En este artículo me gustaría debatir sobre las concepciones estratégicas y programáticas que giran en torno a la plurinacionalidad e interculturalidad, sincerando en primer lugar, que es un debate difícil de abordar en un contexto de revueltas recientes en la región y con dos países, Bolivia y Ecuador en el que incluyeron estos conceptos en su carta fundamental.

Una rebelión con características anticoloniales

Durante la rebelión de octubre del 2019 diversas manifestaciones aludían a las demandas de los pueblos originarios oprimidos por el Estado chileno, como por ejemplo, el derecho a la cultura, el fin a la militarización, el derecho a la naturaleza y la demanda contra el extractivismo de los recursos naturales, la libertad de los presos políticos mapuche, entre otros. Las cuales durante ese año se expresó en movilizaciones locales ante los límites de la Ley Indígena de 1993 ante la usurpación legal de la tierra y territorios con las últimas modificaciones que realizó el gobierno de Sebastián Piñera y el reciente asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca en manos de la policía militarizada.

Fernando Pairican (2022), doctor en historia y mapuche, caracteriza a las manifestaciones del 2019 como una “rebelión anticolonial” ante el reconocimiento del pueblo chileno hacia algunas demandas del pueblo mapuche. En distintos lugares del país se expresaban murales o rayados aludiendo al derecho a la cultura, a la naturaleza, la libertad a los presos políticos mapuche, junto con la denuncia al extractivismo, la cárcel política, aplicación de la Ley Antiterrorista, asesinatos de parte de agentes del Estado, vulneración a los derechos del niño indígena, entre otros. Otra expresión fue la icónica fotografía de un manifestante que izaba la bandera mapuche (wenufoye) sobre el monumento de Manuel Baquedano en Plaza Dignidad o la “desmonumentalización” de estatuas de colonizadores en diversas plazas del norte y sur del país, que daban cuenta de la resignificación simbólica del patrimonio, historia y memoria desde la movilización.

Sin embargo, el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019 dio cuenta de un pacto entre partidos políticos del parlamento para atenuar las movilizaciones y dirigirlas a un proceso constituyente que funcionó al ritmo del Congreso, a tal punto que será el Congreso actual el que decidirá aprobar o no los artículos propuestos en la Nueva Constitución en el caso de que ganara la opción Apruebo. Mientras que, si gana la opción Rechazo, el gobierno evalúa un nuevo “ente constituyente” del cual ya se adelantó el pasado jueves 11 de agosto con un acuerdo entre partidos de la ex Concertación y de Apruebo Dignidad para rebajar el programa que sostiene la Propuesta.

Los intereses económicos de la industria forestal en el Wallmapu

Juan Sutil, presidente de la Cámara de Producción y Comercio y empresario agrícola es una de las caras visibles del empresariado que financia la cara del Rechazo. Sutil, además, tiene conflicto con las comunidades mapuche de Galvarino y Cholchol, pues pretende intervenir el río Quillem para instalar una plantación de cerezos con la ayuda del ex convencional DC Fuad Chain quien organizó una reunión con los vecinos del sector y el empresario.

El grupo Matte, es uno de los principales grupos económicos en Chile y, son dueños de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Fueron los principales financistas de la campaña presidencial del ultraderechista José Antonio Kast y hoy financian la campaña por el Rechazo. Su historia se remonta a principios de 1940 con la plantaciones de pinos en el Fundo Los Pinares, en la región del Bío Bío y desde los años cincuenta instalan diversas plantas de papel en el Bío Bío y Valdivia. En dictadura, durante el año 1978 este grupo económico alcanzó el 55% de las acciones en La Papelera, a través de la reapropiación de las tierras entregadas a campesinos y comunidades mapuche, enriqueciendo a este grupo hasta el día de hoy.

Otro grupo económico detrás de los recursos naturales de la denominada “macrozona sur” es la Familia Angelini, cuyo origen de su fortuna son las forestales y minería. Los Angelini se ubican en el puesto 6 y 7 del Ranking Forbes 2022, con un valor neto 1,8 miles de millones de US para Roberto Angelini y 1,4 miles de millones de US para Patricia Angelini. La Celulosa Arauco y Constitución, hoy propiedad de Anacleto Angelini, era, originalmente, una empresa pública, pero fue privatizada durante la dictadura militar. La empresa obtuvo más de un millón de hectáreas de tierra concedidas por la Junta Militar, en su mayor parte arrebatadas a las comunidades mapuches, y recibió generosos subsidios para convertir la tierra en plantaciones forestales.

Se suman las transnacionales que depredan los recursos hídricos y forestales en territorio mapuche, donde el mundo financiero muestra el interés de adquirir activos verdes.

La última encuesta Casen indica que las regiones de La Araucanía, Bíobío y Los Ríos son las que se encuentran con mayor porcentaje de incidencia de pobreza en la población por región. Mientras que, La Araucanía junto con la región de Ñuble coronan la pobreza extrema en la población con un 4,6%, doblando el promedio nacional correspondiente a un 2,3%. Estas cifras coinciden con el saqueo de los recursos naturales y las ganancias de los grandes grupos económicos en el sur. Según detalla el informe de Environmental Paper Network, Colectivo Viento Sur, Global Forest Coalition (2022) el avance de la industria forestal y el deterioro de la fauna nativa es preocupante: “Las plantaciones forestales aumentaron diez veces entre 1975 y 2007 y ahora ocupan casi la mitad (43%) del paisaje del centro-sur de Chile. Mientras tanto, los bosques naturales han disminuido”. Señalan que el retorno a la democracia no ha remediado el daño: “ Por el contrario, las plantaciones a gran escala han seguido expandiéndose y presionando a los hábitats circundantes. El consumo intensivo de agua ha agotado la capa freática y esto, junto con el cambio climático, está provocando una oleada de sequías e incendios forestales que amenazan directamente los bosques naturales restantes, así como al clima global. A su vez, cuando las comunidades indígenas trataron de reclamar sus tierras tradicionales, se encontraron con una violencia y una criminalización que derivaron en protestas y represión”.

Sin embargo, pese a las denuncias de comunidades mapuche ante el avance forestal y represión estatal, también hay asociaciones mapuche amparadas por el empresariado. Hoy, estos sectores realizan campaña por el Rechazo. Según informó Interferencia mediante un reportaje, hay al menos cuatro personas mapuche que se han involucrado con empresas y partidos políticos de derecha. Richard Caifal, ex candidato a la Convención, recibió aportes millonarios de Evópoli para su candidatura. También percibió dinero de los empresarios Juan Sutil, Luis José Garreaud, Rodrigo Manubens y Rodrigo Paillalef. Otro personaje es Camilo Cayuqueo, quien fue director del Observatorio de Participación Ciudadana y no Discriminación en el segundo gobierno de Sebastián Piñera; Hugo Alcaman, presidente de la corporación de profesionales mapuche Enama; y Hans Curamil, quien sería el encargado del nuevo departamento de pueblos originarios del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Todos ellos disfrazan el componente cultural para establecer la hegemonía de una cultura dominante por sobre otra, en donde el Estado impone las diferencias entre territorios, naciones y culturas desde su clase dominante: la burguesía.

¿Plurinacionalidad, un proceso o fraude histórico al derecho a la autonomía nacional?

Existe un rico debate sobre multiculturalismo, interculturalidad y plurinacionalidad. A grandes rasgos, el multiculturalismo se define como el reconocimiento de una cultura mediante su posición subalterna a otra, ya que existe una hegemonía de una cultura hacia otra. Según Lorena Campo (2008) el multiculturalismo “puede evidenciarse en aquella perenne intención de un grupo dominante de instaurar su ideología como una explicación absolutamente verdadera. Es así como en el capitalismo actual tiene lugar una serie de recursos ideológicos, que definen las identidades particulares dentro de una mirada universalista, encasillando y sometiendo su imagen a dicha conceptualización”.

En tanto, la interculturalidad se ha definido de manera amplia como la convivencia de distintas culturas al interior de un Estado, donde aparentemente no habría una relación jerárquica de una cultura hacia otra. Pero, ¿si es el Estado el que oprime una cultura hacia otra? Sectores del pueblo mapuche y pueblos originarios han evidenciado esta diferencia mediante su experiencia con los gobiernos de la ex Concertación con la creación de la Conadi, la cual “transformó la interculturalidad en un sistema funcional al neoliberalismo, poniendo los pilares del multiculturalismo”, según Pairican.

Actualmente existen diversas corrientes por el derecho a la autodeterminación nacional en el pueblo mapuche. Fernando Pairican (2022) señala dos alas: el sector gradualista, expresado en la integración con el Estado, referenciado en las y los ex convencionales como Elisa Loncón y Adolfo Millabur; y el sector rupturista, expresado en las organizaciones y movimientos por la liberación nacional, como la Coordinadora Arauco Malleco y organizaciones mapuche que han optado por la vía del autonomismo insurreccional bajo las directrices del Control Territorial, validando la violencia como instrumento de acción colectiva con sabotajes a maquinaria forestal y quema de casas de latifundistas. Mientras conviven estas dos corrientes del pueblo mapuche, el gobierno de Gabriel Boric arremete con represión al sector rupturista con la continuación del Estado de Excepción a través del plan “Buen vivir” y realiza guiños al sector gradualista con la palabra “plurinacionalidad” al integrar la cultura en las instituciones del Estado.

La Guía práctica del borrador de la nueva Constitución, elaborada por la Convención Constitucional, explica que la plurinacionalidad consiste en reconocer "la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad e indivisibilidad del Estado". Y enfatiza que todas las identidades y culturas deben ser respetadas, "regidas bajo la misma Constitución y los poderes del Estado establecidos en ella". Para Fernando Pairican (2022) la plurinacionalidad: “permitiría iniciar el camino para concluir el empobrecimiento sistemático mediante el empoderamiento político, porque al conquistar y asegurar derechos colectivos e individuales, se podría revertir el racismo, que no es solo un problema social o de educación, sino abiertamente político; eliminar el racismo significa poner fin a la segregación económica, política y social y crear una democracia intercultural. La Plurinacionalidad no garantiza que un Estado sea plural. Esto último se dará cuando la ciudadanía asuma que este proyecto no se trata tan solo de los pueblos originarios, sino de los derechos colectivos como una cultura de la vida en conjunto de la sociedad”(Pairican, 2022:23).

En concreto, la plurinacionalidad aún aparece como un cheque en blanco a los derechos históricos y ancestrales de los pueblos originarios en relación al Estado, ya que la Propuesta de la Nueva Constitución no cambia el modelo económico explotador del país. No cambia, por ejemplo, la economía de las comunidades en territorio indígena, tampoco la relación del trabajo y la propiedad en común de la tierra. Por otro lado, tras el acuerdo de partidos de la ex Concertación y Apruebo Dignidad del pasado 11 de agosto, los tribunales indígenas quedarán a la voluntad de las empresas si es que éstas quieran llegar a un acuerdo con las comunidades, el cual era un avance para quienes hoy se encuentran en calidad de prisión política. Es decir, la plurinacionalidad que se instala es en realidad un reconocimiento formal de las diferencias culturales, lingüísticas e incluso nacionales de los pueblos originarios, que se incluyen en la reorganización política, institucional y jurídica de un Estado pero que no cambia ni los intereses de la clase dominante ni el carácter del Estado.

Por una alianza del pueblo nación mapuche con el pueblo trabajador

Después del Golpe de Estado, el pueblo mapuche cambió su estructura social, las relaciones económicas, de parentesco y de poder, articulándose con algunos sectores de la economía capitalista persistente en desmedro de la agricultura y horticultura que otorgaba la cooperación familiar y las medierías. Este fue el resultado del proceso represivo de la dictadura, el cual se acentuó contra campesinos pobres, en los trabajadores forestales y madereros que pertenecían a este pueblo originario. Un ejemplo histórico fue la persecución y represión de los agentes de la dictadura a los trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, empresa que surgió en 1971 y la cual fue un tiempo administrada y controlada por 3000 trabajadores en co manejo con el Estado, gran parte de los trabajadores eran resultado de la proletarización campesina de la última década del siglo XIX y principios del siglo XX y que vivieron procesos de tomas de empresa y huelgas por las precarias condiciones de trabajo, la falta de dinero y el aislamiento.

Hoy, las condiciones del pueblo mapuche y del pueblo trabajador son precarias. En la región de La Araucanía vemos que dueños de latifundios vuelven a sostener un sistema de inquilinaje en el sector, dividiendo a los trabajadores y al pueblo mapuche en pos de los intereses de la patronal en los lugares estratégicos. Además, se expresan dos hegemonías de la clase dominante para restaurar el régimen: El Rechazo a través de los grandes empresarios y en el Apruebo, donde se esconden los partidos políticos de la ex Concertación. Es por esto, que debe haber una salida independiente a estas dos hegemonías. Por una voz política pelee contra la hegemonía de los empresarios, por el derecho a los trabajadores y el derecho histórico y ancestral del pueblo mapuche. Esta pelea debe ser acompañada con el proceso de lucha de clases, donde la dirección del movimiento debe ser la clase trabajadora en unidad con los pueblos oprimidos. Sólo así se podrá obtener el derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche, a través de la autoorganización de masas de trabajadores, estudiantes en solidaridad con el pueblo mapuche.

Es en este marco donde necesitamos reagruparnos y organizarnos por un programa que ponga al centro las demandas de la rebelión. Ante los índices de pobreza en las regiones del sur es urgente un programa de emergencia que vaya por un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos y un sueldo y pensión mínima de $650.000; por la rebaja de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y cesantes sin rebaja salarial alguna; por detener el aumento de los servicios básicos de agua, luz, combustibles planteando la expropiación sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores de todas las empresas de servicios básicos que especulen con los precios.

Por la desmilitarización del Wallmapu, a luchar por el juicio y castigo a los represores y la disolución de Carabineros. ¡Que se vayan las forestales y latifundistas! Por la devolución inmediata de las tierras ancestrales y por el control de los recursos naturales desde las comunidades mapuche y trabajadores, para que se pueda planificar de forma auto organizada e independiente la producción forestal y un camino transitorio hacia la recuperación del bosque nativo.

Referencias

Campo, A. (2008). Diccionario básico de antropología (1 edición) [Libro electrónico]. Ediciones Abya-Yala.