Hasta ahora, las organizaciones socioambientales han emplazado a las autoridades en busca de frenar el proyecto. Pese a las reuniones y promesas de mesas de trabajo sostenidas con la ministra de medioambiente, distintas Seremias y con el Gobernador Regional, no hay ninguna salida clara aún. En esta nota queremos abrir el debate sobre cómo enfrentar este proyecto, pero en miras de ir más allá, pensando que hoy Antofagasta se configura como una zona de sacrificio, con contaminación por metales pesados, altas tasas de cáncer y de destrucción ambiental a gran escala.
¿Qué estrategía para enfrentar el proyecto Comahue?El camino de las negociaciones con las autoridadesEl gobierno de Boric y gran parte de Apruebo Dignidad, tiene en su discurso las problemáticas ambientales como uno de sus caballos de batalla. Pero ahora en el gobierno y a la luz del saqueo de los recursos naturales y del proyecto minero Comahue, es más claro lo limitado de su proyecto y lejos de una perspectiva para superar el extractivismo.
Si bien distintos parlamentarios de Gobierno, como Catalina Perez, firmaron la declaración pública contra este proyecto, no han abierto realmente esta discusión a la opinión pública ni instalarlo como un debate urgente para la población, ni a sus sectores más organizados como Sindicatos, Juntas de Vecinos, Federaciones universitarias. Hay un conflicto de intereses, por un lado el gobierno quiere las inversiones mineras, sin cambiar las reglas del juego como dejó claro respecto a la posibilidad de nacionalización del cobre o el litio en el debate constitucional y en su programa de gobierno. Por otra parte, su base social histórica son sectores con sensibilidad frente a la destrucción ambiental que muestra preocupación por las consecuencias de esto para su propia salud y la de sus cercanos.
Otro sector de este “ambientalismo” es el del Gobernador Ricardo Diaz, quien hasta ahora sigue sin pronunciarse al respecto y que al parecer una vez más dejará pasar impunemente un desastre ambiental. Es necesario recordar que, aunque Díaz fue dirigente de “Este Polvo te Mata”, y eso lo llevó a su cargo actual, esa fue una batalla abandonada a pesar de la fuerza que se desplegó en las calles para denunciar el saqueo y la contaminación de Luksic a través de ATI en el corazón de la ciudad, enfermando de cáncer a la capital minera.
Pero entonces, el cuestionamiento que se abre es si Apruebo Dignidad tomará la exigencia de las organizaciones sociales y ambientales, para impedir el avance del proyecto que golpeará una vez más al sector norte de la comuna. O seguirá usando la misma vieja fórmula de la ex Concertación, abandonando el medio ambiente para el saqueo minero.
Si bien esta disyuntiva no está cerrada, y que se decida a estar contra el proyecto a través de los SEREMIS que votarán esta propuesta en septiembre, ya ha quedado en entredicho su ambientalismo. Lo que los mueve es más bien el miedo a perder a la base social electoral, que se ve afectada por este proyecto y tiene sensibilidad ambiental, que hasta ahora les observa con desconfianza, pues el gobierno no exigió un Estudio de Impacto Ambiental desde un comienzo, considerando solo una simple Declaración de Impacto Ambiental para Comahue. De todas maneras esta reflexión lo que intenta desarrollar es como ir más allá de frenar el proyecto.
La fuerza de la organización, de los trabajadores y las comunidades, para doblarle la mano a los empresarios y decidir sobre los recursos naturales.
¿Por qué deben ser los grandes empresarios quienes decidan dónde y cómo instalar nuevas faenas mineras? Si por años se han enriquecido con el extractivismo, donde se llevan las riquezas y dejan miseria, contaminación y enfermedades, no invierten en tecnologías para evitar la devastación ambiental y su única prioridad es aumentar sus ganancias.
No podemos confiar en las política de los 30 años de cogobierno entre la derecha y la ex Concertación. El gobierno de Boric muestra que en los temas ambientales, no aparecen como una alternativa realmente distinta, partiendo por las figuras como Marcela Hernando (PR) en Minería y Maximo Paheco (PS) quien fue nombrado presidente del Directorio de CODELCO, ambos personeros de la ex Concertación.
Entonces ¿qué fuerzas se le puede oponer a estos grandes empresarios y sus proyectos destructivos?. Experiencias como la lucha contra Hidroaysén, un proyecto que contemplaba la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en el río Pascua y Baker en la región de Aysén, que se detuvo gracias a la movilización, es un ejemplo del rol de las comunidades organizadas para rechazar la iniciativa.
Pero lo que se vive con Comahue es la disyuntiva que existe también en cientos de conflictos socio ambientales a lo largo de Chile, forestales, salmoneras, mineras, desertificación y crisis hídrica, el saqueo del borde costero, basurales, etc., pero de estos conflictos creemos que se pueden sacar lecciones y pensar una estrategía para vencer. Pasando de la resistencia, a pensar otra forma de desarrollo que es contraría a esta irracionalidad de un puñado de grandes empresarios que se llevan las millonarias ganancias que produce el trabajo del grueso de la sociedad, es decir requiere enfrentar a los grandes capitalistas y su sistema.
¿No podría ser el pueblo trabajador organizado junto a las comunidades y profesionales especialistas en medioambiente y desarrollo sustentable quienes puedan decidir sobre el medio ambiente?. Reabrir el debate por la nacionalización de los principales recursos naturales implica cuestionar cómo se planifica la gran minería.
Durante el desarrollo de la Convención Constitucional se buscó plantear este debate a través de iniciativas populares de norma, que con más de 17.000 firmantes, quedó por fuera del resultado de la Nueva Constitución, que sigue consagrando el derecho a la propiedad privada postergando la crisis medioambiental que vivimos en las zonas de sacrificio a un futuro incierto, inclusive hoy con el debate de la votación del 4 de septiembre, siguen quedando bajo la alfombra conflictos socioambientales, donde se pone en juego las prioridades si es el saqueo de los recursos naturales o las necesidades socioambientales del pueblo trabajador y las comunidades.
Para esto es necesario una unidad entre los trabajadores, quienes mueven esta sociedad y, en concreto, mueven todas las fuerzas productivas, la minería, el transporte, la energía, construcción, salud, educación, etc. Los trabajadores están muchas veces divididos por el subcontrato o sus sindicatos, que, cuando los hay, muchos de estos están burocratizados y representan una fracción relativamente pequeña de las y los trabajadores en su conjunto, que en su gran mayoría no están organizados sindicalmente.
Enfrentar el proyecto Comahue, y más en general el saqueo de los recursos naturales, requiere organizar una gran fuerza. Si bien para hoy el desafío es frenar el proyecto, la unidad entre trabajadores y comunidades puede apuntar al fin del capitalismo y su economía irracional, es decir hacia un fin superador donde Antofagasta, y toda zona de sacrificio, deje de estar al servicio del robo de los recursos naturales, dejando cáncer y destrucción medioambiental.
Esto no quiere decir esperar pasivamente hasta derribar por completo este sistema, para decidir desde ya, debemos avanzar en construir organismos realmente democráticos. Para eso es urgente levantar por medio de la lucha en las calles una Asamblea Comunal Soberana (ACS), donde exista 1 representante por cada 2000 votantes, elegido por voto universal desde los 14 años, que sean responsables y revocables si no cumple el mandato de las necesidades sociales.
Organismos como una ACS permiten abrir el debate y decisión a las y los trabajadores y pobladores de la comuna, dotando de poder de decisión a quienes hoy son ignorados y pasados a llevar constantemente por los empresarios y sus representantes políticos.
Esto es en perspectiva de levantar organismos de trabajadores y del pueblo, que desde la autoorganización puedan avanzar derrotar este sistema capitalista que mantiene a un puñado de multimillonarios mientras el grueso de la población vive miserias. Para conquistar un Gobierno de las y los trabajadores, donde se pueda organizar la producción de forma que se prioricen las necesidades socio ambientales - como la protección de estos ecosistemas tan importantes- pero también de salud educación vivienda y terminar con tantas miserias laborales y sociales. |