Con la propuesta constitucional en mano y reformas parlamentarias cocinándose, es necesario hablar del sector al cual se atribuye el primer paso para "la conquista de derechos en esta constitución".

La afirmación de derechos asegurados en una constitución, encierra una visión idealista de cómo han conquistado historicamente sus derechos los sectores populares, visión que coincide con otra afirmación que ha ganado popularidad desde el 2019; la visión del estudiante secundarix como un mártir, que saltó los torniquetes para que hoy podamos votar apruebo el 4 de septiembre (relato sacado de diversxs partidarixs del Apruebo).

Lo cierto es, que bajo esta premisa, se ha desplazado a lxs menores de edad conscientes de la sociedad de ser sujetos políticos para ser símbolos que justifican el cuestionado proceso constituyente y también, agrega ilusiones a este último como garante de derechos cuando la convención alejó sistemáticamente su discusión y votaciones de los problemas fundamentales de demandas populares, como por ejemplo ; La educación gratuita y de acceso irrestricto.

Pero he aquí dos realidades indiscutibles: no se permitió votar en el plebiscito de entrada a menores de edad, menos ser candidatos constituyentes y el acceso irrestricto junto con una educación superior gratuita son dos generalidades en la nueva propuesta que es preciso examinar con ojo crítico (hacia la izquierda).

El desarrollo del sujeto secundario consciente desde el año 2019 ha sido diverso, sin embargo, podemos afirmar que: les estudiantes secundarixs han sido un sujeto activo políticamente desde la revuelta social hasta la fecha, acción invisibilizada o directamente criminalizada por la prensa oficial y el gobierno de Apruebo Dignidad,que ha continuado la línea represiva de Piñera por ejemplo con la aplicación de la Ley Aula Segura y la represión de manifestaciones secundarias con Carabineros.

Desde el comienzo de la convención constituyente, se hallaban menores con prisión preventiva en centros SENAME, esperando indefinidamente su juicio por fiscales que se tomaban vacaciones y licencias extendidas durante meses en pandemia, mientras estos menores vivían condiciones de hacinamiento y aislamiento.

"K.U. y M.S tienen 16 años, cursan 3° medio y son vecinos de La Bandera. Estuvieron más de dos meses recluidos en un Centro de Internación del Sename por ser considerados por la justicia “un peligro para la sociedad”. Fueron detenidos en el Intermodal de la Cisterna por efectivos de la PDI el 29 de noviembre, el Ministerio Público los acusa, bajo la Ley sobre Control Armas (17.798), por porte de elemento incendiario, que eran “un par de botellas, un encendedor y alcohol”, detallaron quienes conocen el caso, elementos que –según han declarado sus madres– habrían sido entregados por terceros a los jóvenes." El mostrador, 2020

Es preciso, observando la disposición de los partidos políticos del régimen y la actuación de los poderes del estado frente a las demandas secundarias y el papel que han jugado en la represión, preguntarse; ¿Qué tenemos que celebrar las generaciones más jóvenes, desplazadas de éste proceso?

Desarrollando esta idea, ¿Debemos confiar ciegamente en que lograremos nuestros derechos mirando las urnas el 4 de septiembre?, las juventudes del gobierno (Frente Amplio, Partido Comunista, Juventudes Socialistas, etc) afirman que sí. Existe otro sector, que se identifica más con el abstencionismo, es decir, no tener una opinión independiente; dar la razón al gobierno y su represión que anula a lxs secundarixs cómo sujeto político y los saca directamente del derecho al voto (aparte de reprimir la manifestación) y plantean que no hay que meterse en este debate sino sólo "retomar las calles" y volver a la revuelta.

Aquí otra posición; entremos en el debate, para dar vuelta todo

El sector secundario que desconfía del proceso constituyente, de los partidos que hoy en el congreso se ponen de acuerdo para moderar la propuesta constituyente, que desconfía del gobierno y que le impacta ver el nivel de represión que desata el estado indiscriminadamente contra quién se movilice.

Éste sector es sumamente político y tiene mucho que demostrar a los gobernantes de la derecha, la ex concertación y los progresismos que continúan con la represión de Piñera.

Para volver a aparecer en la escena es necesario meterse a los debates de envergadura nacional e internacional, para tener opiniones claras y que hagan volar por los aires toda idea de "mal menor" y "cambios graduales en las instituciones" que nunca llegan.

Partiendo por fortalecer (articular) a esta parte del movimiento estudiantil que ha sido des-unido desde el 2019, cuando las coordinadoras secundarias como la ACES y CONES se preocuparon de hacer convocatorias puntuales de asambleas hasta el día de hoy sin apostar por unificar la lucha de los establecimientos que se han movilizado a nivel nacional por cosas importantísimas cómo contra la violencia machista o exigiendo una educación financiada directamente por el estado, con mejor infraestructura y más trabajadores de la educación.

Para esto es preciso fortalecer las coordinadoras secundarias cuestionando su pasividad en este contexto electoral y disputando su dirección política o creando coordinadoras que juegen este papel importantísimo para que el movimiento secundario pueda volver a articularse con las ideas frescas y revolucionarias que caracterizan su historia.

Es así como la convención constituyente y sus impulsores han dejado de lado a un sector importantísimo de la sociedad, pero a buena hora ya que esto demuestra una vez más, la falta de compromiso de los partidos tradicionales con resolver los problemas de fondo de la sociedad capitalista;

la propuesta constitucional es clara en este sentido: no ajusta ni el sistema político autoritario Chileno, ni propone el fin de la represión (ni siquiera la libertad de lxs presxs de la revuelta que hasta el día de hoy se mantienen en prisión con pruebas miserables por parte de fiscalía).

Tampoco resuelve un aspecto fundamental del descontento de nosotres, las generaciones jóvenes que saltamos los torniquetes; un plan serio de financiamiento de los derechos fundamentales y un freno para el alza del costo de la vida de nuestras familias.

Aquí un dato útil; El FMI dice que en el mediano plazo Chile más que duplicará su ingreso anual por cobre de US$30 mil millones en 2019 a US$70 mil millones entre 2021-2040.

En el caso del Litio es mucho más alta la subida, pasará de US$1 mil millones a US$25 mil millones. Entre ambos minerales se llegará a un ingreso promedio de US$95 mil millones anuales (casi un tercio de todo el PBI anual del país que está en torno a los US$300 mil millones).

Si tomamos en consideración el coste de la nueva constitución en el escenario más caro del estudio que hicieron distintos economistas que era en torno a $45 mil millones. Eso fácil se puede financiar solo nacionalizando estos dos sectores, es decir, poniendo los derechos sociales como prioridad y no como un agregado a un "acuerdo por la paz" que solo significa paz, para quienes pueden pagarla.