Esta semana se conocieron nuevos datos que significan un nuevo golpe a los castigados ingresos del pueblo trabajador. La inflación trepó al 7,4% y ya supera el 46% en siete meses. Los alimentos subieron aún más. Mientras tanto, nos enteremos que las grandes alimenticias, como Molinos, repartieron miles de millones de pesos entre sus dueños. Es el reflejo más claro de un país donde un puñado de poderosos hace fortunas a costa de los bolsillos y el hambre de las grandes mayorías.
El superministro Sergio Massa, lejos de anunciar siquiera un alivio para esa situación, sigue anunciando beneficios para las exportadoras y empresas de servicios, que tendrán un nuevo tarifazo. Hasta suspendió la reunión donde la CGT, la Unión Industrial y el Gobierno iban a discutir salarios, obviamente a espaldas de millones de trabajadores y trabajadoras.
Pero el malestar por los salarios que no alcanzan se empieza a mostrar en las calles. Esta semana vimos paros docentes en 8 provincias. Masivas movilizaciones recorrieron Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe. La conducción de CTERA-CTA tuvo que convocar un paro nacional con altísimo acatamiento. Los reclamos salariales también despiertan conflictos en estatales y salud de varias provincias, rurales, portuarios, controladores aéreos y sigue la lucha del neumático. Las organizaciones sociales se volvieron a movilizar masivamente esta semana.
No se puede soportar más el ajuste. La clase trabajadora tiene que tomar el control. Hay que imponerles a las conducciones sindicales que rompan su subordinación al gobierno y su complicidad con las grandes empresas. Exigirles asambleas para discutir un plan de lucha, que tiene que comenzar por un paro general activo, en la perspectiva de la huelga general para derrotaron de conjunto el plan de ajuste y la subordinación al FMI. Las marchas oficialistas y testimoniales como las convocadas para el 17 de agosto solo sirven para intentar disimular su pasividad.
Con esa exigencia, el PTS-Frente de Izquierda y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas serán parte de la movilización independiente convocada este 17 de agosto por el sindicalismo combativo y organizaciones sociales. Como parte de un programa obrero ante la crisis, seguiremos planteando cuatro medidas para enfrentar la inflación y defender el salario y la mesa del pueblo trabajador.
1. Aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales, con cláusula gatillo
Hay que defender el salario frente a la devaluación. Desde 2015, el poder de compra cayó, como mínimo, más del 20 %. Ahora, con la corrida cambiaria, la situación se pone peor.
Aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales. Nadie puede ganar menos de la canasta básica: $ 105.000 para junio. Eso es un piso. Los trabajadores del Indec calculaban en mayo que hacían falta $ 161.624 como mínimo para vivir dignamente, pagando alquiler. Hoy, es más. Por eso hay que imponer subas automáticas mes a mes: sube la inflación, suben los ingresos.
2. Control de precios y control obrero de la industria alimenticia
Las grandes empresas garantizan mejorar sus ganancias subiendo los precios de las mercancías, menos el precio del salario. Los pulpos de la alimentación, de la industria láctea y los frigoríficos concentran el negocio y desabastecen muchas de las góndolas de los “precios cuidados”, que solo se pueden encontrar en las grandes cadenas de supermercados, que están lejos de muchos barrios populares.
El “control de precios” oficial y los acuerdos de precios son un parche porque no atacan el poder concentrado que tienen las grandes empresas. Es necesario el control obrero de la industria alimenticia, la clase trabajadora tiene el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. En primer lugar, con la exigencia del acceso público de los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas: es esencial para conocer el verdadero estado de las ganancias empresarias.
Esto abriría el camino para un verdadero control de precios realizado por comités de trabajadores y sectores populares sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados. Los trabajadores de las distintas empresas podrán contar con la colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Las compañías que se nieguen a dar toda la información y continúen especulando con los precios y abastecimiento deberán ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para terminar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.
3. Ningún tarifazo: nacionalizar los servicios públicos bajo control de sus trabajadores
El gobierno acaba de anunciar que seguirán los aumentos de tarifas, que ya son una carga insoportable para gran parte de la población trabajadora. Así cumple con los pedidos del FMI.
Los servicios públicos tienen que ser derechos elementales de la población, no un negocio para unos pocos. Hay que terminar con las privatizaciones, nacionalizando los servicios públicos y la producción de hidrocarburos. Creando un sistema energético nacional integrado, bajo administración de sus trabajadores y control por usuarios de sectores populares y movimientos ambientalistas. Así se pueden garantizar tarifas accesibles para el pueblo trabajador y que mejore el servicio garantizando el cuidado del medioambiente.
4. Nacionalizar el comercio exterior y las grandes empresas del agronegocio bajo administración de los trabajadores
El comercio exterior está dominado por algunos grandes monopolios que regulan precios y ventas de acuerdo a sus ganancias. Usan los puertos privados para todo tipo de maniobras ilegales y se quedan con millones de dólares. También son unos pocos monopolios los que se quedan con la mayor parte de la producción y las ventas de alimentos. Esos sectores presionan por la devaluación y son responsables de la remarcación permanente de precios constantemente.
Hay que establecer el monopolio estatal del comercio exterior. Que sea un organismo del Estado el que regule qué se importa y qué se exporta, impidiendo las trampas empresarias. Que funcione bajo administración obrera para evitar la corrupción. Como parte de eso hay que estatizar los puertos. | 
