Este lunes por la mañana, a través de sus redes sociales, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió declarar en las audiencias de la llamada “Causa Vialidad”. El juicio se centra en las contrataciones de obra pública en Santa Cruz.
Mediante un posteo en su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner señaló “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
En función de ello, señala “he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”.
Este lunes finalizan los alegatos de la acusación en el juicio de Vialidad a cargo del fiscal Diego Luciani y Sergio Mola. Luego de 9 extensas jornadas, donde los fiscales expusieron las pruebas de la causa, realizarán el pedido de condenas para los acusados: penas de cárcel y posibles decomisos contra la vicepresidenta, a la que acusan como jefa de una supuesta asociación ilícita organizada para defraudar al Estado Nacional entre 2003 y 2015. También solicitarán condenas para el resto de los imputados y denunciarán a empresarios que aún no habían sido investigados como presuntos partícipes de la maniobra. Esto último fue adelantado en la audiencia del viernes pasado.
El juicio, después de terminado el alegato de los fiscales, iba a continuar en algunos días, durante septiembre, con los alegatos de los abogados defensores refutando las pruebas que expusieron Luciani y Mola. Posteriormente se espera el dictado de sentencia por parte del tribunal para antes de fin de año.
Ahora los jueces deberán definir si hacen lugar al pedido de declaración a Cristina para este martes 23 de agosto.
Denuncias políticas y negocios con el Estado
La Causa Vialidad se ha convertido en parte importante de la agenda política. Un sector del Poder Judicial -con aval de la gran corporación mediática y la oposición- pretende una condena que inhabilite política a Cristina Kirchner. Desde el otro lado, el mismo kirchnerismo responde denunciando persecución política y judicial.
La acusación judicial contra CFK y otros funcionarios incluye el uso de la figura de "asociación ilícita". Se trata, como se ha denunciado muchas veces, de una figura completamente ambigua, que es utilizada de manera arbitraria por jueces y fiscales como medio esencialmente persecutorio. En este caso se uso para enjuiciar conjuntamente a la vicepresidenta y a múltiples funcionarios. En otros, es una figura utilizada para la persecución política o sindical. En más de una ocasión ha sido usada desde el Poder Judicial para criminalizar a las organizaciones sociales.
Esa persecución efectivamente existe. Está más que demostrado el uso de múltiples mecanismos judiciales para perseguir a dirigentes políticos opositores que, en algunos momentos, no se plegaron plenamente a las políticas de ajuste de la derecha continental. Ese uso, por ejemplo, quedó en evidencia en el caso de la persecución y encarcelamiento de Lula. En Argentina pudo verse la judicialización de decisiones políticas, como por ejemplo el acuerdo firmado con Irán en 2013. En ese marco, no puede quedar en segundo plano la relación -más que estrecha- entre algunos de los fiscales y jueces y Mauricio Macri.
Sin embargo, esto no quita que los negociados que se establecen en la contratación de la obra pública son más que controversiales. Licitaciones amañadas; sobreprecios y subejecución de obras, contratos millonarios que quedan en manos de los amigos del poder; crecimiento sideral de fortunas sin mucha explicación -como es el caso de Lázaro Báez-; funcionarios que reciben coimas o manejan montos de dinero que no pueden explicar, como ocurrió con los bolsos de José López. Los negocios con la llamada “patria contratista” son, para usar un término amable, bastante opacos. El kirchnerismo y sus gestiones no fueron ajenos a ese esquema de funcionamiento que, sin embargo, también quedó en evidencia en la gestión de Cambiemos. Esta relación de opacidad y corrupción en la obra pública es intrínseca al Estado capitalista.
Precisamente por esto, el Poder Judicial existente tiene enormes límites para investigar causas de corrupción. Jueces y fiscales tienen estrechísimos vínculos con otros sectores del poder político -como lo evidencia el caso del fiscal Luciani- y con el poder económico. Precisamente por eso es necesario pelear por implementar los juicios por jurados populares en los casos de corrupción, así como en otras múltiples áreas. | 
