambio” les hiciera justicia.

Pero también sorprende porque, ante la consulta popular de hace un año sobre el juicio a los expresidentes, López Obrador ‒en sentido contrario de lo que expresaron sus seguidores‒ declaró que él no estaba por enjuiciarlo; que habría que pensar en un “borrón y cuenta nueva”.

Como si se pudieran borrar de un plumazo las reformas estructurales que profundizaron la entrega de soberanía a las transnacionales, el encarecimiento de la vida y pobreza de las masas populares, la violación a los derechos laborales de las y los trabajadores, las muertes y desapariciones de activistas sociales y de mujeres, y la evidente corrupción que enriqueció enormemente, así como a su círculo más cercano en el gobierno.

Por ello suena contradictorio el anuncio hoy sobre las corruptelas de Peña Nieto, cuando desde hace mucho tiempo el expresidente ostentaba un estilo de vida ‒que contrastaba y resultaba indignante ante la miseria de miles de mexicanos y mexicanas‒ entre la élite política mexicana y la española, sin que el presidente morenista hiciera una condena de tan descarada forma de vida en base a la ofensiva corrupción.

¿Por qué entonces, de pronto Peña Nieto es señalado desde la cúpula del poder como ejemplo de la corrupción? ¿Es solo una amenaza o va en serio la procuración de justicia en este caso?

Más que la corrupción, pesaron los movimientos políticos de EPN

Todo era “miel sobre hojuelas”: AMLO, basado en la fuerza su gobierno y el avance electoral en varios estados (Morena controla 20 entidades) venía enfrentando a una oposición de partidos (un bloque de derecha y proempresarial) en donde el otrora poderoso PRI lejos de reponerse de la gran derrota electoral sufrida en 2018, seguía perdiendo fuerza.

Por lo tanto, no significaba una amenaza real para el Morena en las elecciones presidenciales de 2021, y probablemente el PRI podría perder su principal bastión el Edomex. Por su lado, Peña Neto se mantenía –aparentemente‒ lejos de la vida política nacional, sin ninguna política encaminada a enrarecer el ambiente político bajo la 4T. Este era el pacto suscrito entre el presidente y el ex presidente.

Y aunque el mexiquense mantiene muchas complicidades económicas y políticas con la mayoría de los magnates del país y con la jerarquía partidaria del tricolor, prefirió no entablar una batalla contra la 4T, dejando que los acuerdos entre el PRI, el PAN y el PRD, y empresarios como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos ‒los reales dirigentes del “bloque opositor”‒ avanzaran hasta donde pudieran en contra del Morena y sus aliados.

Sin embargo, la coalición de derecha no ha logrado la fuerza necesaria para presentarse como alternativa al gobierno; su debilidad y la falta de figuras presentables ‒incluso al interior de sus propios partidos‒ es señalada hasta por los medios de comunicación e intelectuales de derecha.

Ante esto, la pérdida del bastión tricolor del Estado de México en las elecciones internas del próximo año se volvió una gran posibilidad.

En una situación de crisis interna del PRI, que viene perdiendo gubernaturas ‒en junio del 2016 perdió siete de 12 gubernaturas y entre 2021 y 2022, bajo Alejandro Moreno perdió 10 gobiernos estatales‒, la élite priísta recurrirá a todo con tal de conservar la “joya de la corona” que históricamente resguarda el grupo Atlacomulco. Es entonces cuando Peña Nieto deja atrás su aparente neutralidad en la vida política mexicana y empieza a mover sus piezas.

Pero el gobierno de la 4T tuvo conocimiento de las reuniones del mexiquense con la cúpula priísta para planear cómo impedir que el Morena tome la fortaleza mexiquense el próximo año, lo cual allanaría el triunfo de presidenciales en el 2024.

Contra lo que opinan los medios, la investigación sobre las millonarias corruptelas de Peña Nieto no es solo una nube de humo sobre los problemas que enfrenta la 4T ‒Tren Maya, nuevo aeropuerto nacional, inflación, pugnas internas en el Morena (con riesgo de ruptura de figuras centrales por las candidaturas a la presidenciales‒, y los roces por reglas del T-MEC con Estados Unidos, entre otros.

Y es que AMLO está decidido a debilitar lo más que pueda al PRI ‒y con ello a la alianza “Va por México” y los empresarios que la convocaron‒, pues la pelea por el Edomex es clave para la 4T, ya que implicaría una importante derrota de la derecha partidista proempresarial, y un gran retroceso de sus débiles posiciones.

Al mismo tiempo, las investigaciones anunciadas por la FGR le permiten al cuestionado fiscal Alejandro Gertz reposicionarse ante los escándalos que lo han puesto en la mira de la oposición ‒para descrédito del gobierno de la 4T.

Es decir, este cambio en la política benevolente de AMLO fue obligado por las circunstancias y contra la voluntad inicial del tabasqueño. Probablemente, las investigaciones avancen al punto de arrinconar a Peña Nieto e inmovilizarlo políticamente.

Pero si el mexiquense se juega el todo por el todo por la defensa del priísta Edomex, pues en ella estaría la persistencia o aniquilamiento del grupo Atlacomulco ‒y con ello la gran derrota histórica del PRI‒, veríamos escenarios de muy riesgosa polarización donde las nefastas prácticas del tricolor pueden enturbiar el ambiente político, así como expresiones políticas de ultraderecha.