El Congreso Nacional aprobó la solicitud del gobierno de Gabriel Boric para extender por 15 días el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

En la Cámara de Diputados fue aprobada con 107 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones. A favor votaron todos los partidos de Apruebo Dignidad. Diputadas como Carmen Hertz, Karol Cariola del Partido Comunista o Gonzalo Winter y Gael Yeomans del Frente Amplio visaron la medida.

Las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Defensa, Maya Fernández, participaron de las sesiones y defendieron la continuidad de la medida. Siches planteó que el estado de excepción “no es una solución de fondo” y planteó que “las soluciones de fondo las tenemos que construir”, pero sin dar absolutamente ningún plazo ni propuesta para acabar con la militarización. El llamado plan "Buen Vivir" ha sido un voladero de luces que ha sido cuestionado incluso por parlamentarias como Emilia Nuyado del PS, Lorena Pizarro PC y el senador Francisco Huenchumilla de la DC. La ministra, por el contrario, se concentró en “valorar el trabajo que hacen los distintos personales de la Fuerza Área, Fuerzas Armadas, con un contingente que varía y fue en ascenso”.

Lo cierto es que el Frente Amplio y el Partido Comunista se subieron al carro de la militarización. En los hechos ya no la plantean como una medida excepcional, sino como una situación permanente. El gobierno de Boric en este punto, no ha hecho más que profundizar la política represiva que desplegó Piñera en el Wallmapu.

Es por lo mismo, que la derecha sigue presionando por avanzar en la militarización en cuanto a su duración y extensión territorial. El senador Francisco Chahuán (RN), sostuvo que “presentamos un proyecto de ley que está en tramitación para evitar que esta aprobación sea cada 15 días y tener la posibilidad de que el estado de excepción constitucional pudiera extenderse por un plazo mayor”. Por su parte, Juan Castro (RN) afirmó que “hace unos días presente un proyecto para (que el plazo del estado de excepción sea) a lo menos cada 60 días”.

La derecha ya había salido a exigir que se extendiera la medida a la Región de Los Ríos. Ahora la exige para la región de Antofagasta e incluso a Arica y Parinacota. Por ejemplo, José Miguel Castro (RN) votó en contra de la prórroga para la Macrozona Sur, como señal de protesta planteando que “estamos pidiendo un estado de excepción en la Región de Antofagasta. Lo mío es un voto de protesta, de súplica por lo que viven quienes vivimos allá en la región de Antofagasta. Le pido, ministra, dígale al Presidente que no vaya a las regiones donde están bajo el Apruebo, vaya a las regiones donde se le necesite al Presidente hoy día”.

Evidentemente existe una política transversal de los partidos del régimen por mantener y aumentar la militarización en Chile. Apruebo Dignidad (que mientras estaba en oposición votaba en contra del estado de excepción) hoy hace campaña por el apruebo prometiendo un Chile igualitario y democrático, pero manteniendo la militarización y la represión.

Hablan de plurinacionalidad mientras mantienen a los militares reprimiendo comunidades. No olvidemos a Jordan Yempi, comunero mapuche de 23 años que se encontraba en su hogar cuando fue asesinado por un proyectil de guerra disparado por infantes de marina.

No es por casualidad que en la “cocina” de los partidos del apruebo, en la cual pactaron una serie de reformas a la nueva Constitución previo al plebiscito de 4 de septiembre, acordaron reponer la figura del “estado de emergencia”.

La “nueva transición” que quieren imponer los poderosos, ya sea gane el apruebo o el rechazo, quieren asegurarla con la tutela de las Fuerzas Armadas. Por su parte, Apruebo Dignidad prefiere apoyarse en instituciones como las FF.AA, partidos empresariales como el Partido Socialista y el PPD o la propia institución de Carabineros; y no en la movilización y la organización de la clase trabajadora y el pueblo. Al mismo tiempo que impulsa reformas totalmente limitadas y que no responden a las urgencias y necesidades sociales.