Mientras autoridades civiles y militares emiten noticias contradictorias sobre la posibilidad de rescate de los diez mineros atrapados en la mina carbonífera "El Pinabete", en Sabinas, Coahuila, voces como la de la Organización Familia Pasta de Conchos han cuestionado el accionar del gobierno y las Fuerzas Armadas en las labores de exploración y rescate. Asimismo, insisten en que a pesar de que ahora el rescate es prioritario, es necesario enfatizar otros aspectos estructurales que convierten la industria minera en una de las más letales para sus trabajadores.
A medida que aumenta la desesperación, las declaraciones de políticos y autoridades como María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, dejan mucho qué desear, y es que tras ser cuestionada, declaró que "no tiene experiencia en rescatar mineros". Cabe destacar que a una semana del siniestro no se han fincado responsabilidades, ni se ha dado a conocer el nombre de quien ostenta la propiedad de la mina, en funciones desde enero de este año.
Los nombres de los trabajadores atrapados son José Luis Mireles, Sergio Gabriel Cruz, Margarito Rodríguez, Mario Alberto Cabrioles, José Rogelio Moreno Morales, Jorge Luis Martínez, Hugo Tijerina, Jaime Montelongo, José Rogelio Moreno Leija y Ramiro Torres. Sus familiares permanecen en los alrededores de la mina en espera de noticias y han lanzado duros reclamos al gobierno local de Riquelme y, durante la visita del Presidente Obrador, circuló un video en donde se escuchan los gritos que exigen el cumplimiento de las promesas de rescate.
En entrevista para El Financiero, Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, destacó que del siglo pasado, en 1883, a la fecha han muerto más de 3 mil 103 trabajadores mineros en la región ocupada por el estado de Coahuila. Desde la explosión en Pasta de Conchos en 2006 —en la que 65 mineros quedaron atrapados y sus cuerpos permanecen abandonados por el gobierno hasta la fecha— a diciembre de 2021, suman al menos 80 mineros muertos en pozos, minas y cuevas.
Activistas señalan que el carbón extraído en la entidad es adquirido casi en su totalidad por la Comisión Federal de Electricidad para producir energía, en trato directo con personajes caciquiles como los Régulo Zapata (padre e hijo) y Rafael García Luna, quienes, denuncian, han hecho negocios por más de 357´943, 273.34 millones de pesos con la Comisión los últimos dos años, utilizando prestanombres para evadir responsabilidades. El medio local El coahuilense reportó que Régulo Zapata Jaimes recibió recientemente un contrato por 55 millones de pesos para abastecer de carbón a la CFE.
La repetición e impunidad en este tipo de tragedias forma parte de las denuncias de familiares y sobrevivientes de siniestros en minas. Las minas de Coahuila ha sido escenario de distintos derrumbes y explosiones en los últimos 16 años, fecha que marca la explosión en Pasta de Conchos en febrero de 2006. En 2011 se registraron dos explosiones más que dejaron a 18 mineros atrapados, mientras que al menos trece más fallecieron en explosiones y derrumbes en 2012. A pesar del peligro, la minería es la principal fuente de empleo en la región y entre tres y cuatro de cada diez pobladores económicamente activos trabaja en las minas, según reportes del INEGI.
Como han dicho familiares de los mineros de Pasta de Conchos, que a pesar de que la prioridad en estos momentos es el rescate, "no queremos que sigan rescatándonos, queremos y merecemos vivir". Denuncian que en todos los casos de fallecimientos en minas de Coahuila de 2006 a 2021 se han acreditado violaciones a las normas de seguridad e higiene, por las cuales no ha habido ninguna sanción o responsable.
Al tiempo en que reclaman que se revisen las concesiones y denuncian la operación insegura de más minas en la región, activistas y familiares denuncian que los únicos grupos de rescatistas que hay en la zona son mineros que, de manera voluntaria, se especializan en rescate y que ha sido su labor, y no la del gobierno o el Ejército, la que ha recuperado para sus familias los cuerpos de mineros muertos bajo tierra. En el informe "El carbón rojo de Coahuila: Aquí acaba el silencio", se recopilan algunos testimonios de mineros rescatistas.
Inversión en infraestructura, contratación en buenas condiciones para los mineros, observación de protocolos ambientales y de higiene, son algunas de las demandas necesarias para, efectivamente, buscar prevenir más muertes obreras. Sólo la firme alianza del sector minero a nivel nacional, en conjunto con los demás sectores explotados y oprimidos, mostrando la potencia de sus músculos paralizando la industria, puede imponerlas. Para detener la voracidad empresarial y arrancar justicia y la garantía de no repetición es necesario ir al fondo del problema, impulsando medidas como la nacionalización de la industria bajo control de sus trabajadores, poniendo los avances técnicos e industriales al servicio de las grandes mayorías. |
