En el mes de julio, el juez federal Rafecas resolvió archivar el expediente por el espionaje justificando el accionar de Gendarmería que persiguió, controló movimientos y hasta capturó mensajes privados de la familia de Santiago Maldonado, periodistas y organizaciones.
Ante semejante decisión a favor de la Gendarmería Nacional y sus jefes políticos durante el macrismo, en especial la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el pasado 18 de agosto víctimas de este accionar realizaron una presentación. Acompañados por referentes de derechos humanos, como la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la querella encabezada por Sergio Maldonado junto a Myriam Bregman y Matías Aufieri, presentaron un recurso ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si avala la impunidad o revierte el fallo de Rafecas.
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En el día de ayer, organismos de derechos humanos como Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz;; la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; la APDH La Matanza; la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, realizaron una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 a cargo de Rafecas, donde solicitaron que "se reabra la investigación y se produzcan las pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento y sanción de los responsables".
En el escrito manifestaron: "El archivo de la causa en la que se denunciaron violaciones a la Ley Nacional de Inteligencia y a la Ley de Seguridad Interior en perjuicio de familiares de Santiago, miembros de organismos querellantes en la causa en la que se investigan los hechos que lo damnificaron, integrantes de la comunidad mapuche y grupos que acompañan estas luchas, vulnera los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, intimidad, integridad personal y libertad de expresión, consagrados en tratados internacionales ratificados por el Estado argentino".
A su vez agregaron que: "Finalmente, es importante advertir que la falta de eficacia en la investigación puede ser leída como un mensaje de tolerancia del Estado hacia este tipo de prácticas, propiciando su repetición".
Como señaló Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales de Derechos Humanos cuando presentaron la apelación en julio pasado: "“Desde el CeProDH creemos que este fallo va en línea con una serie de resoluciones judiciales similares de los últimos tiempos. Todas apuntan a no meterse con el espionaje que el Estado realiza cotidianamente a través de sus fuerzas represivas. Es que el Poder Judicial convive con esos órganos de inteligencia que, como siempre decimos, más que cloacas son los cimientos del Estado”.
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