En este artículo desarrollamos la situación de la educación superior en México y las perspectivas para avanzar en una verdadera universalización y gratuidad de la misma partiendo de limitante que implica el problema del presupuesto, el cual se ha mostrado absolutamente insuficiente frente a las necesidades educativas del país, inclusive muchas veces el incremento, al ser mínimo, es absorbido por la inflación.Esto ha llevado a que a pesar de haber un aumento cuantitativo en las universidades y en las matrículas de las mismas, esta tendencia ha ido de la mano del detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación y de las propias condiciones de estudio.

Empecemos por un breve repaso de la situación de la educación superior en México. Según datos de la OCDE en el 2018 el gasto promedio por estudiante universitario fue de 2,684 USD en instituciones de educación primaria a superior, en comparación con el promedio de 10,000 USD en los países que pertenecen a dicho organismo internacional, esto se traduce para las y los estudiantes en que cuentan con menos recursos garantizados por las universidades y el gobierno para poder estudiar, además de menor inversión en infraestructura que a su vez se expresa en el hacinamiento de las aulas que fue uno de los factores por los que México como el resto de Latinoamérica tuvo un periodo de educación virtual más extendido que el resto del mundo. Además, este gasto por estudiante, contempla el salario de los docentes, lo que significa que a diferencia de otros países, en México los docentes perciben un salario mucho menor inclusive al dar clases a grupos amplios. En el documento de indicadores sobre la educación del 2019, la OCDE señala que “La educación es una prioridad del gasto público en México, pero el gasto por estudiante sigue siendo el más bajo entre los países de la OCDE.” El porcentaje de población con títulos universitarios varía mucho según la región del país, pues mientras en Guanajuato es de 12% en la Ciudad de México es del 30%. Además, solo el 23% de los jóvenes de entre 25 y 34 años de edad obtuvieron un título de estudios superiores en el 2019, siendo que el promedio de los países de la OCDE es del 44%. Por último, en México tan solo el 1% de la población en el mismo rango de edad tiene maestría y menos del 1% cuenta con doctorado. [1]

En este contexto, el acceso irrestricto a las universidades ha sido una demanda histórica del movimiento estudiantil. Como parte de sus 45 promesas al tomar posesión, López Obrador garantizó que se construirían 100 universidades nuevas, las del Bienestar Benito Juárez, además se crearon las becas que llevan el mismo nombre y corresponden a 4,800 pesos bimestrales para estudiantes de media superior y superior. El 15 de mayo del 2019, en el Diario Oficial de la Nación, fue publicada la reforma a la Constitución en lo concerniente a la educación, así, se agregó la fracción X al artículo tercero que dice: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”. Con esta misma reforma se agregó otro artículo, el décimo quinto transicional, que estipula que “se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura”. Posteriormente, este fondo fue reiterado jurídicamente con la amplia aprobación parlamentaria que tuvo la Ley General de Educación Superior y que entró en vigor en abril del 2021.

Historizando la universidad

Debemos partir de que la universidad como la conocemos hoy en día, no ha sido igual siempre, sus estructuras, su relación con las distintas clases sociales, y el conocimiento emanado de las aulas y las investigaciones, responde en primer lugar a los intereses de las clases dominantes que tienen control de dichos elementos, a las pugnas que entre ellas pueden existir y a la correlación de fuerzas entre las distintas clases sociales. En este sentido León Trotsky en 1910 se refería a las universidades como la caja de resonancia de las contradicciones de la sociedad.

Hasta mediados del siglo XX solo ingresaban a las universidades los sectores de la propia burguesía y de manera más reducida, de la pequeña burguesía que operaban como ideólogos de la clase dominante. Sin embargo, en el caso de los países latinoamericanos, con el giro hacia la sustitución de importaciones durante la segunda mitad del siglo pasado, que requirió de la construcción de infraestructura para incrementar la producción en los propios países, fue necesaria la formación de más sectores como técnicos y profesionistas que sirvieran a este nuevo giro económico. Esto se dio a la par de una política de cooptación de los sectores medios de la población como parte del fortalecimiento de los Estados latinoamericanos. A esto se sumó en las décadas de los 60 y 70 una política de concesión a las masas por parte de los gobiernos como respuesta a las importantes gestas de la lucha de clases a nivel internacional. [2]

La combinación de estos dos elementos resultó en lo que se conoce como la masificación de las universidades, mediante la cual amplios sectores de la clase media e inclusive de algunos sectores del proletariado, pudieron ingresar a las universidades, convirtiéndose en las primeras generaciones de sus familias con acceso a este derecho. Así las universidades se convirtieron también en un mecanismo de ascenso en la escala social y de superación de las condiciones precarias de la vida. Aspecto, que aunque se mantiene en el imaginario, es cada vez menos real. Como ejemplo mexicano, tenemos la creación de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) en enero de 1971 por Pablo González Casanova el entonces rector de la UNAM, que representaron una alternativa de educación media superior para la juventud trabajadora y con distintos planteles descentralizados, cuyo plan original, diseñado para este objetivo, ha sido cercenado casi en su totalidad. Tan solo tres años después se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) como alternativa a la UNAM, igualmente con campus distribuidos por la periferia del Valle de México. A la par de esto la burguesía trasladó la formación de sus futuros ideólogos y profesionistas a las universidades privadas que se habían fundado en la década de los 60, como la Anahuac, o en los 40 como el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas de Puebla.

Las políticas neoliberales en la educación

La entrada de las políticas neoliberales al final del siglo pasado apuntaron a debilitar los sectores públicos y las industrias que en las últimas décadas habían sido nacionalizadas. El imperialismo comenzó a ocupar con mayor intensidad y de manera central nuevos mecanismos para el dominio de los países dependientes: “a cambio de la reprogramación de la deuda, a los países endeudados se les exigía implementar reformas institucionales, como recortar el gasto social, crear legislaciones más flexibles del mercado de trabajo y optar por la privatización”, como explica David Harvey. [3] Uno de los objetivos de estas reformas puede resumirse en el incremento de la precarización y la flexibilización laboral, la desprotección y la división de la clase trabajadora atacando derechos básicos como el de la sindicalización. En el ámbito educativo, se tradujo en una reducción importante del crecimiento del presupuesto educativo, que de últimas apunta a la desfinanciación del sector.

Con este nuevo periodo, se abre una importante contradicción para la burguesía y sus gobiernos, y particularmente en los países dependientes de América Latina, en lo concerniente a las universidades. Por un lado están las necesidades económicas de la clase dominante que no empata con el uso de la cantidad de profesionistas que emanan de las universidades, pues cambiaron los tiempos y la prioridad es tener mano de obra barata que movilice los cordones industriales, los clusters y el enorme mercado que representa la rama de servicios; todo esto de la mano del recorte al gasto social. Por otro lado está la necesidad política de los gobiernos de mantener la concesión que implicó la entrada masiva de sectores medios a las universidades, siendo estos su principal base política. Esta encrucijada, a la que llamaremos “la crisis de la educación superior”, ha tenido una salida reaccionaria por parte del FMI, el BM y la OCDE, siendo en México la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) la principal garante de las políticas del último. Dicha salida ha consistido en avanzar en el decrecimiento del presupuesto educativo, medida que se justifica a través de la sustitución de los principios de igualdad y masividad por los de equidad y calidad.

En México, el primer giro de esta política podemos verlo bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pues en este, “se hace énfasis en el financiamiento diversificado, en la evaluación y acreditación, en la rendición de cuentas y transparencia, en el fortalecimiento de las infraestructuras y en el aseguramiento de la calidad y vinculación”. [4] A la par de esto se generan los sistemas de estímulos que son otorgados a aquellos docentes que “demostraran aumentos en la productividad de sus labores de docencia e investigación”.

Aumento de matrícula, disminución del presupuesto

Como segundo momento, ya entrado el nuevo siglo, tenemos que en el sexenio de Vicente Fox la cobertura educativa aumentó en un 0.7%, para el primer trienio de Felipe Calderón aumentó en un 1.1% y 2% en la segunda mitad de su mandato, con un mayor peso en las instituciones públicas. Esto se tradujo en la creación de 140 instituciones de educación superior, aunque cabe recalcar que 122 de estas fueron del sistema tecnológico y a su vez en el incremento de la docencia universitaria con 369 mil profesores a nivel nacional. [5] Este crecimiento de la educación superior pública, se topó con un límite con las tendencias económicas a nivel internacional y a partir de la segunda década del siglo, comenzó a darse paso a la iniciativa privada en las universidades de manera más pronunciada.

La heroica huelga de 1999-2000 logró frenar la imposición de las cuotas en la UNAM para poder estudiar una carrera , lo cual de cierta manera presiona a la baja las cuotas que se cobran en otras universidades públicas aunque los cobros se mantengan, pero la elitización de la educación avanzó por otras vías. [6] Ejemplos de esto es que los llamados “procesos de selección” se convirtieron en un rico mercado para la institución privada a cargo de ellos, el Ceneval; la implementación e incremento de cuotas por servicios como copias, transporte, comedores, etc; el aumento de las cuotas de inscripción y colegiatura en la mayoría de las universidades públicas estatales; las legislaciones restrictivas que impiden continuar con los estudios ya sea por tener ciertas materias reprobadas o por llevar una cantidad determinada de años inscrito en una carrera; o el simple hecho de que frente al encarecimiento de la vida, no se garanticen los medios necesarios para estudiar, como es el transporte, la comida, dormitorios, etc.

Del 2016 al 2018 hubo un avance del 16% al 23% en cuanto a personas con título universitario. Sin embargo, hay que considerar que una de las apuestas de la OCDE por incrementar el acceso a la educación en México, es el crecimiento de los sectores estratégicos de la industria en México, (aeroespacial, del automóvil, de la energía y de la electrónica) y las reformas en curso (en el 2019) para incrementar la productividad y la innovación también en sectores más tradicionales. Esto habla de la lógica bajo la cual se han desarrollado las escuelas de educación superior y media superior en el último periodo, pues como es el caso de las Universidades del Bienestar Benito Juárez o de los Tecnológicos del Estado de México. Es notable el caso de la creación de instituciones de educación superior dirigidos hacia el sector aeronáutico y espacial por parte de la SEP en Querétaro. Podemos inferir entonces que el incremento de la matrícula de los últimos años está íntimamente ligado a las necesidades de las cadenas de producción regionales y a la oferta laboral, lo cual está acompañado de una creciente tecnificación de la educación.

La extensión de las universidades y de sus matrículas no es una política que López Obrador se haya sacado de la manga, en realidad ha sido característica de los gobiernos denominados posneoliberales en Latinoamérica, como el kirchnerismo en Argentina, y han mostrado su impotencia frente a la crisis de las universidades y a la contradicción estructural entre la necesidad política de mantenerlas y la inoperancia económica frente a las necesidades del capital imperialista y nacional. Como se explica aquí, las universidades creadas bajo la primer década del kirchnerismo “se incorporaron rápidamente a un sistema estatal de transferencia tercerizada de recursos y servicios”.Con el discurso de que la educación es pública, gratuita, obligatoria y universal, pero sin garantizar las condiciones materiales para que esto suceda, los gobiernos “progresistas” y sus intelectuales pretenden depositar en les estudiantes como individues la responsabilidad de continuar con sus estudios, reproduciendo de esta forma, una retórica meritocrática que aplaude el esfuerzo y sacrificio de las y los jóvenes para “salir adelante”, pasar exámenes elitistas de ingreso al bachillerato y las universidades y para conseguir su título universitario. Sin embargo, las medidas de elitización ya mencionadas, operan como filtro social, que permite a las universidades irse deshaciendo de los estudiantes que menos condiciones tienen para poder continuar con sus carreras. Así, los gobiernos, los empresarios y las autoridades educativas se refieren a la “deserción escolar”, como si se tratara de desertar de un ejército o de renunciar a un derecho sin más. Lo que esconde esta fraseología es que inclusive en los casos en los que voluntariamente se abandonan los estudios, de fondo siempre está el telón de las presiones sociales, económicas y estructurales que de ningún modo son realidades aisladas o individuales.

Esta tendencia claramente se ha profundizado durante la pandemia, pues la virtualidad fue impuesta sin garantizar las condiciones que el conjunto del estudiantado requería para continuar con sus estudios, provocando no solo en México sino a nivel internacional, que se redujeran de manera importante las matrículas y la cantidad de aspirantes que aplica a exámenes para ingresar tanto al bachillerato como a las universidades. Según una encuesta de la Ibero y la UNESCO, para el 2020, 1 de cada 4 personas, de entre 7 y 17 años, reportaron dificultades para continuar con la educación de niños y adolescentes en casa. En el 2021 5.2 millones de estudiantes de entre 3 y 29 años iniciaron el ciclo escolar pero no lo concluyeron. El modelo híbrido que está en boca de autoridades educativas, empresarios, políticos del régimen, etcétera, no es gratuito, en realidad tiene que ver con una apuesta que organismo como la OCDE tienen desde hace décadas y que busca reducir lo más posible el gasto por estudiante, ejemplo de esto es el proyecto de Educación 4.0 en el IPN. La apuesta de la educación virtual, híbrida o mixta es presentada como una enorme oportunidad para romper las fronteras y dar más posibilidades de estudiar a distintos sectores, incluso presentando como una gran ventaja el que la juventud pueda estudiar y trabajar literalmente al mismo tiempo. Sin embargo, llo que esconde es que esta medida permite a los gobiernos gastar cada vez menos en infraestructura e incluso en salarios para docentes pues cada vez pueden tener grupos más numerosos; no se ocupan los avances tecnológicos para mejorar y ampliar el derecho a la educación sino para que los gobiernos y las empresas que hacen de las universidades, bachilleratos y escuelas un negocio, se ahorren dinero. Como ya dijimos, cualquier política que se proponga la extensión del derecho a la educación es una fantasía sino contempla como primera medida el aumento al presupuesto educativo; construcción de suficientes escuelas y universidades para cubrir el 100% de la matrícula y la eliminación de los procesos de selección; contratación de más planta docente y su basificación y aumento salarial al igual que del resto de trabajadores no académicos; becas universales no restrictivas que cubran la canasta básica; la elaboración de planes y contenidos curriculares por estudiantes docentes y trabajadores con organizaciones obreras y populares, como algunas medidas para conquistar una verdadera educación universitaria pública y gratuita.

Del cuestionamiento a la universidad de clases, al cuestionamiento de la sociedad de clases

Las políticas de elitización de la educación y de precarización no pueden entenderse sin visualizar que las autoridades universitarias, que además mantienen altos privilegios y sueldos, quienes operan como correa de transmisión de la política estatal y de los organismos internacionales al interior de las universidades. De ahí que, una tarea pendiente de un movimiento estudiantil, que se plantee la transformación de las universidades, es cuestionar y transformar radicalmente con dichas estructuras; sólo así podríamos plantear un horizonte en el que las universidades estén al servicio de las grandes mayorías y no de los intereses de la clase dominante.

Las reformas y medidas legislativas que apuntan a que la educación superior y media superior sean gratuitas, se han mostrado impotentes, pues en los hechos no se garantiza este derecho y se mantienen las desigualdades sociales que contempla una sociedad de clases como la capitalista, donde la educación, lejos de ser un motor para el desarrollo de las personalidades, del pensamiento crítico y del sentido de colectividad, en manos de la burguesía es utilizada como una herramienta más para mantener la actual sociedad. En ese sentido Nadezhda Krúpskaya, revolucionaria y principal responsable de la creación del sistema educativo soviético señalaba: “La burguesía educa de distinta manera a los hijos de los trabajadores y a los hijos de los capitalistas. De los primeros trata de hacer sumisos esclavos, y de los segundos, jefes.”

La experiencia de la revolución rusa mostró que es posible una educación distinta y opuesta diametralmente a la existente en el capitalismo:

“La educación soviética está orientada a desarrollar las aptitudes de todos los niños, a elevar su actividad, su conciencia y a robustecer su personalidad e individualidad. Por eso, nuestros métodos de educación son distintos que los de la escuela burguesa. Nosotros procuramos hacer de nuestros hijos personas multifacéticamente desarrolladas, conscientes y sanas de cuerpo, que no sean individualistas, sino colectivistas, que no se contrapongan a la colectividad, sino que constituyen su fuerza y acrecienten su importancia”, escribía Nadezhda Krúpskaya. [7]

La educación pública es una conquista de la clase trabajadora en un mar de servicios, recursos e industrias privatizadas. Como juventud tenemos la enorme tarea no solo de defenderla, sino de hacerlo en la perspectiva de extenderla y poner las universidades, el conocimiento que emana de ellas, sus aulas y espacios comunes, al servicio de las grandes mayorías y de su lucha por su emancipación y la de toda la humanidad, abriendo estas instituciones a las hijas e hijos de la clase trabajadora. Esto en el camino de luchar por la transformación revolucionaria de la sociedad, ya que solo en una sociedad sin clases sociales puede realmente existir una educación en estrecha relación con el mundo exterior y como una herramienta para enriquecer el espíritu y aportar al libre desarrollo de las personalidades de las infancias y la juventud.