Tras el inicio del año escolar, estudiantes de diversos establecimientos vienen denunciando la pésima gestión de la alimentación escolar por parte de las empresas licitadas, y una investigación de CIPER Chile que indaga en este aspecto revelo que se vienen perpetuando prácticas monopólicas y en completa impunidad por parte de las 42 empresas licitadas.

Monopolio e impunidad en empresas licitadas por Junaeb

En esta investigación de CIPER, entre 2014 y 2021 de las 42 sociedades que se adjudicaron licitaciones, las empresas Fedir Chile y Aliservice se adjudicaron, por medio de la práctica monopólica del multi-rut, el 61% de la gestión de raciones repartidas en establecimientos educacionales, centros del servicio Mejor Niñez (ex Sename) y jardines infantiles del sector público. A esto se suma que más de la mitad de estas empresas registran multas impagas por la suma de $37 mil millones.

Denuncias apuntan principalmente al consorcio Merkén, empresa de Fedir Chile, el que está a cargo de un total de 35% del total del Programa de alimentación escolar y párvulos (PAE-PAP). Situación inédita es que además de este nivel de cooptación por parte de dicha empresa, se le concediera la licitación aun después de ser una de las tantas que arrastra multas multimillonarias por incumplimiento de contratos durante el período de Jaime Tohá, actual director nacional de Junaeb.

Denuncias en Establecimientos educativos

Estas lógicas de mercado han derivado en que, en múltiples establecimientos, estudiantes y hasta entidades administrativas han denunciado condiciones precarias en la alimentación de estudiantes, que en algunos casos ponen en peligro su salud, como es el caso del establecimiento educacional Santa Rosa ubicado en la comuna de la Cisterna, donde en un video se ve como hay una larva en la bandeja de comida. Otros casos dejaron en evidencia la precariedad de las raciones, donde un desayuno en un liceo de Alto Hospicio consta únicamente de medio vaso de leche y un cuarto de pan.

La respuesta de Junaeb ante estas múltiples denuncias fue la siguiente: “La combinación de sabor y nutrición es un desafío constante para Junaeb; lo que con la vuelta a la presencialidad en los establecimientos se vio aún más afectado, debido a que los estudiantes retomaron con costumbres alimentarias (diferentes) de su hogar”.
Y queda en evidencia que claramente el problema no es una “falta de costumbres por la alimentación en base a frutas, verduras o guisos” como también argumenta, sino que es estructuralmente una gestión que esta entrampada bajo lógicas de lucro, monopolio e impunidad.

Esto se enmarca en el hecho de que los liceos más precarizados son aquellos públicos y de sectores con menor ingreso, reflejo de una crisis de conjunto en la educación pública, que hace que no solo la educación sea precaria, sino que las condiciones de estudio de las y los secundarios junto con estudiantes de educación superior, donde las universidades públicas también están ultra precarizadas por la falta de casinos y donde los estudiantes no tienen la posibilidad de tener una buena alimentación por que el monto que entrega la BAES, a pesar de haber tenido una alza de $4.800 después de más de 10 años, cuando la inflación anual llega a un 13%, aun es totalmente insuficiente.

Movilizaciones y descontento estudiantil

Tras estas denuncias reiteradas y otros hechos como acoso sexual por parte de profesores, y precariedad en la infraestructura, estudiantes de distintos liceos se han movilizado por mejores condiciones educativas, como es el caso del INBA y el Liceo de Aplicación, que demandan principalmente: Protocolos para denuncias sexuales; infraestructura; una alimentación digna y proporcional a la jornada educativa que incluya almuerzo, desayuno y once; y que la alimentación estuviera administrada directamente por JUNAEB.

Demandas tan sentidas como estas, han sido respondidas por parte del gobierno, con una brutal represión, la que quedó en evidencia la primera semana de agosto cuando con escopetas en mano la PDI salió a dispararle a estudiantes secundarios, que se dirigían a la Dirección de Educación Municipal (DEM).

Mientras el Gobierno de Boric solo ha respondido con represión, las demandas que exigen las y los secundarios implican cambios profundos en la gestión de la alimentación escolar, terminando con la lógica de licitaciones que deriva en el lucro de un derecho básico como es el de una alimentación y nutrición garantizada por el estado en la etapa escolar. Por lo que se hace necesario la coordinación de amplios sectores educativos, tanto secundarios como universitarios para amplificar aún mas esta demanda, además de la coordinación con centros de estudiantes y federaciones estudiantiles. Por una alimentación gestionada directamente por las comunidades educativas y bajo una lógica ya no de mercado, sino que democrática y en función de las necesidades de cada establecimiento educativo, dentro de los estándares de nutrición óptimos para así garantizar condiciones básicas dignas de enseñanza y aprendizaje.