Más de cinco horas duró la audiencia de formalización de cargos contra Héctor Llaitul en el Juzgado de Garantía de Temuco donde la jueza Leticia Rivera Reyes dictó prisión preventiva para el vocero de la CAM mientras dure el plazo investigativo de 30 días. De los 5 hechos presentados por la fiscalía, 3 son declaraciones realizadas por la prensa. En insólitas declaraciones, el abogado querellante del gobierno Ignacio Sapiain reconoció que los cargos contra Llaitul no era por su participación o autoría en delitos sino por su "doctrina política". Se trata de un escandaloso caso de prisión política a pocos días del plebiscito y comandado por el supuesto gobierno de "izquierda" de Boric que amplió la querella presentada por Piñera para lograr el encarcelamiento del dirigente mapuche.
Ahora Llaitul deberá permanecer por 30 días en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobio ubicado en Concepción. En su alocución, el abogado defensor de Llaitul Rodrigo Román de la Defensoría Popular denunció una clara “persecución política” contra Llaitul. “No hay aquí afectación a la estabilidad de la República o del gobierno de turno” dijó. También señaló que “Estamos en presencia de un conflicto político, que se pretende endosarle la responsabilidad al Poder Judicial para que se pronuncie justo en la previa de este evento institucional del 4 de septiembre”.
En una verdadera operación mediática seguida en cadena nacional por los principales medios, la derecha ha utilizado el hecho para poner su política de criminalización del pueblo mapuche a la ofensiva logrando la renuncia de la Ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega (PPD) y poniendo al gobierno de Boric a dar explicaciones por una supuesta comunicación entre el líder de la CAM y la ex jefa de la cartera. El gobierno lejos de su supuesta doctrina de "no perseguir ideas" pregonadas por Boric hace unos meses, se ha encargado de subirse al carro de la criminalización y persecución del pueblo mapuche.
Cómo señaló Marcelo Catrillanca, padre del weichafe asesinado por la policía Camilo Catrillanca: "Lo que no alcanzó a hacer Piñera lo está terminando este Presidente". La utilización de la antidemocrática Ley de Seguridad del Estado (LSE) ha sido utilizado por los distintos gobiernos de la transición para perseguir la lucha del pueblo mapuche. Dictada en 1958 por el segundo gobierno de Ibáñez del Campo, la LSE es continuadora de la Ley Maldita que proscribió al Partido Comunista y ha sido utilizada como cobertura legal desde esa fecha para perseguir las luchas del movimiento obrero, la disidencia política y más recientemente al pueblo mapuche.
Por la libertad inmediata y derogación de la Ley de Seguridad Interior del Estado
“Hay que entender hoy día la persecución política que existe desde el Estado hacia la Nación Mapuche, Creo que cada dirigente que puede un poco intervenir en esta situación va a ser perseguido y hoy día vemos el resultado que tenemos con el nuevo Presidente que tanto anhelábamos y aspirábamos que posiblemente iba a ser mejor que Piñera. Pero lo que no alcanzó a hacer Piñera lo está terminando este Presidente”, señaló Marcelo Catrillanca.
Para poner fin a la militarización y por la libertad de los presos políticos mapuche y de la rebelión es urgente una movilización nacional en solidaridad hacia el pueblo mapuche. | 
