El Congreso Nacional de Chile aprobó la solicitud del Gobierno de Gabriel Boric para extender por 15 días el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
En la Cámara de Diputados fue aprobada con 107 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones. A favor votaron todos los partidos de Apruebo Dignidad, que incluye al Partido Comunista y el Frente Amplio, que forman la coalición de Gobierno.
Las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Defensa, Maya Fernández, participaron de las sesiones y defendieron la continuidad de la medida. Siches planteó que el estado de excepción “no es una solución de fondo” y planteó que “las soluciones de fondo las tenemos que construir”, pero sin dar absolutamente ningún plazo ni propuesta para acabar con la militarización que se establece en particular contra el pueblo mapuche. Al contrario, se concentró en “valorar el trabajo que hacen los distintos personales de la Fuerza Área, Fuerzas Armadas, con un contingente que varía y fue en ascenso”.
En los hechos los partidos que forman parte de la coalición del Gobierno ya no la plantean como una medida excepcional, sino como una situación permanente. Hasta ahora Boric no ha hecho más que profundizar la política represiva que desplegó Piñera en el Wallmapu.
Es por lo mismo, que la derecha sigue presionando por avanzar en la militarización en cuanto a su duración y extensión territorial. El senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional), sostuvo que “presentamos un proyecto de ley que está en tramitación para evitar que esta aprobación sea cada 15 días y tener la posibilidad de que el estado de excepción constitucional pudiera extenderse por un plazo mayor”. Por su parte, Juan Castro, del mismo partido, afirmó que “hace unos días presenté un proyecto para (que el plazo del estado de excepción sea) a lo menos cada 60 días”.
La derecha ya había salido a exigir que se extendiera la medida a la Región de Los Ríos. Ahora la exige para la región de Antofagasta e incluso a Arica y Parinacota.
Evidentemente existe una política transversal de los partidos del régimen por mantener y aumentar la militarización en Chile.
La coalición de Gobierno habla de plurinacionalidad mientras mantiene a los militares reprimiendo comunidades. Se recuerda el caso de Jordan Yempi, comunero mapuche de 23 años que se encontraba en su hogar cuando fue asesinado el año pasado por un proyectil de guerra disparado por infantes de marina.
Parte de este acuerdo transversal es la negociación de los partidos que apoyan al Gobierno hacia el plebiscito del 4 de septiembre sobre el texto de la nueva constitución. Como parte de su campaña para que se apruebe el texto ya proponen hacer modificaciones y moderarlo de acuerdo a las exigencias de la derecha. Entre ellas se incluye reponer la figura del “estado de emergencia”.
La “nueva transición” que quieren imponer los poderosos, ya sea que en el plebiscito de la nueva Constitución gane el "apruebo" o el "rechazo", quieren asegurarla con la tutela de las Fuerzas Armadas.
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