Los partidos de Apruebo Dignidad y la ex Concertación firmaron el compromiso de garantizar un sistema de pensiones mixto, donde seguirán existiendo las AFP; prometieron reponer el estado de emergencia para sacar a los militares en caso de “grave alteración de la seguridad pública”; proteger el negocio de las clínicas privadas; limitar la justicia y consentimiento indígena, reforzar aún más el derecho de propiedad y modificar algunos puntos del sistema político.

Sin embargo, no hay de qué sorprenderse. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y las propias normas transitorias votadas por todas las bancadas de la Convención Constitucional ya le dieron múltiples herramientas al actual Congreso elegido bajo la constitución de Pinochet para hacer y deshacer a su pinta.

Dos intentos de restaurar la hegemonía de la clase dominante

La derecha ha impulsado una campaña odiosa y demagógica a favor del rechazo. Detrás de frases como la “libertad de elegir”, “la igualdad ante la ley” y sus fakenews sobre vivienda, aborto, salud, entre otras; se esconde una férrea defensa de la herencia de la dictadura, las AFP, las Isapres, la especulación inmobiliaria, la moral conservadora de la iglesia que ha estado históricamente contra el derecho a la educación sexual integral, el derecho al aborto, y el reconocimiento de las disidencias sexuales, y una defensa de las grandes empresas mineras, forestales, los grandes propietarios agrícolas que saquean los recursos naturales a costa de bajos sueldos y destrucción del medioambiente.

Detrás de esta campaña no está solo la derecha, sino que también se han alineado importantes figuras de la Democracia Cristiana como Ximena Rincón, Matías Walker o personajes como Felipe Harboe. Por el rechazo también están los principales gremios empresariales encabezados por Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.

Sin embargo, en el Apruebo no está solamente “el pueblo” o “los movimientos sociales” como algunos han querido hacer parecer. Los partidos más importantes de la ex Concertación, el PPD, la DC y el Partido Socialista se plegaron al apruebo- De hecho, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático (ex Concertación) conforman un mismo comando. La nueva Constitución ha sido aprobada también por empresarios “progresistas” y agencias internacionales financieras.

Se trata de un intento de sectores de la clase dominante para lograr una nueva “transición” y así recomponer un régimen político en crisis, reconociendo ciertos derechos para cooptar a las organizaciones obreras y populares y recomponer la autoridad del Estado capitalista. Se trata de una nueva trampa histórica de “aprobar” para después negociar todo con la derecha y realizar una nueva “transición pactada” donde nuestras demandas y expectativas de la clase trabajadora y el pueblo nuevamente quedarán sin solución.

Una gran parte de la población tiene expectativas de acabar con la Constitución de Pinochet. La nueva Constitución reconoce una serie de derechos que han sido negados por décadas, como derechos sexuales y reproductivos, derecho a la educación, a la vivienda digna, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y un extenso catálogo de derechos. Si la Convención tuvo que incorporar estos derechos en el texto, es porque durante décadas las hemos peleado en las calles.

Sin embargo, mientras nos prometen derechos, han mantenido en pie toda la herencia económica de la dictadura, desde las privatizaciones hasta el saqueo de los recursos naturales, la precarización laboral y la posibilidad de lucro con nuestras necesidades como educación y salud. Pero además, estas promesas chocan con una crisis económica y social en donde la inflación se come los salarios, donde la vida se precariza aún más y los que siguen ganando son banqueros y empresarios.

Y es que hace casi 3 años que nos movilizamos y no hay ningún cambio. No hemos ganado las demandas que peleamos en octubre: salarios y pensiones dignas sin precarización; poner fin a las listas de espera por una salud gratuita y de calidad; educación pública y gratuita para todas y todos poniendo fin a las deudas como el CAE; fin de las AFP y pensiones dignas para nuestros abuelos. No hemos conseguido tampoco ni la libertad de lxs presxs de la revuelta, ni la cárcel a Piñera y los asesinos que están en impunidad. Mientras hablan de plurinacional, el gobierno de Boric profundiza la violencia estatal con la militarización al Wallmapu, la militarización de fronteras y ciudades fronterizas, barriendo con policías a vendedores callejeros en comunas populares.

Mientras en la juventud, los organismos estudiantiles como la Confech, dirigida por el FA-PC, lejos de buscar desarrollar y fortalecer el movimiento estudiantil que fue la chispa de la rebelión, se posiciona como una vocería de Gobierno, aceptando migajas como el aumento miserable de $4.800 a la beca BAES luego de que miles de estudiantes se movilizaron no sólo por esta demanda, sino que contra la violencia machista, por la libertad a los presos políticos, o por mejoras en infraestructura, y en general contra la crisis de la educación pública. Asimismo, a la juventud secundaria que saltó los torniquetes, ni siquiera se le permitió algo tan mínimo como votar y ser electos, al contrario, se les negó esa posibilidad, y hoy frente a sus movilizaciones como tomas de sus liceos, son reprimidos por el Gobierno.

Ni la Convención ni el gobierno de Boric han tomado medidas estructurales para que el pueblo trabajador no pague los costos de la crisis. Es por esto que un significativo sector del pueblo trabajador se ha ido desilusionando en el camino. La nueva constitución no representa y no resolverá las demandas que peleamos en octubre. El bloque del apruebo dirigido por Boric, mientras pasivizan a los movimientos sociales, cada vez más le hacen el juego a la derecha y la fortalecen.

La Convención Constitucional y las “cocinas” a espaldas del pueblo

Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios desde hace décadas hemos sido parte de la lucha por acabar con toda la herencia de la dictadura y compartimos el anhelo de millones por acabar con la Constitución de Pinochet. Sin embargo, creemos que no será con este proceso constituyente ni con el gobierno de Boric que lograremos conquistar las demandas de octubre ni mucho menos acabar con los privilegios de un puñado de capitalistas, las desigualdades estructurales y las miserias de este sistema.

Durante la rebelión luchamos por sacar a Piñera a través de la huelga general e instalar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que no estuviese subordinada a ninguna de las instituciones del viejo régimen y pudiera discutir y tomar todas las demandas de la rebelión. En ese camino luchamos por impulsar organismos de auto-organización de la clase trabajadora y el pueblo que fuesen capaces de enfrentar y derrotar a los poderes capitalistas, tanto económicos como represivos, en la perspectiva de conquistar un gobierno de las y los trabajadores.

Fuimos parte de los miles que denunciamos el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución como un pacto a espaldas del pueblo para salvarle el pellejo a Piñera, asegurar la impunidad y establecer un proceso constituyente lleno de trampas para que fuesen los capitalistas y sus políticos quienes definieran qué cambios hacer y cuáles no. En las elecciones a la Convención impulsamos la lista de Trabajadorxs Revolucionarixs que peleó por un programa de independencia de clase e impulsó una amplia agitación en la clase trabajadora y el pueblo. Denunciamos también que la Convención Constitucional se subordinó totalmente a los poderes constituidos y se alejó de las urgencias populares. Vimos de primera mano cómo la Convención rechazó la libertad de las y los presos de la rebelión puesto que, junto a familias y activistas, presentamos una iniciativa popular de norma por la libertad de los presos políticos que fue rechazada entre gallos y medianoche. La Convención Constitucional, lejos de ser una conquista de la rebelión como plantean grupos como Movimientos Sociales Constituyentes o como el MIT de María Rivera, fue uno de los mecanismos claves para desactivar la movilización. Ni la convención ni los constituyentes fueron herramientas para fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora y los sectores populares, sino para subordinar las calles a los viejos poderes constituidos, los mismos que hoy ya se aprestan a reformas negociadas con la derecha.

Esta política, de una Convención alejada de las necesidades populares y de la agenda de octubre, ha jugado un rol clave en desmoralizar a millones y abrirle el camino al fortalecimiento de la derecha y la extrema derecha, que después de estar en la UCI hoy vuelven a retomar la agenda con sus demandas reaccionarias.

La nueva cocina firmada por los partidos de gobierno desde el Partido Comunista hasta la ex Concertación, sólo busca tranquilizar a la derecha y los grandes capitalistas. Es parte de un camino que ha fortalecido a la derecha y la extrema derecha. Ese camino a la derecha también se lo abrieron aquellos que hablaban de “rodear la Convención” y que no “sesionarían con presos políticos”, como Movimientos Sociales Constituyentes o el propio PC, ya que al llegar a instalarse en la Convención dejaron esas consignas de lado y se dedicaron a una práctica parlamentaria-institucional sin utilizar sus cargos para fortalecer la movilización extraparlamentaria para enfrentar a los sectores más reaccionarios y conservadores. Y para qué decir la burocracia sindical de la CUT que se metió de lleno a los mismos tiempos parlamentarios, sin mover un dedo en serio para movilizar contra las condiciones de precariedad de los trabajadores, integrándose cada vez más al gobierno y contentándose con un sueldo mínimo “histórico” que ya fue consumido por la inflación.

Aún después de esta nueva cocina de la ex Concertación, el PC y el FA para “reformar” en caso que gane el Apruebo, muchas organizaciones de izquierda y que incluso se dicen “revolucionarias” siguen llamando a un “apruebo” completamente subordinados a esta cocina, llamando a “defender” un Apruebo que ya se sabe que va completamente al avispero del Senado donde negociarán todo con la derecha, consumando un nuevo “pacto” anti-popular. Esas organizaciones lejos de ayudar a que la clase trabajadora haga una experiencia en el camino de una posición política independiente, contribuyen a subordinar al movimiento de masas al liderazgo de la centro-izquierda y del gobierno, a una política de colaboración de clases con un sector de los 30 años y a la pasivización de los movimientos.

Por todo esto, no apoyamos el proceso constituyente ni tampoco la nueva Constitución, que será un nuevo fraude histórico y que estará totalmente sujeto a lo que definan los partidos en el actual Congreso. Este 4 de septiembre votaremos nulo o blanco. Como socialistas no votaremos por una Constitución que establece nuevas bases para la explotación del Estado capitalista chileno. Este proceso constituyente es el ropaje para vestir la explotación y la opresión del Chile capitalista y patriarcal. Es por esto que peleamos por una alternativa y un programa de independencia de clase desde la clase trabajadora y los sectores populares.

Por un programa obrero y popular para conquistar las demandas de octubre y que la crisis la paguen los capitalistas

En ese marco es que necesitamos reagruparnos y organizarnos quienes consideramos que los motores más profundos de la rebelión no han sido resueltos y que no se resolverán por la institucionalidad de este régimen, sino que esos derechos los conquistaremos tocando los intereses de los grandes capitalistas y no avalando un pacto a espaldas del pueblo, negociado con los partidos tradicionales y este gobierno.

Las promesas de la nueva Constitución chocan con la actual crisis económica y social. No podemos esperar que estos derechos sean una realidad si no es a través de la lucha y la organización de la clase trabajadora y los sectores populares, partiendo por exigir un plan de financiamiento para asegurar una educación pública gratuita, de calidad, no sexista y de acceso universal y sin restricciones, sin ningún subsidio a los privados; por la condonación inmediata del CAE; acabar con las listas de espera instaurando un Sistema Único de Salud, financiado por el estado y el impuesto a las grandes fortunas; un plan de construcción de viviendas gestionado por trabajadoras y trabajadores y comités de vivienda para hacer frente al aumento del déficit habitacional. Acabar con las AFP e instaurar un sistema de reparto solidario gestionado por trabajadores y jubilados, sin lo cual el “derecho a seguridad social” es solo verso. Asimismo, luchar para asegurar el derecho el aborto libre, seguro y gratuito en el sistema público, igual salario a igual trabajo, educación sexual integral y las demandas de las mujeres que la derecha buscará cercenar en el Congreso en la cocina que ya preparan con Apruebo Dignidad y la ex Concertación.

Esta pelea debe ir acompañada de un programa que ponga al centro las demandas obreras y populares que no resuelve la nueva constitución. La clase dominante y sus políticos nos quieren dividir en estas elecciones, en momentos donde es más urgente que la clase trabajadora luche por un programa obrero de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas en un momento en donde la inflación se come el sueldo, aumentan los arriendos, las cuentas y se precarizan las condiciones de vida. Se trata de demandas fundamentales, como por un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos y un salario y pensión mínimos de $650.000; por la rebaja de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y cesantes sin rebaja salarial alguna; por detener el aumento de los servicios básicos de agua, luz, combustibles planteando la expropiación sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores de todas las empresas de servicios básicos que especulen con los precios como ha ocurrido con el caso de Metrogas. Así también, luchar por el juicio y castigo a los represores y la disolución de Carabineros.

Para eso hay que atacar las grandes fortunas del país que se enriquecieron durante estos 30 años a costa de negar las necesidades populares, saqueando el medioambiente, haciendo negocio con la salud y la educación o despojando a las comunidades mapuche. Es decir, nacionalizar recursos estratégicos como el cobre o el litio bajo gestión de las y los trabajadores y las comunidades. A su vez, hay que tomar medidas de fondo para hacer frente a la dependencia nacional del imperialismo, que hoy se agudiza con la devaluación frente al dólar y la inflación, a través de la nacionalización del sistema bancario. A su vez, frente a las históricas reivindicaciones del pueblo mapuche, hay que poner fin a la militarización del Wallmapu, garantizar la restitución de tierras reclamadas por las comunidades y asegurar el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.

Peleamos por este programa para desarrollar la movilización y la auto-organización de la clase trabajadora y los sectores populares, desde una política de independencia de clases y en la perspectiva de la lucha por un gobierno de las y los trabajadores. Los socialistas luchamos, porque los grandes resortes de la economía sean de propiedad social y expropiados del puñado de familias que hoy gobiernan el país para que sean gestionados democráticamente por la clase trabajadora y las comunidades, la inmensa mayoría del país.

Esto va en la perspectiva de superar el capitalismo, reorganizando la sociedad en base a la propiedad social de los principales recursos económicos y productivos, hoy en manos de un puñado de familias que gobiernan el país. Esos grupos dominantes, tienen intereses opuestos a la mayoría: si se trata de enriquecerse, no dudan en generar "zonas de sacrificio" contaminando; no dudan en arrebatar tierras a los mapuche; mientras pagan sueldos miserables en medio de la inflación. El socialismo implica dejar atrás esa miseria y para ello no hay que generar un "nuevo contrato social" con los capitalistas sino que poner los principales centros productivos y recursos económicos al servicio de toda la sociedad, gestionados democráticamente por las y los trabajadores. Luchar por esta sociedad, en la perspectiva de un mundo sin explotados ni oprimidos, implica enfrentarse con los grandes poderes de la clase dominante, su Estado, sus fuerzas represivas y derrotarlos a través de una revolución social, por eso debemos desde ya construir un partido de la clase trabajadora enraizado en lugares de trabajo y estudio, que es la pelea que damos no sólo a nivel nacional sino que a nivel internacional desde la Fracción Trotskista por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Un partido que se prepare para vencer y conquistar un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo.