Existe un ataque voraz al gasto público, una patriada a favor del ajuste que abarca desde los libertarianos, pasando por Juntos por el Cambio, hasta llegar al propio Frente de Todos, que es en definitiva quien aplica los recortes presupuestarios, como hará con la segmentación y tarifazos en los servicios públicos. En los grandes medios de comunicación se bombardea a cada segundo, sin descanso, sobre un supuesto estilo de vida dispendioso de quienes son víctimas del declive capitalista.
En un espectáculo morboso, a aquellos quienes la miseria creciente los obliga a recurrir a todo tipo de estrategia de supervivencia se les cuenta hasta las costillas: se los culpabiliza por tener que recurrir al Potenciar Trabajo, se les pregunta por la AUH o si tienen el lujo de recibir la garrafa social, que es la contraparte de no tener acceso a la red de gas en pleno siglo XXI.
El lunes 20 de junio, en su discurso de Avellaneda, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó su diatriba de estigmatización de los que no tienen nada y que mal sobreviven con la asistencia de algún programa social. El miércoles 3 de agosto, en su primera conferencia de prensa, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la auditoría de los programas sociales con el eje en una supuesta “vuelta al trabajo”.
Para no quedar atrás, el martes 9 de agosto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto con su ministra de deseducación, Soledad Acuña, anunció que les quitarían los planes sociales a las familias que no garanticen el 85% del presentismo de sus hijos en la escuela. Un castigo por ser pobres. No importan las razones por las cuales las niñas y niños no llegan al colegio.
Exactamente una semana después, el martes 16/8, quedaron expuestas algunas de esas razones. Les docentes de la Escuela N° 11, del Distrito Escolar 5, de la Villa 21-24 de la CABA denunciaban que “Hoy estamos atravesades por el dolor, la impotencia y la bronca frente a la pérdida de una niña de nuestra escuela, consecuencia de la ausencia y la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que sistemáticamente vulnera los derechos de nuestres pibis”. Desde el año 2017, cuando ingresó a la escuela, les docentes advirtieron la “clara vulnerabilidad de derechos que atravesaba la niña y su familia”.
El Estado se borró. Incluso en sus últimos días: cuando el viernes 12/8 la niña de once años se descompensó, en el colegio tuvieron que llamar al SAME desde un teléfono particular (el teléfono del colegio no funciona hace meses…). La ambulancia nunca llegó. Días después, el fallecimiento de esta niña por desnutrición generó una bronca parecida a cuando se conocieron, un tiempo atrás, las imágenes que mostraban a Candela Salazar desvanecerse y caer entre dos vagones de un tren en movimiento. Hacía dos meses que estaba sin trabajo. Ese día no había comido. Iba camino a un encuentro con amigas para ver si se le abría una puerta laboral en tareas de cuidado por un salario que arañaba la línea de indigencia. Un milagro la dejó con algunas lesiones, pero con “una nueva oportunidad de vivir”.
La pobreza es una expresión nítida de la decadencia del régimen capitalista argentino: pasó de afectar al 4 % de la población a principios de la década de 1970 hasta aproximadamente el 40 % en la actualidad. Pero para declarar inocente al régimen capitalista de ese crimen del cual es culpable se invierte la realidad: se ataca a los pobres, a las organizaciones sociales y al presupuesto social como el origen de todos los males.
El programa Potenciar Trabajo está en el foco del ataque. Se presenta como “vagos” a quienes bancan los comedores y otras tareas comunitarias en los barrios, a quienes defienden sus puestos de trabajo en las empresas recuperadas, a trabajadoras y trabajadores de la economía popular, pero también a quienes trabajan de manera incansable en sus hogares, labor que recae mayormente sobre las mujeres. Carecer de un empleo en una empresa no es equivalente a no trabajar. De hecho, trabajan y mucho.
En el marco del Consejo de las Américas, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que en los próximos días saldrá publicado el decreto para transformar los planes sociales en “empleo genuino”. Habló de incorporar a más de 200 mil beneficiarios. Además, explicó que “el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social, ART y sindicato" y "el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio”.
El ataque a las organizaciones sociales, la falsa idea de la “vuelta al trabajo” de Massa, tiene la función de ofrecer como mano de obra barata a las empresas y a los intendentes a quienes perciben $22 mil al mes ($722 diarios) por el Potenciar Trabajo, es decir medio salario mínimo (sí ¡medio salario mínimo!). En cierta medida ya ocurre.
El Gobierno promocionó meses atrás a una empresa textil que produce prendas para grandes marcas (Grisino, Cristóbal Colón y Cheeky): un “buen” ejemplo de cómo se transforman los planes en mano de obra barata. En un artículo de La Izquierda Diario se recogieron testimonios sobre cómo los intendentes convierten el Potenciar Trabajo en un “modelo” de precarización laboral: son trabajadoras y trabajadores que barren las calles del conurbano, limpian los hospitales y hacen todos tipo de tareas que antes hacían los empleados municipales.
Esta mano de obra barata es en realidad un “subsidio” de las trabajadoras y trabajadores precarizados a la ganancia empresaria o a los presupuestos municipales. E implica una presión adicional para bajar las expectativas de la clase trabajadora y devaluar más los salarios: entre octubre de 2015 y junio de este año, el poder de compra en el sector privado registrado retrocedió 20 %; en el caso del empleo público la pérdida es del 28 %; entre los informales la pérdida es del 32 %, pero tuvo lugar en un período más corto (octubre 2016-junio 2022). Todo esto sin contar el salto en la inflación de julio.
Además de la defensa ante el bombardeo permanente contra los programas sociales, el PTS en el Frente de Izquierda propone superar el destino de miseria creciente, de falta de futuro para la juventud, de desocupación estructural y de jornadas extenuantes en trabajos donde se deja la vida para quienes tienen empleo formal. En ese sentido se orienta la iniciativa de reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias y 30 horas semanales, sin reducción salarial, y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, con un salario mínimo donde nadie gane menos que lo que cuesta la canasta familiar. La propuesta se orienta a elevar las expectativas y a mejorar las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora.
Contra cualquier perspectiva de un mejor futuro, los defensores del régimen capitalista argento se ponen la gorra para vigilar y castigar a los que no tienen nada. ¿Y los que tienen todo y les sobra de todo? No, esos están libre de culpa y cargo ¿Por qué no se auditan las cuentas y los stocks de las grandes alimenticias o de las agroexportadoras que especulan con la suba de precios? ¿Por qué no se audita la fraudulenta deuda externa que dejó Mauricio Macri con los lobos de Wall Street y el FMI? ¿Por qué no existe una auditoría en todo el país del trabajo para regularizar el 36 % de la fuerza laboral que no tiene descuento jubilatorio (es decir, no está registrada), según estadísticas del INDEC?
Subsidio al rico
Según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, el Potenciar Trabajo tiene recursos para el corriente año por $284 mil millones. Se trata apenas del 1,7 % del total del presupuesto. Es decir, que el ataque a este programa como el origen de todos los males no se condice con su importancia dentro del presupuesto. El ataque, es evidente, tiene una matriz ideológica: naturalizar el estado de miseria generalizada.
Muy por encima del presupuesto del Potenciar Trabajo se ubican los servicios de la deuda pública, que representan el 7,4 % del presupuesto: el Estado desembolsará durante el corriente año $1,2 billones en pagos de deuda. Aunque una parte de la deuda es intrasector público (por ejemplo, con el FGS de la ANSES, entre otros organismos), una parte significativa de los pagos van a parar a manos privadas de los bancos, fondos de inversión y otros especuladores que se favorecen con el endeudamiento. Lo destinado a servicios de la deuda es 4,2 veces superior que lo destinado al Potenciar Trabajo. Esto ocurre en un año en que los pagos de la deuda son relativamente bajos por la reestructuración que impulsó Martín Guzmán. Pero hacia 2025 van a crecer fuertemente en su peso dentro del presupuesto.
Por fuera del presupuesto público del Estado Nacional, el Banco Central podría destinar, durante 2022, $ 2,3 billones en pagos de intereses por Leliq y pases a los bancos, según estima la consultora Eco Go: equivale a casi 3 % del PBI. Los “choribanqueros” se llevan 8 veces más que el presupuesto del Potenciar Trabajo. Pero mejor no hablar de ciertas cosas.
La clase empresaria que es parte de la cruzada contra el gasto público guarda un silencio prudencial cuando el presupuesto va a parar a sus cuentas bancarias. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley del Software que impulsó el Gobierno de Néstor Carlos Kirchner y su remodelación en la Ley de la Economía del Conocimiento. El periodista Alejandro Rebossio develó en El Diario.Ar, a partir de información brindada por el extinguido Ministerio de Desarrollo Productivo, que durante 2020 y 2021 las diez principales empresas beneficiadas con descuentos tributarios y de contribuciones patronales por la Ley de la Economía del Conocimiento fueron Accenture, BSF, Despegar, Endava, Globallogic, IAFH, Mercado Libre, Red Link, Sistemas Globales (conocida como Globant) y Technisys.
Accenture es una multinacional norteamericana ¿necesita que le subsidien la ganancia? Para tomar solo otro caso ¿Es necesario que el Estado beneficie al dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin? Recordemos que este año se conoció que Galperin se convirtió en la persona más rica del país con una fortuna que Forbes estimó en U$S3.900 millones. Según un informe del Ministerio de Economía, el conjunto de las empresas bajo el amparo de la Ley de la Economía del Conocimiento tendrán beneficios por el equivalente a $16 mil millones durante 2022.
En ese mismo informe se explica que el gasto tributario es el monto de ingresos “que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general”. Para este año 2022, se estima que el Estado dejará de percibir $1,6 billones por el total del gasto tributario. Esto equivale a 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y es 5,6 veces más que el presupuesto del Potenciar Trabajo.
Aunque en ese gasto tributario se incluyen los beneficios impositivos que tienen mutuales, cooperativas u obras sociales, lo central de la recaudación que pierde el Estado se explica por grandes empresas. Es lo que ocurre con el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, cuyo gasto tributario es de $222 mil millones. En esa provincia opera, entre otras empresas que producen electrónicos, la compañía Mirgor de la que es socio Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri.
El régimen de promoción de biocombustibles comprende un gasto tributario de $33 mil millones: beneficia a los productores de bioetanol a partir de azúcar como los ingenios del norte del país (entre los principales están Ledesma y El Tabacal) y a compañías que producen el mismo producto a partir del maíz. Otro tanto ocurre con la promoción de la minería que contamina el medio ambiente: en 2022 tendrá beneficios impositivos por el equivalente a $12 mil millones.
El Estado también pierde recursos: $63 mil millones a causa de diversos beneficios a las contribuciones patronales y otras deducciones de aportes a la seguridad social. Incluso pierde mucho más si se considera que desde la década de 1990, gracias a Domingo Cavallo, se redujeron las contribuciones patronales. Por otro lado, el Gobierno otorga directamente subsidios a empresas. Por ejemplo, este año existen casi $68 mil presupuestados para el Plan Gas que beneficia fundamentalmente al fracking contaminante en Vaca Muerta. Allí operan Tecpetrol (Techint), Pampa Energía, entre otras grandes empresas petroleras.
Mientras se llenan de plata, los amos del país juegan a ser esclavos de un Estado que subsidia a los pobres. Es una farsa donde la realidad se presenta invertida. Los principales subsidiados y beneficiados son los dueños de todo. Está claro que esa es la naturaleza, el ADN, del Estado capitalista. Un Estado que garantiza la supervivencia de los parásitos sociales.
Una versión de este artículo fue publicada en El Juguete Rabioso, el newsletter de economía de La Izquierda Diario, el día 18 de agosto de 2022. | 
