Existe preocupación en los gremios empresariales, respecto a las posibilidades de crecimiento al interior del país, por lo que en la reunión con Boric Von Appen y Sutil, presentaron su agenda “pro crecimiento”. Referente a esto, es que hace un tiempo, estos gremios vienen con un discurso contra el gobierno, respecto a que este se habría olvidado del crecimiento, presionando así hacia medidas de inversión en el país, es decir, de capitales locales y extranjeros.

También, por su parte Von Appen, directamente le planteó al Gobierno la aprobación del - tan bullado- TPP11, el cual permitiría mayor inversión, y por lo tanto, aumentarían las ganancias de su familia, quienes son dueños- desde la Dictadura Pinochetista- de los puertos del país, por lo que, claramente el acuerdo transpacífico, les sería conveniente.

En dicha reunión estuvo presente Mario Marcel, por el Ministerio de Hacienda. Desde luego, Marcel valoró la reunión y se puso inmediatamente a disposición de los gremios empresariales, poniendo sobre la palestra la necesidad de la “cohesión social” y la aprobación de la reforma tributaria. Reforma que ha sido criticada por los empresarios precisamente por no promover la tan anhelada inversión. Críticas que tuvieron sus frutos, ya que, fue el mismo Boric, quién luego de la reunión reconoció cambios a la reforma tributaria que se encuentra tramitando en el Congreso.

En medio de una escenario internacional de crisis y recesión económica, los empresarios chilenos, se encuentran preocupados del crecimiento nacional, pero no para beneficiar a las grandes mayorías, sino que para seguir amasando grandes fortunas, mientras los costos de la inflación y la crisis lo pagan el pueblo trabajador y los sectores populares. El gobierno de Boric, parece total cómplice de esto, y quién detrás de la retórica de la necesaria colaboración “pública- privada”, al más puro estilo concertacionista, donde los empresarios tienen un rol especial en las decisiones del gobierno.

En medio de estas negociaciones empresariales, que no tienen nada que entregarle al pueblo trabajador, es necesario pelear por un programa de emergencia ante la crisis, que ponga al centro las demandas populares y las necesidades de las mayorías, como un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos y un salario y pensión mínimos de $650.000; por la rebaja de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y cesantes sin rebaja salarial alguna; por detener el aumento de los servicios básicos de agua, luz, combustibles planteando la expropiación sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores.