Tres de los trabadores implicados en la huelga de Tubacex contra los despidos forzosos de la empresa han sido imputados por "delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos". La fiscalía solicita cuatro años y siete meses de cárcel para los huelguistas. Este ataque es parte de un ataque reaccionario al éxito de esta lucha. Ante este ataque los trabajadores denuncian que las acusaciones policiales son incongruentes y vienen acompañadas de una carencia de transparencia de las denuncias de la Ertzaintza de agentes heridos.

En julio de 2020, la empresa Tubacex anunció el despido de 500 trabajadores y trabajadoras, la mayoría de ellos ubicados en las plantillas de Amurrio y Llodio, en Álava. En febrero de 2021 la empresa puso en marcha un ERE con más de 100 despidos y un ERTE. Ante estos abusos capitalistas, que buscaban aprovechar la situación de la pandemia para incrementar sus beneficios a costa de las vidas obreras, los y las trabajadoras respondieron convocando una huelga indefinida. Tras 236 días de huelga y manifestaciones, la empresa se vio obligada a paralizar los despidos, demostrando que la autoorganización de los y las trabajadoras es el único camino para echar por tierra los ataques de los capitalistas que viven a costa de su trabajo.

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La huelga transcurrió plagada de represión policial: ataques de la Ertzaintza, cargas policiales con balas de foam disparando a la altura de la cabeza, detenciones, porrazos, y el envío de una tanqueta. Tanto los y las trabajadoras, los sindicatos y el comité, como los vecinos de la comarca denunciaban una "desmedida carga policial" con "decenas de contusiones en el marco de intervenciones policiales absolutamente demenciales", una "innecesaria presencia de antidisturbios" y que las llamadas fuerzas del orden "provocaban los desórdenes y enfrentamientos", así como "cerca de 120 policías frente a 50 o 60 trabajadores" presentes en los piquetes y movilizaciones. El Gobierno Vasco, autoridad que manda la represión policial a los y las trabajadores en huelga, además tiene una relación directa e indiscutible con Tubacex: Itzarri, que es Entidad de Previsión Social Voluntaria de la Comunidad Autónoma Vasca, es el sexto accionista de la empresa.

En este contexto de represión, alianza e intereses compartidos entre el Gobierno Vasco y la empresa Tubacex, así como de victoria de una lucha obrera, tres jóvenes partícipes de la huelga han sido imputados por alegación de "delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos". Por estas acusaciones la fiscalía solicita cuatro años y siete meses de prisión: un año y nueve meses por "atentar contra la autoridad", y dos años y diez meses por desorden, así como 756 euros de multa por los daños materiales causados a la Ertzaintza y a los autobuses de Tubacex a cada uno de los trabajadores imputados. El juicio, sin fecha establecida, se llevará a cabo en el Tribunal de Araba. Actualmente comienzan los litigios.

No obstante, los trabajadores denuncian que las denuncias policiales incongruentes y su falta de voluntad de transparencia, así como los hechos y declaraciones de la trabajadora y los trabajadores imputados, indican que se trata de un montaje policial que forma parte de una estrategia de criminalización reaccionaria ante el avance de la lucha y solidaridad obrera. El Ejecutivo autonómico declaró información reservada los partes médicos de las lesiones de los supuestos trece agentes heridos. Por otro lado, dos de los tres jóvenes imputados ni siquiera estuvieron presentes el 25 de marzo -el día de mayor conflictividad-, y la tercera acusada que sí estuvo presente esa jornada denuncia que la identificaron a primera hora de la mañana por obstaculizar el paso, pero los hechos por los cuales la imputan ocurrieron a partir de mediodía. Se trata de un ataque que busca revancha sobre el triunfo de los trabajadores, no solo de Tubacex sino para el conjunto de la clase trabajadora.

Ante los ataques reaccionarios de la justicia burguesa y la represión policial mandada por los gobiernos de turno, decimos basta de criminalización por luchar por que las vidas de los y las trabajadoras no estén por debajo de los beneficios de los capitalistas. Exigimos la derogación de la ley Mordaza y todas las leyes reaccionarias utilizadas para criminalizar la lucha obrera así como la libertad de todas y todos los acusados y condenados por luchar.