“Estado de Excepción para el norte”, es la política que instalaron parlamentarios del Partido de la Gente (del populista de derecha, Franco Parisi), como Johanna Ahumada e “independientes” ligados a la ex Concertación, como Jaime Araya y Sebastián Videla. Hablan de “auxilio”, de un descontrol total, mezclando problemas de narcotráfico, delincuencia y migración, pero concordando en que la solución estaría, supuestamente, con la militarización de la macrozonanorte del país.

A esta exigencia se sumaron los partidos del Socialismo Democrático- ex Concertación-, con rostros como la delegada presidencial regional Karen Behrens (PS), y otras autoridades como el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz (independiente electo por el pacto Unidad Constituyente) o el derechista alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez. Todo esto bajo un discurso populista y reaccionario, que toma hechos sensibles que han impactado a la población, como el asesinato del camionero Byron Castillo o el del adolescente Ángel García, haciéndole creer a la población que militarizando la zona y dándole mayores facultades a instituciones represivas, como Carabineros o Fuerzas Armadas, ese tipo de hechos dejarán de existir o se solucionarán.

En una misma línea apuntan los empresarios de la gran minería del cobre y los dueños de camiones- como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC)- que ven afectadas sus ganancias por el robo de camiones con cobre, pero se callan la boca cuando se trata de hablar de las condiciones laborales de conductores y trabajadores de la minería. Si no se vieran afectados sus intereses, no pedirían seguridad ni resguardo para nadie.

Y, si bien, partidos del oficialismo y parlamentarios ligados a la Concertación han hecho suya la política de Estado de Excepción, planteándola en el Congreso nacional, con el apoyo infaltable de los medios de comunicación tradicionales; de fondo, esta medida es una maniobra de la derecha ante la debilidad del Gobierno- que se encuentra subordinado a este tipo de políticas, al igual como sucedió con el proyecto de ley de infraestructura crítica-, para recomponerse, en un momento en que los temas como la delincuencia, seguridad y migración se comen la agenda, ayudando así a fortalecer a la derecha y sentidos más reaccionarios.

Por parte del Frente Amplio en la región, si bien, la parlamentaria Catalina Pérez (RD) ha manifestado que el Estado de Excepción “no es suficiente”, manteniendo una posición más bien ambigua, sí se une a la petición de mayores recursos para Carabineros y Fuerzas Armadas.

Ahora bien, como tal, el Estado de Excepción no es una medida que esté siendo exigida por la población como una demanda clave, sino más bien es un “caballito de batalla” de sectores del régimen burgués para fortalecerse y también a instituciones deslegitimadas durante años como Carabineros o, en menor medida, las Fuerzas Armadas.

Medidas como el Estado de Excepción tienen un trasfondo peligroso para la población y sectores oprimidos. Le entrega facultades excepcionales al presidente del país, como restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías; restringir las libertades de trabajo, de información y de opinión y de reunión; además de darle mayores licencias a Carabineros y militares. Todo esto disfrazado con un discurso securitario y de una supuesta preocupación hacia la población por parte de las autoridades, quienes utilizan el sentir de la población ante un aumento de casos de violencia y de descomposición social, sin dar respuesta a lo de fondo. Ante esto, cabe preguntarse, ¿desde cuándo los problemas sociales o fenómenos como la actual crisis migratoria internacional han hallado soluciones a través de medidas represivas, como un Estado de Excepción y la salida de militares a las calles?

Las autoridades, como el gobernador Díaz, la delegada presidencial, el reaccionario alcalde Velásquez, y parlamentarios de partidos del régimen, hablan de “combatir la delincuencia” mientras hacen oídos sordos al grave aumento de la pobreza y desigualdad social en la región, sin impulsar ninguna política en este sentido, sino que más bien fortaleciendo medidas criminalizadoras con las personas pobres y en situación de calle- muchas de ellas migrantes-, con una fuerte línea de “desalojos” que solo mantienen el círculo de miseria.

La fuerte política antitrabajadores y antipobres la disfrazan de “preocupación por la población” y “lucha contra la delincuencia”, pero ¿en qué se ha avanzando con las demandas sentidas de la población y las condiciones de vida? En concreto, según la Encuesta Casen 2020, en 2017 había en la región de Antofagasta 30.057 personas pobres, pasando en 2020 a 64.810 habitantes en la pobreza, es decir, duplicándose, y en el caso del aumento de personas en "extrema pobreza", la cifra casi se triplicó, pasando de 9.390 personas a 25.738. Esto, mientras las familias más ricas y los grandes grupos económicos se enriquecieron aún más.

Este empeoramiento en las condiciones de vida no ha disminuido entre 2021 y el presente año, al contrario, datos del propio Ministerio de Desarrollo Social indican que las personas en situación de calle se acercan a las 1.000 en la región, elevándose la cifra desde la pandemia en adelante, especialmente por la inflación, precarización de la vida y crisis migratoria. El aumento explosivo de los campamentos en la zona apunta a lo mismo, siendo más de 7.000 las familias que viven en estos asentamientos, mientras el déficit habitacional ya supera las 37.000 viviendas.

Esta profunda realidad de Antofagasta obrera y popular, con múltiples demandas irresueltas, es lo que callan desde la derecha, pasando por la ex Concertación, hasta el propio Gobierno. La región con el PIB más elevado de todo el país, vive sumergida en diversos problemas sociales y falencias, mientras es saqueada por grandes empresarios, como Luksic, y grupos económicos extranjeros que han visto aumentadas, de manera considerable, sus ganancias.

Trabajo precario e informal, desempleo, campamentos y hacinamiento, desigualdad y pobreza, es la realidad de una parte considerable de la población de la región. Crisis en la salud pública y educación municipal, el sueño de la vivienda propia como algo totalmente inalcanzable, ponen de manifiesto que ninguna demanda social exigida ha sido resuelta. Estas son las problemáticas de fondo, a las cuales no responden las autoridades del régimen, mientras tanto las grandes empresas de la región perpetúan el saqueo de nuestros recursos naturales agrandado sólo sus bolsillos, como recientemente reportó SQM que cuadriplicó sus ingresos durante el primer semestre del este 2022, acumulando más de US$1.655 millones en utilidades.

Grandes empresarios y sus partidos, que defienden los intereses de los verdaderos saqueadores y responsables de las problemáticas sociales y pésimas condiciones de vida, buscan dividir a la clase trabajadora chilena y extranjera, para ocultar que los únicos grandes beneficiarios de la crisis que se atraviesa son los ricos y poderosos, mientras millones de trabajadores, jóvenes y sectores populares de distintos países se ven en la obligación de migrar y buscar mejores oportunidades de vida.

No nos dejemos engañar. Fortalecer instituciones represivas e impulsar medidas reaccionarias no darán solución a problemas sociales, ni tampoco mejorarán las condiciones de vida. Demandas sentidas como educación, salud y vivienda están pendientes y son urgentes de retomar, chocando con intereses empresariales; como también exigir medidas básicas como el derecho al trabajo, la regularización e integración al sistema público de salud y educación para la población migrante, entre otras necesidades urgentes.