La ministra de Trabajo y candidata de Sumar para las próximas elecciones generales, ha irrumpido en el inicio del curso político con duras críticas al inmovilismo de la patronal en la negociación salarial con los sindicatos y a su negativa a subir el Salario Mínimo Interprofesional.

“La patronal española no está a la altura del país y los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle”. Declaraciones han así han generado que la derecha y el establishment mediático hyan salido a atacarla y su socio de gobierno, el PSOE, a desmarcarse con contramensajes de respaldo a la CEOE.

Sin embargo ¿Es creíble esta postura aparentemente del lado de las y los trabajadores? O se trata, una vez más, de la enésima campaña de relato del ala de Unidas Podemos en el gobierno para marcar un perfil más de izquierda mientras sigue siendo parte del recetario socioliberal de Sánchez.

Primero veamos qué ha hecho hasta ahora su gobierno y el ministerio de Trabajo en materia de defensa del poder adquisitivo de los asalariados y pensionistas desde que comenzó la crisis inflacionaria. Como diría Díaz, “le voy a dar, no uno, sino tres datos”.

Uno: en diciembre de 2021, con una inflación interanual del 5,5%, aprobó una subida del SMI del 1,6%. Dos: en enero de 2022, con un 6,1% de inflación, subió un 2,5% las pensiones contributivas y un 3% las no contributivas. Tres: en los Presupuestos Generales del Estado 2022 se fijó el 2% para las subidas de los salarios públicos.

¿Qué propone por el momento la ministra de Trabajo para este momento? Una subida del SMI del 7,8% (todavía 2,5 puntos por debajo de la inflación) y sobre la negociación salarial, incluyendo la de las y los trabajadores públicos, respalda con la boca pequeña la propuesta de las direcciones sindicales de CCOO y UGT del 3,5% (lo que los dejaría un 7% más bajos en poder de compra que en 2022).

Pero ¿Podría el gobierno, incluso con los mecanismos legales ya existentes, imponer una subida salarial a esa patronal que “no está a la altura del país”? Perfectamente, para demostrarlo, “le voy a dar, no uno, sino tres datos”.

Uno: si actualizara los salarios públicos acorde con la inflación (ahora en el 10,4%), preservaría el poder adquisitivo de 2,3 millones de empleados y empleadas del sector público (excluyendo a militares y policías). Dos: en el Estado español, según el INE, el 47% de los asalariados están por debajo de los 1500 euros. Esta es la cantidad, estimada por los estudios de este mismo organismo, que necesita una persona para sostenerse dignamente. Tres: si su gobierno subiera el SMI a esa cantidad, la patronal debería subir sus sueldos hasta esa cifra a 8 millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado.

Estas medidas están en la mano del gobierno del que es parte la ministra de Trabajo y serían elementales para defender el poder adquisitivo y terminar con los salarios de miseria. Sin embargo, no están ni en la agenda del Ejecutivo, ni en la de su ministerio, ni siquiera en la de las direcciones de CCOO y UGT.

Las declaraciones de Díaz tiene sobre todo la intención de blindarla a ella y su gobierno de la posible conflictividad laboral que se desate este otoño, dar un apoyo firme a la burocracia sindical que aspira a gestionarla y contenerla y tratar de vender un relato de izquierda y hasta “combativo” para aupar su proyecto de Sumar. Pero como a ella le gusta decir: “dato mata relato”.

Ni en las actuales direcciones de CCOO y UGT, ni en el personal político de Unidas Podemos, podemos encontrar los y las trabajadoras quien defienda nuestros intereses. Frente a sus migajas necesitamos pelear por subidas salariales que retornen lo perdido con la inflación, la actualización de los salarios según el IPC, un SMI suficiente para mantenerse y poner freno a la escalada militarista de la que el imperialismo español es parte y es la razón de fondo de esta crisis, tumbando los aumentos anunciados al presupuesto de Defensa.

Para conseguirlo es hora de exigir e imponer a estas direcciones sindicales un plan de lucha coordinado por estas demandas, con la convocatoria inmediata de asambleas en los centros de trabajo y una huelga general como punto de arranque del otoño caliente.